Green Card: la nueva regla sobre “carga pública” que deben conocer los hondureños
Nueva regla sobre “carga pública” amplía los beneficios y factores que pueden evaluar en ciertos procesos para obtener la Green Card
- Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 17:01 -
Los hondureños que se encuentran en proceso de solicitar la residencia permanente en Estados Unidos deben prestar atención a un cambio en las reglas migratorias sobre la denominada “carga pública”, que amplía los elementos que las autoridades pueden analizar al evaluar determinados casos.
La nueva regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entró en vigor el 18 de septiembre de 2026 y sustituye el criterio establecido en 2022. A partir de esta fecha, los oficiales migratorios cuentan con un margen más amplio para valorar la situación económica y personal de determinados solicitantes de residencia.
Uno de los principales cambios está relacionado con los beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos económicos. La nueva normativa permite que, cuando corresponda, estos programas formen parte del análisis para determinar si una persona podría depender de la asistencia pública en el futuro.
Entre los beneficios que pueden ser considerados aparecen SNAP, conocido como ayuda para alimentos; WIC; determinados programas de alimentación escolar y de verano; ciertos programas de Medicaid; asistencia pública para vivienda y algunos programas de cuidado infantil, educación y desarrollo infantil, incluido Head Start en determinadas circunstancias.
También pueden entrar en el análisis ciertos créditos fiscales sujetos a comprobación de recursos y otros beneficios públicos que cumplan con esas características y que sean relevantes para el caso particular del solicitante.
Sin embargo, recibir uno de estos beneficios no significa automáticamente que una persona perderá la posibilidad de obtener la Green Card. La utilización de una ayuda pública es solamente uno de los elementos que los oficiales pueden valorar cuando la causal de carga pública aplica al caso.
La normativa establece que la decisión debe considerar la totalidad de las circunstancias del solicitante. Entre los factores previstos por la ley se encuentran su edad, estado de salud, situación familiar, bienes y recursos económicos, situación financiera, educación y habilidades.
También puede tomarse en cuenta, cuando corresponda, una declaración jurada de patrocinio económico (Affidavit of Support) presentada para respaldar al inmigrante.
La carga pública es una causal contemplada en la legislación migratoria estadounidense. En determinados procesos, las autoridades pueden utilizarla para determinar si una persona probablemente llegará a depender principalmente de la asistencia pública en el futuro.
El cambio fue publicado por DHS en el Federal Register el 20 de julio de 2026. La agencia eliminó la regulación adoptada en 2022 y estableció nuevamente un esquema que permite a los funcionarios analizar un conjunto más amplio de circunstancias individuales.
Según DHS, el criterio anterior limitaba la capacidad de sus oficiales para evaluar de manera integral la situación de una persona. La nueva regulación, de acuerdo con la agencia, busca que la determinación se realice mediante una evaluación individual y tomando en cuenta las circunstancias relevantes de cada caso.
La nueva disposición está dirigida principalmente a personas que solicitan la admisión a Estados Unidos o que buscan ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes, siempre que estén sujetas a la evaluación por carga pública.
Por ello, la normativa no establece que un residente permanente perderá automáticamente su Green Card por utilizar SNAP, Medicaid, asistencia de vivienda u otro beneficio mencionado. La evaluación de carga pública tiene un alcance específico dentro de determinados procesos migratorios.
El cambio también coincide con una modificación en el proceso de ajuste de estatus. USCIS anunció una nueva edición del Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o ajustar el estatus dentro de Estados Unidos, cuya publicación está vinculada con la entrada en vigor de la nueva regulación.
DHS estableció además una disposición de transición para determinados beneficios. Los beneficios sujetos a comprobación de recursos que no podían ser considerados bajo la regulación de 2022 y que fueron recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 no serán tomados en cuenta bajo el nuevo esquema.
La aplicación concreta de la regla dependerá de las circunstancias y del proceso migratorio de cada solicitante.
