Durante los primeros seis meses de 2009, el asunto más sobresaliente en la política hondureña fue la cuarta urna. El año empezó con malestar en el Partido Liberal de Honduras, PL, como consecuencia de las primarias.
Por un lado, Roberto Micheletti perdió la elección de candidato presidencial del PL frente a Elvin Santos, a pesar del apoyo de Zelaya.
Por otro, Elvin Santos, ya como candidato presidencial, para lograr la unidad de su facción negoció con Micheletti la presidencia del partido.
Esta negociación, sin embargo, hizo que muchas personas de la corriente elvincista se sintieran defraudadas y molestas por la forma en que se había pactado, incluso después de ganar las elecciones.
Además, el fuerte aumento del salario mínimo por el Gobierno, sin el acuerdo con los empresarios, generó el malestar de éstos y el rechazo del Partido Nacional de Honduras, PN.
En este momento, según un entrevistado, también se evidencia la crítica abierta “de la cooperación internacional al presidente Zelaya por haber hecho fracasar la estrategia de la reducción de la pobreza, por haber hecho fracasar la condonación de la deuda, había aumentado la deuda pública, etc.”.
Sin embargo, desde otro punto de vista, el aumento del salario mínimo le generó mucha popularidad a Zelaya.
En este contexto surgió la propuesta de la cuarta urna, cuyo propósito era instalar una urna adicional en las elecciones generales de noviembre de 2009, cuando se tenía que elegir Presidente, diputados y autoridades municipales.
En la cuarta urna, los hondureños debían decidir si querían o no que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente que tuviera como objetivo la redacción de una nueva Constitución.
La reacción inicial de los partidos políticos fue positiva a la idea de la propuesta, pero con algunas condiciones.
En el PL, según un miembro del propio partido, “se hizo la reunión y llegaron Micheletti y su grupo; le planteamos a Elvin y se acordó hacer la consulta, pero todo hasta después de las elecciones, que se convocara a una Constituyente, que la cuarta urna, no.
Que Micheletti le entregaría al presidente Elvin para que la ley se hiciera después de las elecciones porque antes se podían enturbiar las cosas”.
En opinión de Milton Jiménez Puerto, en las declaraciones a los comisionados, la idea de la cuarta urna no fue directamente del expresidente Zelaya, sino de otros sectores, y él decidió impulsarla:
“Mel dijo que la cuarta urna no era una idea de él, que se la habían propuesto en una reunión con un grupo de los poderosos y que Corrales nunca los desmintió porque sabía que era cierto, que él lo había propuesto, lo había propuesto por la necesidad de cambiar, porque es evidente que la Constitución, primero, había sido violada infinidad de veces; segundo, es un mar de conflictos y de contradicciones; tercero, es un documento que pretende regir hasta el último acto de la vida nacional; cuarto, existen disposiciones que son absolutamente inaplicables a la altura en que estamos”.
Para Carlos Kattán Salem, la idea de Zelaya de reformar o cambiar lo Constitución ya había sido planteada por un grupo de ciudadanos de todos los partidos políticos:
“Empezaron todos los acontecimientos que en Honduras ya conocemos, como el cambio de una actitud política, de una mentalidad, de buscar la cuarta urna y todo lo que conlleva.
Hago este preámbulo porque esto fue un plan bien concebido. Desafortunadamente, no podemos negar que, como usted lo dijo, en Honduras había inquietudes políticas porque muchos grupos no se saben expresar, no han tenido opción de expresarse y participar políticamente.
Por ejemplo, mucha gente le atribuye al presidente Zelaya que puso sobre la mesa la plataforma de reformar la Constitución y convocar a diálogos y no es cierto.
En 2004, un grupo de sampedranos de todos los partidos lanzó ‘La proclama de San Pedro Sula’ y hubo una conferencia de prensa aquí en un hotel, donde estuvieron Juan Ramón Martínez; el exministro de Cultura del Partido Liberal, Pastor; Carlos Urbizo y yo. Estuvo gente de la UD, del Pinu, de la DC, de todos los partidos; gente sin sectarismo político, preocupada por la situación del país. Habíamos llegado a la conclusión de que el sistema político hondureño estaba ‘colapsado’ y que no había mecanismos de expresión necesarios para que el pueblo hondureño tuviera válvulas de escape, opciones electorales genuinas. Se propusieron diálogos, cambios en la Constitución, reformar la Constitución. Nunca hablamos de los pétreos. Se habló y se llegó a la conclusión de que el problema de la crisis política de Honduras es la Ley Electoral, una ley perversa, excluyente”.
