Claudia Flores llegó a la ciudad hace tres años buscando un futuro mejor. Es madre de tres hijos y, ante la situación económica, apenas pudo instalarse con sus tres hijos y su esposo en una pequeña covacha del bordo de El Limonar.
Hace 32 días llegó junto a un grupo de habitantes, de distintas zonas del país, a ocupar ilegalmente un predio privado en la zona del acuífero de Sunseri.
Luis Beltrán:
“El daño hecho es grande y es una zona que se tiene que proteger urgente”.
Creyó que se quedaría ahí y comenzó a armar su champa con cartones, pedazos de madera y plástico. Le asignaron un pedazo del predio dividido con cintas.
Ella dice que no pagó por ese predio, que simplemente lo ocupó. Ayer junto con el grupo de más de 400 personas tuvieron que desmontar sus champas y dejar el predio, luego de una notificación judicial de desalojo. “Mire, esta no es vida, yo me vine de Copán a vivir a un bordo, no tengo trabajo y me vine para esta invasión con la esperanza de tener una casa”, dijo a LA PRENSA.
Esa opinión de Flores es generalizada entre las personas que ocupaban el predio desalojado ayer.Hace 32 días comenzaron a ocuparlo y con ello se realizó tala de árboles, quemas y basura por doquier.
Levantaron sus champas y perforaron agujeros para hacer sanitarios temporales. Las champas comenzaban a equiparse con colchonetas, utensilios de cocina, barriles para agua, herramientas y lo necesario para quedarse.
Ayer a las 4:00 am, cumpliendo una orden judicial, llegaron más de 300 elementos policiales, juez ejecutor, Policía Municipal y representantes de los entes involucrados, incluidos instituciones de Derechos Humanos, para proceder al desalojo.
Un grupo de pobladores con palos y machetes ofrecieron resistencia, igual que varias mujeres, quienes gritaban buscando enfrentar a la Policía; pero las autoridades dialogaron y les dieron el tiempo para retirar sus pertenencias y proceder a limpiar la zona.
El 27 de febrero de 2023, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente junto con la Policía Militar y la Policía Municipal realizaron la inspección en el lugar y constataron que efectivamente los terrenos estaban ocupados por al menos 100 personas, que se han cortado 235 árboles y se han intervenido en el lugar al menos 15.05 hectáreas.
En este momento, todos esos números se duplicaron y el daño es evidente. Belkis Valladares, portavoz de la Policía Nacional, indicó que más de 300 policías dieron acompañamiento al juez ejecutor, esto en cumplimiento de orden judicial emitida por los juzgados de Letras Penal de San Pedro Sula.
“Se han provocado daños al medio ambiente, como se puede observar, la tala de árboles es grande, y este es un lugar, es una reserva de San Pedro Sula, es un lugar protegido en ese sentido, pues se procedió al desalojo, que fue pacífico”.
Por su parte, el gerente de Ambiente, Luis Beltrán, explicó que el acuífero es de gran importancia para los sampedranos y hay que cuidarlo. En esa zona hay 10 pozos de agua que suministran el líquido a más de 200,000 personas.
