Hasta por L150,000 venden casas en territorios de maras en San Pedro Sula

San Pedro Sula

En las calles de barrios y colonias con mayor conflictividad de San Pedro Sula, por la presencia de maras y pandillas, las casas abandonadas, cuarterías y lotes de terreno se convirtieron a lo largo de los años en testigos de la violencia que ha obligado a muchos vecinos a huir o vender sus pertenencias en busca de seguridad y paz.

Puertas con bisagras oxidadas, paredes descuidadas, sin techo o sin ventanas, son vestigios de hogares que alguna vez albergaron sueños y aspiraciones. Durante años, la falta de seguridad obligó a familias a optar por abandonar sus viviendas, buscando refugio en áreas menos afectadas por la violencia.

Estos barrios experimentan una crisis en el mercado de bienes inmuebles, donde la urgencia de escapar de la constante amenaza que quita la tranquilidad impulsa a algunos residentes a vender sus propiedades a precios irrisorios. La oferta y la demanda se ven distorsionadas, y aquellos capaces de adquirir propiedades enfrentan dilemas éticos al capitalizar la desesperación ajena.

Las viviendas se colocan en venta a precios que representan la mitad, e incluso menos, del valor real o inicial del propietario. Estos inmuebles se comercializan como “gangas” en redes sociales o mediante publicidad de boca en boca, a menudo bajo motivos como “venta por motivos de viaje”. Por ejemplo, una vivienda valorada en cerca de 700,000 lempiras se halla por 250,000 lempiras o incluso menos.

La Unidad de investigación de LA PRENSA Premium se adentró en zonas de la Rivera Hernández y Chamelecón, catalogadas por décadas entre las más peligrosas de San Pedro Sula.

Durante el recorrido se observó numerosas viviendas y edificios de cuarterías completamente abandonados. Algunos de estos lugares fueron escenarios de masacres en años anteriores, incluyendo situaciones en las cuales familias valientes denunciaron las actividades de pandilleros y luego murieron por sus manos, según relatos que confiaron vecinos a este medio de comunicación; sin embargo, la mayoría de estas estructuras físicas han sido aprovechadas para ocultar drogas, armas, y como sitios de tortura contra sus víctimas, convirtiéndolas en una especie de “casas locas”, puntos de encuentro y escondites ante la vigilancia de la Policía local.

A petición, fuentes anónimas con hasta 30 años de residencia en estos sectores revelaron que hay viviendas de entre 70 y 80 metros cuadrados que están en venta por tan solo 150,000 lempiras, cuando el precio real alcanza el medio millón de lempiras. En la colonia Central, por ejemplo, recientemente se comercializó una casa de dos plantas con una construcción de 200 metros cuadrados por 235,000 lempiras, también se hallan en venta cuarterías deshabitadas con precios que oscilan los 300,000 lempiras.

Aunque algunas de las ofertas “excepcionales” se han concretado, solo ha sido posible gracias a compradores que residen en el sector o tienen algún familiar o amigo en la zona. Personas externas, al escuchar los nombres de Rivera Hernández, Chamelecón, Los Cármenes, La Planeta, por mencionar algunos, muestran reticencia a invertir en estas propiedades, aún con precios extremadamente bajos.

La mayor plusvalía de propiedades de estas zonas es en las áreas cercanas a parques centrales y en proximidades de las salidas que conectan con los principales bulevares de la ciudad, con precios por encima del medio millón de lempiras. Estas cobran un mejor valor porque enlazan con establecimientos comerciales, negocios informales y hasta empresas importantes de diversos rubros como hoteles y farmacias.

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La concentración principal de abandono o venta de casas, especialmente en Rivera Hernández, se observa en colonias como la 6 de Mayo, Central, Cerrito Lindo, Asentamientos Humanos y Kitur. En estas y otras zonas colindantes con el municipio de La Lima, las viviendas, literalmente no valen nada, están devaluadas.

Personas que adquirieron terrenos sin construcción hace muchos años se abstienen de proporcionarles el mantenimiento adecuado debido a la conciencia de que estos espacios han sido tomados por pandillas, y cualquier inversión en su mejora se considera como un gasto inútil. Este es el caso de Alexis (nombre ficticio), quien, junto con algunos amigos invirtió 50,000 lempiras como capital cada uno en un terreno que, en sus primeras impresiones hace varios años, parecía ser una oferta atractiva.

