La fiscal Francia Sofía Medina compareció ayer, vía Zoom, a la audiencia inicial en el proceso que se le sigue por los 42 delitos que le imputó el Ministerio Público por la sustracción de 88 millones de lempiras del Banco Central de Honduras que eran evidencias.
Los ilícitos que enfrenta Medina son lavado de activos, enriquecimiento ilícito, uso de información privilegiada, ocultación, destrucción e inutilización de evidencias y 38 cargos por falsificación de documentos.
Las autoridades del Ministerio Público (MP) informaron que la fiscal Medina incurrió en la falsificación de documentos al hacer 38 retiros del BCH que en total suman 88 millones de lempiras que sacó de la institución bancaria.
Los 38 retiros la acusadora pública los efectuó sin cumplir con los protocolos que establecen los procedimientos del Ministerio Público. Entre el fiscal general y el presidente del BCH hay un acuerdo que establece que el fiscal que lleva el caso tiene que emitir un auto donde establece que procede la devolución, después el fiscal coordinador lo ratifica y lo mismo hace el subdirector y con el auto emitido por este se va al banco retirar el dinero y la fiscal no siguió esos procedimientos.
Las indagaciones de la Fiscalía indican que la imputada empezó a retirar dinero desde el 2021. Ante esa situación las autoridades del MP informaron que investigan cómo en el banco le entregaban el dinero sin esos requisito a la fiscal porque tenía que presentar la autorización de sus jefes.
Ella llevó la documentación sin protocolos que están aplicados para las personas que tienen que hacer la entrega de la evidencia.
Se detalló que la fiscal en total quiso hacer 41 retiros, pero tres se los rechazaron porque no reunían los requisitos.
En las indagaciones del caso el Ministerio Público tiene al menos cinco fiscales más bajo investigación y se dijo que contra dos de ellos presentarán requerimiento en los próximos días porque hay indicios racionales de supuesta participación en la sustracción de los 88 millones de lempiras.
Se informó que en las cuentas de la imputada solo encontraron el registro de 300,000 lempiras.
Lo que dio pie a la investigación de la fiscal fue que los apoderados legales de una paleontóloga a quien le decomisaron 63,000 dólares hicieron el reclamo del dinero y el BCH respondió que esa evidencia ya se había entregada.
A raíz de eso el Ministerio Público pidió un informe y la institución bancaria les responde que se retiraron los 88 millones que estaban como evidencias. Según lo explicado, el BCH tiene posición de garante con el dinero lo que significa que mientras tiene responsabilidad jurídica sobre un bien es el responsable.
El Ministerio Público también acusó a una tía de la fiscal identificada como Adela María Schneider por el delito de testaferrato en perjuicio del orden social del Estado de Honduras porque la imputada le traspasó varios bienes a su nombre.
