El Congreso español pidió este martes al Gobierno que reclame a las autoridades hondureñas unas elecciones "libres, limpias y con plenas garantías de transparencia, imparcialidad y seguridad" el próximo 30 de noviembre: presidenciales, parlamentarias y municipales.
A propuesta de la oposición conservadora, la Comisión de Asuntos Exteriores de la cámara baja aprobó una propuesta, enmendada por los socialistas, para que se envíe un mensaje de apoyo y compromiso de España al pueblo hondureño.
Según argumentó la diputada del Partido Popular (derecha) Belén Hoyo, la situación de los derechos humanos en Honduras constituye, hoy en día, una grave preocupación de la comunidad internacional y, en particular, de España como socio estratégico y país con profundos vínculos históricos y culturales con la nación centroamericana.
Mencionó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ofrece un diagnóstico "alarmante que no puede ser ignorado", dado que Honduras afronta problemas estructurales que afectan a su institucionalidad democrática y al respeto de los derechos fundamentales, aseguró la parlamentaria española.
Incidió en el elevado índice de homicidios y asesinatos, la continuidad del estado de excepción, que habilita a las fuerzas policiales y militares a efectuar detenciones y allanamientos sin orden judicial, según aseguró, y en la "seria amenaza" que esto supone para las libertades fundamentales y el normal desarrollo de los procesos democráticos.
Y España no puede permanecer "impasible" sobre este deterioro institucional y democrático.
La propuesta aprobada finalmente insta al Gobierno español a ofrecer asistencia técnica y cooperación electoral a las autoridades hondureñas con programas de fortalecimiento institucional, capacitación de funcionarios y observación electoral, en coordinación con organizaciones internacionales y de la sociedad civil para reforzar la credibilidad del proceso electoral.
También que el Ejecutivo promueva la cooperación bilateral y multilateral para el seguimiento de la situación democrática en Honduras, así como apoyar la aplicación de las recomendaciones de la CIDH relativas a la protección de derechos humanos y al fortalecimiento del estado de derecho.
