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Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, instó al Gobierno de Xiomara Castro a “dialogar con los distintos sectores sobre este tipo de decisiones, que pueden terminar afectando de manera negativa la imagen del país”.

El hondureño es requerido por la Justicia estadounidense debido a cargos que incluyen “distribución de una sustancia que contenga 40 gramos o más de propanamida” y “distribución de 40 gramos o más de piperidinil”.

La próxima semana vendrán más requerimientos fiscales contra políticos corruptos, recordó el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya.

El tratado de extradición “podría ser utilizado para la desestabilización del país”, enfatizó el CNDS, que apoya también las acciones de Castro en defensa de la institucionalidad del Estado y la soberanía nacional.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, leyó el comunicado tras terminar la reunión a la que convocó la mandataria hondureña, Xiomara Castro.

Altos mandos del gobierno han estado en comunicación con la Embajada de Estados Unidos para que se reconsidere la decisión.

“La extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley que ha beneficiado tanto al pueblo de Honduras como a Estados Unidos”, dijo a EFE un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.

“La pregunta que uno se hace es a quién se está protegiendo particularmente”, subrayó el abogado y doctor en derechos humanos Joaquín Mejía.

Nicolás Maduro dijo que la embajadora estadounidense “juzga y miente”. También acusó a Estados Unidos de usar “la llamada guerra contra las drogas para financiar grupos fascistas, bandas paramilitares y golpes de Estado”.

Honduras notificó a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de “dar por terminado” el tratado de extradición entre los dos países.