En los demás partidos surgieron propuestas similares, ya que, para muchos de los entrevistados, la popularidad de la cuarta urna entroncaba con el deseo de mayor participación de la población porque había mucha decepción respecto a la política.
La posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente significaba la oportunidad de participar en la definición del futuro y de las reglas de la sociedad hondureña, más allá del resultado final de esa asamblea.
De esta forma, “al principio, la mayor parte de la gente reaccionó con estupor. No sabían qué hacer. Los partidos empezaron a ver qué estaba ocurriendo. No habían pasado ni dos meses y, en mayo, el Partido Nacional vio que era popular (las encuestas lo revelan) y se propuso una idea similar: una urna constitucional. La UD propuso mejor la Constituyente en septiembre”.
Sin embargo, las propuestas no lograron converger en una propuesta única apoyada por todos los partidos y, sobre todo, apoyada conjuntamente desde el PL, como se pone de manifiesto en la información recabada en las entrevistas:
“Creo que habría tenido éxito si lo hubiera hecho con el partido porque él utilizó a los ministros. Los mandó a los departamentos, pero de alguna manera nos pidió apoyo. En mi caso, el ministro que llegó a mi departamento me llamó, no el presidente Zelaya, no quiso involucrarnos.
No había forma de tener un diálogo. Habíamos logrado que don Roberto, don Elvin y el presidente Zelaya se reunieran antes del golpe en dos ocasiones y no se pusieron de acuerdo. No fueron capaces”.
Tras la falta de un acuerdo ante la propuesta de Zelaya o de una propuesta alternativa, los partidos, excepto la UD, reaccionaron al proyecto de la cuarta urna, aunque con fisuras en algunos casos. El PN se opuso, el PL se dividió y en el Pinu, si bien la dirigencia estaba en contra, había un sector a favor de la cuarta urna.
Con el fracaso de un potencial pacto comenzó una fuerte oposición de los sectores reacios. Sin embargo, como se mencionó, esta oposición no era un bloque compacto, ya que distintos sectores continuaron viendo atractivo el proyecto de la cuarta urna. La división más importante ocurrió en el PL: “Es decir, parece que al principio todo mundo estaba de acuerdo, pero de forma pactada, como había sido la tradición natural de la democracia hondureña: pactar, establecer las reglas del juego.
El PN propuso. La UD y los liberales estaban de acuerdo, pero no este año. Y Zelaya dijo no.
¿Qué pasó para que eso no ocurriera?
Es claro que el presidente Zelaya no deseaba un proceso donde él no tuviera un grado de control. El proceso tenía sentido si él tenía control y podía tener control en la medida que fuera lo más cercano a su gestión”.
Desde ese momento en que fracasó el pacto se bifurcaron claramente las explicaciones sobre el propósito y los objetivos de la cuarta urna.
“Zelaya me ofreció la presidencia de la Constituyente, pero no acepté”
Como parte del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR, se entrevistó a varios personajes involucrados en el conflicto político o que tienen un profundo conocimiento del asunto.
En el capítulo 5, llamado “El gobierno de Manuel Zelaya Rosales y los poderes del Estado de Honduras”, el trabajo recoge las siguientes declaraciones de Roberto Micheletti, que ocupó el cargo de Presidente cuando fue separado Manuel Zelaya Rosales.
El informe dice: Roberto Micheletti ha declarado: “Les voy a contar algo más que tal vez ustedes no saben, pero tengo testigo de ello y en el momento que quieran presento los testigos. Cuando eso sucedió esa misma noche, cuando estudié y me di cuenta de que habíamos sido derrotados, acepté la derrota y ofrecí todo mi apoyo al candidato Elvin Ernesto Santos Ordóñez. Fue público. Lo hice por los medios de comunicación.
Pasadas unas dos semanas de eso, el señor expresidente Zelaya y Flores Lanza me visitan en mi pueblo natal, donde tengo una finca, en El Progreso, Yoro. él allí me ofreció la presidencia de la Constituyente. Estoy hablándole de diciembre -no sé la fecha exacta- y él me ofreció la presidencia de la Constituyente y le dije que no, que él tenía que apoyar a nuestro candidato, que era de nuestro partido, para que ganara las elecciones y que yo no aceptaba la Constituyente porque me consideraba un democrático y que yo había perdido las elecciones porque la gente no simpatizaba conmigo porque mi partido me había dado un voto negativo. Hasta allí, punto.