“En nuestras colonias, vender las propiedades resulta complicado, ya no tienen el mismo valor y es difícil recuperar la inversión, muchos de los terrenos han sido ocupados por pandillas. En mi caso, no tengo intenciones de revisar el mío, ni loco voy a mirarlo a la Kitur. Han pasado años desde que no lo visito, y si se pierde, que mejor se pierda”, declaró conforme, Alexis.

Aunque algunas personas cuenten con los recursos económicos, no muestran ambición por realizar mejoras ostentosas en sus casas para evitar atraer la atención de las pandillas. Aquellos que residen en viviendas que han logrado desvincularse por completo de cualquier relación con las maras; es decir, que no tienen vínculos directos o indirectos con sus miembros, admiten que se han acostumbrado a coexistir con estas estructuras criminales.

Afirman que, en la actualidad, los pandilleros procuran no entrometerse en sus vidas y, de hecho, les ofrecen una sensación de seguridad. Muchos de estos individuos son el hijo del vecino, el sobrino de la hermana de la iglesia, el hermano del vendedor de pan, el encargado o empleado del taller; se encuentran en todas partes, con ojos y oídos que abarcan todos los rincones.

En los testimonios de varios residentes en estas zonas, se coincide en que la problemática de expropiación de viviendas por parte de pandillas alcanzó su punto álgido entre los años 2010 y 2015. Durante este período, los niveles de violencia experimentaron un notable incremento, forzando a numerosas familias a poner en venta sus propiedades debido al miedo imperante.

En ese contexto, las propiedades eran comercializadas a precios extremos que oscilaban entre los 50,000 y 40,000 lempiras. El resultado de esta crisis sigue siendo evidente en la actualidad, ya que muchas de estas construcciones permanecen vacías y muestran signos de deterioro, mientras que otras han sido destinadas al alquiler por valores menores a los 1,000 lempiras mensuales o cedidas a organizaciones no gubernamentales que se dedican a hacer servicio social.

Otros residentes sostienen que en los últimos ocho años la intensidad de esta situación ha disminuido, pero atribuyeron este cambio a eventos más recientes. Señalaron que los huracanes Eta y Iota, que azotaron la región a finales del años 2020, desencadenaron una ola de migración de familias hacia otros lugares, exacerbando aún más la depreciación de las propiedades.

Estos fenómenos climáticos dejaron diversas viviendas deshabitadas, especialmente en colonias como 6 de Mayo, Asentamientos Humanos, La Frontera y Llanos de Sula; ubicadas en la Rivera Hernández. La persistencia de esta situación plantea desafíos adicionales para estas comunidades, que buscan recuperarse y revitalizar su entorno.

También se mantiene la creencia de que las pandillas han dejado de utilizar las casas abandonadas como sitios destinados para enterrar a sus muertos, cuyas desapariciones a menudo no son informadas oficialmente a la Policía, y las familias no cuentan por miedo a sufrir venganza. Uno de los líderes comunitarios expresó escuetamente que “las maras ahora prefieren evitar quemar el área (escándalos) y mantener el territorio libre de comentarios, más bien, trasladan a los muertos a otros lugares”.

Esteban (nombre ficticio por razones de seguridad) compartió con este rotativo que se vio forzado a abandonar su casa junto a su esposa e hijos. La decisión se fundamenta en un incidente previo cuando, mientras compartía con sus hijos afuera de la vivienda, fue víctima de un intento de asalto por pandilleros, conocidos incluso por ellos mismos desde hacía mucho, y que tenían entonces el control del sector Sinaí, en la Rivera Hernández.

“Una hermana de la iglesia a la que solíamos asistir le comentó a mi esposa que sus hijos estaban vinculados con bandas y que ya no podía controlarlos. Nos advirtió incluso que estaban planeando saquear algunas viviendas y despojar a los propietarios. Esa información actuó como una señal de alerta, y no dudamos en abandonar la que fue nuestro hogar durante más de 20 años”, relató Esteban, aún con tono de pesar por todo lo que allí vivieron.

Aquella advertencia se materializó finalmente, tiempo después varias casas fueron saqueadas por individuos antisociales. A pesar de la ansiedad, Esteban logró alquilar la casa por un año. Esta propiedad, valorada en 950,000 lempiras según su estimación, finalmente fue puesta en venta por 200,000 lempiras, siendo adquirida por un ciudadano residente en Estados Unidos.

“Me han contado que la persona que me compró la propiedad posteriormente la vendió a otros individuos, al parecer, vinculados a la banda Los Tercereños. Recientemente, recibí una llamada de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informándome que se acumulan más de 20,000 lempiras por concepto del servicio. Mi error fue no cambiar el nombre del medidor en la casa, y a pesar de mi solicitud para que actualicen el registro de propietario, se niegan a hacerlo, pues argumentan que antes debo saldar la deuda pendiente para hacer el cambio, ya que, según insinuaron ellos, tampoco se atreven a ingresar a la colonia a cortar el servicio”, expresó Esteban.

