La primera fase del mecanismo incluirá el envió de un equipo de las Naciones Unidas a Honduras, sujeto a los mandatos y atribuciones existentes de la ONU, compuesto inicialmente de personas expertas en el sistema penal, en la adopción e implementación de reformas legales, en el análisis de información -incluida la información financiera- y en el sistema jurídico nacional hondureño.