Él llegó a mi finca al mediodía de un día de diciembre a ofrecerme la presidencia de la Constituyente. Rechacé eso. Llegó en helicóptero y aterrizó en mi finca y llevó al señor Flores Lanza y allí tengo un testigo, una testigo, que puede decir en cualquier momento, cuando ustedes lo necesiten, que él me dijo esas palabras y me ofreció esa posición y lo rechacé absolutamente. Lógico, a partir de esa fecha empezaron las actividades para el malestar de él porque vino la elección a la Corte, la elección al fiscal general que dicen que son míos y no es cierto, ninguno de los magistrados, y que pregunten o ustedes investiguen si alguna vez yo fui o he ido a algún juzgado a pedirle a un juez: Ayúdame con esto o hágame esto. No tengo necesidad”.
Además, la cuarta urna desplazó a todos los otros asuntos de la agenda nacional y acaparó la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación:
“Medios de comunicación de la alianza política, económica y mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema y, por supuesto, el Gobierno utilizaba el canal del Estado y un par de canales más para defender su posición sobre la cuarta urna”.
El resultado fue que, si bien Zelaya no tenía el apoyo de su partido ni base social hasta la cuestión de la cuarta urna, su salida forzada disparó su liderazgo y situó a Zelaya en el centro de un espacio social nuevo y, en gran medida, ajeno al controlado por los partidos tradicionales. En definitiva, este proceso puso de manifiesto que las élites políticas no lograron ponerse de acuerdo; son incapaces de pactar:
“Cuando se necesitó pactar no se pudo porque lo que estaba en juego ya era otro tipo de proyecto político”.
Eso también mostró la desconexión entre la clase política y un sector relevante del pueblo hondureño.
No obstante, los comisionados observamos que, si bien durante el período de Manuel Zelaya Rosales ocurrieron violaciones de la ley, no sólo fueron del Ejecutivo.
También hubo violaciones de los otros poderes del Estado que erosionaron la democracia hondureña y sumaron nuevas crisis a las que se habían dado entre 1982 y 2005”.
“La aceptación de la cuarta urna tenía altibajos”
En opinión del abogado Arístides Mejía, en relación con la cuarta urna, en las últimas semanas Zelaya sólo contaba con el apoyo popular y de las Fuerzas Armadas, aunque esto después cambió: “Cuando se da la resolución del juez prohibiendo a las Fuerzas Armadas participar en la logística de la cuarta urna comienzan a cambiar las cosas. Hablé con el presidente Zelaya sobre que varios sectores, los medios más importantes, las Iglesias, el partido y la clase política estaban en contra y que sólo se contaba con el apoyo mayoritario del pueblo y de las Fuerzas Armadas y que con cualquiera de estos dos últimos que se volviera en contra se perdería el poder y el proyecto de la cuarta urna fracasaría.
Según datos que me habían proporcionado, la aceptación de la cuarta urna tenía altibajos. Hubo momentos en que llegaba al 65% de apoyo entre la población, pero cuando había una arremetida fuerte y le infundían miedo al pueblo -porque se creó un ambiente de temor y algunas personalidades empezaban a pronunciarse en contra- bajaba hasta el 40%. Es decir, se perdía la mayoría de los votos para el sí, pero no significaba que los opuestos iban a acudir a votar por el no porque nunca hubo campaña por el no, sólo campaña por la supuesta ilegalidad de la cuarta urna. En las últimas semanas, la situación se tornó favorable a la cuarta urna. Una mayoría amplia de aproximadamente setenta por ciento daba su aprobación a la idea. Esto no tiene nada de especial: a la gente le gusta que le consulten y le pregunten si quiere otra Constitución o no. Nadie va a estar en contra de que se haga una consulta en condiciones normales. Parece que hubiera vencido el miedo. Retomando lo anterior, me referiré a la visita del general Vásquez. Llegó en un momento en que estaba preocupado, como un mes antes del golpe. Me dijo que le estaban matando el proyecto al Presidente porque no tenía buena estrategia, que los enemigos del Gobierno le están ganando la batalla. Parecía estar inquieto, pero comprometido con la cuarta urna. Expresó varias ideas sobre cómo mejorar y sugirió que había que ser más enérgico, quiso decir ejercer un poco de presión como para hacerse respetar.