La situación que enfrenta Esteban refleja la realidad de muchos residentes en los barrios y colonias de San Pedro Sula. Según nuestras investigaciones, en estos sectores conflictivos, los empleados de la empresa estatal dejaron de interrumpir el suministro eléctrico desde hace varios años, a pesar de informes que indican enormes pérdidas económicas debido al robo de energía.

En las zonas más bajas de la Rivera Hernández nadie está abonando por el consumo de electricidad, y se han acumulado moras de hasta 70,000 lempiras en algunas casas. El inconveniente radica en que, debido al control ejercido por las estructuras criminales en la zona, nadie tiene la capacidad de regular ni mucho menos suspender el servicio.

En puntos más internos de estos sectores, los trabajadores encargados de la medición y facturación evitan ingresar, situación que se replica en los servicios de agua, así como en aquellos relacionados con el cable e Internet residencial.

Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), enfatizó la complejidad del asunto al señalar: “La empresa instala mediciones en primario y evalúa el amperaje que ingresa en distintas zonas, en algunos lugares, la medición es precisa, pero en su mayoría se realiza un promedio debido a que no es facturable en su totalidad, registrándose como pérdidas o quedando en cero el valor consumido”.

Para nadie en estas zonas es un secreto que hay áreas muy adentro donde ni siquiera hay contadores, permitiendo que los ocupantes disfruten del servicio de alumbrado público de manera privilegiada sin abonar ni siquiera un lempira. Aguilar subrayó que este tipo de suministro de energía representa una significativa pérdida estatal, ya que, aunque es cierto que no se puede acceder para medir el servicio, tampoco se cuenta con la posibilidad de realizar correcciones o proporcionar algún tipo de mantenimiento.

Los camiones repartidores de alimentos de empresas reconocidas llegan únicamente hasta determinados puntos de estos sectores, desde allí, los solicitantes de productos los trasladan en vehículos como carros de paila hasta su destino final. La condición para que los camiones de estas empresas puedan ingresar y abastecer a las pulperías, minisúperes o bodegas es el pago de un “impuesto” a las maras, una tarifa que sí abonan de manera regular.

La actividad comercial en las zonas conflictivas de la ciudad también ha experimentado un estancamiento notorio, principalmente debido a las presiones ejercidas por la Pandilla 18. Esta organización envía semanalmente a sus representantes a los negocios exigiendo la retirada de lo que ellos denominan la “ofrenda”, haciendo alusión al pago por extorsión.

El desarrollo de negocios enfrenta considerables obstáculos para expandirse o mejorar, ya que cualquier intento de establecer uno nuevo se percibe como una oportunidad fresca para las pandillas apropiarse de más recursos económicos. Aunque la problemática principal se manifiesta de manera más marcada en la Rivera Hernández y sectores aledaños al aeropuerto Ramón Villeda Morales, la situación con el cierre o el lento auge de establecimientos se reproduce de manera similar en otras áreas de la ciudad, como Chamelecón y Los Cármenes.

El sector más afectado se encuentra en el ámbito de la alimentación, en particular los comedores, que se ven obligados a pagar a la Pandilla 18 hasta 800 lempiras por semana por cada uno de sus establecimientos. La desventaja de la Rivera Hernández en comparación con otras zonas radica en que alrededor de siete grupos, como el Barrio 18, la Mara Salvatrucha, Los Tercereños, Los Olanchanos, Los Bordeños, Los Vatos Locos y Los Ponce, generan un impacto grave en este distrito.

En estos barrios afectados por las maras, el transporte público, vital para la vida diaria, es otro de los rubros que se ve comprometido. Las rutas de autobús se restringen o desvían, creando barreras adicionales para el acceso a empleo, educación y servicios básicos.

Los residentes enfrentan diariamente la dificultad de desplazarse sobre todo en horas de la noche o madrugada, intensificando su aislamiento.

Durante muchos años persistió la leyenda urbana de que la Mara Salvatrucha estaba al mando de las rutas de transporte en estos sectores y se piensa que en los últimos tiempos la Pandilla 18 ha asumido el control. Desde que se supone que el Barrio 18 tomó el dominio de ciertos accesos, no todo el transporte ingresa sin restricciones.

