“Se determinó que los imputados siguieron una tipología de desvío de fondos para financiamiento de gastos personales y de campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil, captando los directivos de la ONG’s el dinero de los proyectos y retornándolo a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias”, decía el requerimiento presentado por la fiscalía.