Como no desconocía que algunos argumentos eran ciertos y estaba escéptico en cuanto al resultado y miraba venir la confrontación total, le recomendé cuidado y prudencia. Para mí, había que calmar a los bandos. Le dije que desde mi punto de vista éste era un conflicto político muy serio y que las Fuerzas Armadas tenían que salir bien libradas y no tomar malas decisiones. Después fuimos convocados por el presidente Zelaya cuando ya los militares, faltando unas tres semanas antes del golpe, según nos informaron, estaban con dudas para cumplir la orden”.
Otras opiniones
Entre los entrevistados hay interpretaciones relacionadas con el peligro que suponía la consulta que servía al obajetivo de la continuidad y de reelección del Presidente. El proyecto de la cuarta urna se percibió como una forma de mantener el proyecto político de Zelaya, no necesariamente mediante una reelección (aunque Zelaya afirmó en declaraciones públicas que la reelección sería debatida en la próxima Asamblea Nacional Constituyente), pero sí por medio de la convocatoria a una Constituyente temprana que, posiblemente, iba a recortar el siguiente período presidencial y facilitar, si no la reelección de Zelaya, por lo menos la permanencia liberal en el poder. Por eso principalmente los representantes del Partido Nacional se opusieron a la idea y también un sector del PL, que veía amenazado el estatus del partido. Además, en el contexto internacional, Zelaya ya era un participante pleno en las reuniones de la Alba: “Era evidente que en la mayoría de los países cercanos o pertenecientes a la Alba, los procesos constituyentes habían sido una manera de renovar el liderazgo, aunque en esos casos se hizo a mediano plazo”.
Gestión estatal y corrupción
En el capítulo 5, referente al gobierno de Manuel Zelaya Rosales y los poderes del Estado de Honduras se brinda el siguiente contenido:
Este acápite presentamos algunos hallazgos al sistematizar las principales irregularidades en el ejercicio de la función pública y sucesos de supuesta corrupción que la prensa y organizaciones de la sociedad civil documentaron durante el período en mención, aunque no se busca hacer una valoración de las actuaciones de las personas implicadas o de la gestión de los entes contralores y de administración de justicia. Las instancias estatales más denunciadas se ligan a servicios consulares, migración y extranjería, programas de inversión social, contrataciones y subcontrataciones públicas (telecomunicaciones, infraestructura vial, sanidad, generación de energía térmica, concesionamiento de bienes públicos, servicios de medición eléctrica), otorgamiento de licencias para explotar recursos naturales y para brindar servicio público y servicios aduaneros en pasos fronterizos, puertos náuticos y aéreos. La constante en todos los casos estudiados es que la corrupción aparece más frecuentemente que nunca en la función que el Estado tiene en la provisión de servicios y productos. Característica propia de la democracia delegativa hondureña fue la creación de comisiones de investigación al margen de las instituciones legalmente constituidas para investigar las denuncias de corrupción; por ejemplo, los casos en que se investigaron irregularidades en Hondutel, Conatel y la ENEE. A la par de la labor investigativa de los entes contralores y de jurisdicción penal, desde el Poder Ejecutivo se crearon instancias para investigar las supuestas irregularidades denunciadas.
De esta forma, el Poder Ejecutivo mantuvo el control de la investigación y evadió el equilibrio de poderes, en el entendido de que las instituciones de investigación, control y sanción son cargos elegidos por el Congreso Nacional.
Como se evidenció en el período de Manuel Zelaya Rosales e igualmente en el de Roberto Micheletti Baín, ambos llevaron a cabo enérgicos esfuerzos por obstaculizar la labor de dichas instituciones, hasta el punto de desprestigiar la función republicana de éstas. En definitiva, durante el gobierno del Manuel Zelaya Rosales se puso de manifiesto que las élites políticas no lograron ponerse de acuerdo, que los pactos anteriores se rompieron y no se dieron nuevos pactos, “cuando se necesitó pactar no se pudo porque lo que estaba en juego ya era otro tipo de proyecto político”.
Pero también puso de relieve la desconexión entre la clase política y un sector relevante del pueblo hondureño.