Por ejemplo, los taxistas que llevan a personas de regreso a sus hogares después del trabajo evitan adentrarse en todos los pasajes, especialmente aquellos donde la MS tiene influencia, ya que se sospecha que el transporte en todas sus categorías está bajo la influencia de la Pandilla 18, y cruzar más allá de los límites establecidos representa una amenaza de muerte, porque asumen que pueden ser considerados “enemigos”.

Algunos residentes se las arreglan para moverse, ya que las empresas que ofrecen servicios privados de transporte se niegan a ingresar a estas áreas o a adentrarse demasiado. La práctica común es que los transportistas dejen a las personas en un punto específico y luego las personas caminen hasta sus casas.

Por otro lado, el estigma social continúa cerrándole puertas laborales a aquellos que buscan empleo en el centro o en las zonas más elevadas de la ciudad. Ante esta realidad, algunos optan por mudarse a otras áreas en el espacio urbano en búsqueda de oportunidades laborales, o recurren a favores de amigos para utilizar sus direcciones al solicitar empleo.

Como respuesta a esta situación, gran parte de la población encuentra ingreso en las maquilas cercanas porque no les ponen tanto obstáculo, constituyendo esta opción una fuente de sustento aunque limitada por los salarios bajos y jornadas laborales extenuantes.

En estos sectores, las hipotecas tampoco valen, ya que las instituciones bancarias mantienen una desconfianza arraigada hacia estas comunidades, negándose a proporcionar préstamos personales u otros tipos de financiamiento. Esta falta de acceso al crédito ha generado un freno significativo para la economía y el crecimiento local.

Steven Aguirre, integrante del Centro de Alcance dedicado al desarrollo comunitario en Rivera Hernández, enfatizó que “lamentablemente, estos lugares han sido estigmatizados, pero la realidad es que sí se puede vivir aquí, no es como antes, la violencia ha disminuido. Son varias las instituciones que trabajamos para llevar oportunidades a zonas vulnerables, incluso a aquellas donde se presume que nadie más puede ingresar”.

“A través de nuestro enfoque hemos proporcionado capacitaciones a jóvenes a quienes las empresas les cierran las puertas. Hemos impartido talleres en áreas como belleza, construcción, barbería, electricidad, manualidades, entre otros. Estas iniciativas no solo les brindan habilidades prácticas, sino que también les sirven de base para emprender sus negocios; incluso hemos intervenido con jóvenes vinculados a pandillas, ayudándoles a comprender que no existen excusas para no trabajar”, agregó el líder comunitario.

“Apreciamos estadísticas positivas que indican que hemos logrado alejar a numerosos jóvenes de los malos pasos y hemos logrado rescatar a antiguos pandilleros. Nos centramos en intervenir especialmente con personas de edades comprendidas entre los 10 y los 29 años”, resaltó.

En sintonía con estas declaraciones, el comisario Carlos Eduardo Rojas, jefe de la Policía Nacional en el distrito de Chamelecón, expresó que han trabajado gradualmente para transformar la percepción del sector, que durante años fue considerado como una zona de muerte, al tiempo que atribuyó los resultados actuales a la colaboración conjunta con las fuerzas vivas y organismos internacionales durante los últimos dos años.

“Hemos restablecido el orden y cosechamos los frutos de una sociedad más armoniosa, con oportunidades de desarrollo y crecimiento. Anteriormente, las familias huían masivamente cuando las pandillas llegaban y les decían ‘de ahora en adelante, la casa pertenece al grupo’, pero implementamos una política dura”, resaltó el líder policial.

“Revisamos minuciosamente si estas propiedades eran de los ocupantes legítimos y constatamos que no lo eran. Así comenzamos a recuperarlas y a requerir a quienes las usurpaban”, especificó.

Solo en Chamelecón, en los últimos dos años se han recuperado al menos 25 casas que habían sido expropiadas por pandilleros y devueltas a los propietarios originales que habían huido por temor a sus vidas y que incluso las habían puesto en venta.

“Encontramos muchas de estas viviendas destruidas, saqueadas, patrimonios de años arruinados por personas que desafiaban el sistema legal del país”, recordó Rojas desde su escritorio.

Los problemas más graves de abandono de viviendas en esta zona se han registrado en las colonias San Isidro y Lususa, a manos de la Pandilla 18.

Rojas elogió el progreso comercial y el auge que ha experimentado Chamelecón en los últimos años, reflejado por la presencia de múltiples negocios activos desde la entrada hasta el parque de la zona. “Este es un sector hermoso, siempre estamos visitando a los ciudadanos en sus hogares y asegurándonos de que no se vendan a precios de ´gallo muerto´ (baratos) sus inmuebles debido a la delincuencia”, aclaró.

La Policía, con 140 miembros distribuidos, se encarga de brindar seguridad en todo el distrito mediante estrategias de control y patrullajes, además de intervenir en centros educativos para enseñar a los adolescentes que las pandillas no son la solución y que pueden contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Chamelecón está compuesto por aproximadamente 120 barrios y colonias, de los cuales 60 puntos están bajo la influencia de la Pandilla 18 y el resto, de la Mara Salvatrucha. Hacia el centro de San Pedro Sula opera activamente la MS, mientras que en el lado opuesto actúa el Barrio 18, según la cobertura mapeada por autoridades locales en sus instalaciones.

Cabe mencionar que en algunos puntos fronterizos internos de estos sectores también hay instalaciones militares, que dan acompañamiento de seguridad a los efectivos preventivos.

Para el sociólogo Marco Rubí, la población se ha acostumbrado en cierta medida a convivir con grupos delincuenciales organizados y considera que la estigmatización persiste, a tal punto que la movilización en estas estructuras llegal al arrebato de viviendas para su uso operativo.

Lamentó que prevalezcan individuos que anteriormente pasaban desapercibidos, ahora en figuras populares, que incluso se mezclan en empleos formales o informales. Este cambio en la percepción ha llevado a que, cuando la Policía interviene para enfrentar a estos grupos, sean protegidos por los propios miembros de las comunidades.

Rubí subrayó la existencia de un estigma arraigado contra las personas que residen en áreas conflictivas. “Existe la creencia errónea de que al formar parte de estas comunidades, de alguna manera están asociadas con individuos vinculados a las maras, aunque esto no sea necesariamente cierto”, dijo.

El sociólogo sampedrano resaltó que, si bien en algunas colonias y barrios peligrosos sí existen servicios básicos, no todos cuentan con sistemas de cobranza. Esto se traduce en un acceso limitado al Estado, ya que aunque tienen la seguridad de que no se les cortará el servicio, enfrentan dificultades para obtener mantenimiento o reparaciones en caso de necesidad, por su difícil acceso.

Según Rubí, las soluciones a esta problemática se centran en una reactivación económica liderada por el sector empresarial y el Gobierno, dirigida a aquellos que carecen de empleo y que, desesperados, buscan ayuda en estas estructuras.

Destacó la necesidad de fortalecer la Policía Comunitaria, abogando por un enfoque que vaya más allá de la presencia de policías militares o personal “represor”.

De su lado, el experto financiero Elfren Matute explicó la gravedad del impacto económico en las zonas de riesgo, haciendo hincapié en la disminución de la actividad productiva y la escasa visibilidad de oportunidades para emprender, lo que conduce a la búsqueda de alternativas en otras localidades.

Matute enfatizó que la plusvalía de estas áreas se ve afectada, convirtiéndose en activos cuyo precio no se pueden mantener en comparación con la inversión inicial. Algunos compradores adquieren estas propiedades por desconocimiento, sin tener un conocimiento detallado de la situación en la ubicación específica, lo que contribuye a la depreciación de las mismas.

El economista ilustró cómo estas propiedades pueden depreciarse hasta en un 20% de su valor real. Por ejemplo, una vivienda valuada en 2 millones de lempiras podría disminuir hasta 600,000 o 400,000 lempiras, en el mejor de los casos si encuentra comprador.

Matute señaló que la demanda por propiedades más asequibles lleva a la adquisición en áreas periféricas debido a su menor costo. A su vez, abordó las pérdidas potenciales para el Estado, ya que se brindan servicios básicos, como la energía eléctrica, a menudo a tarifas inferiores al costo real, motivado por el temor a las maras que ejercen influencia en estos sectores.

Pormenorizó que el poder adquisitivo de estas poblaciones se sitúa por debajo del promedio ideal, abarcando de pobreza a pobreza extrema. Esto se deriva de la condición de zonas de riesgo, con limitado acceso al transporte y escasas oportunidades para el emprendimiento y desarrollo entre las comunidades.

La realidad económica de estas áreas, marcada por la depreciación de propiedades y la falta de acceso a servicios y empleos, exige soluciones integrales.

La reactivación económica, el fortalecimiento de la Policía Comunitaria y la colaboración entre el sector empresarial, el Gobierno y la sociedad civil son cruciales para superar los retos arraigados en estas comunidades estigmatizadas. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido se podrán romper los ciclos de violencia y desesperación que han marcado la historia de estos barrios.