Las 20 razones del rechazo a la represa El Tablón por pobladores de Quimistán
Pobladores de Quimistán persisten en su rechazo a la construcción de la represa El Tablón que el gobierno anunció, comenzará a construirse en octubre. Estas son las causas para oponerse al proyecto.
- Actualizado: 21 de julio de 2025 a las 00:00 -
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El 4 de agosto de 2018, Quimistán declaró sus zonas productoras de agua como exclusivas para consumo humano y agrícola. Además, se acordó no aprobar hidroeléctricas sin consulta previa mediante cabildo abierto con las comunidades afectadas. (Imagen compartida en el Facebook de la página Salvemos el valle de Quimistán).
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El 6 de octubre de 2024, en cabildo abierto, la Corporación Municipal de Quimistán y la comunidad rechazaron rotundamente la construcción de la represa El Tablón tal como fue planteada, según consta en el punto 4.12 del acta oficial. En la foto, ciudadanos que participaron en la protesta el lunes 21 en la CA-4.
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El 4 de mayo de 2025, en cabildo abierto, la Corporación Municipal y la comunidad de Quimistán acordaron dos mociones: crear una mesa multisectorial de diálogo con el Gobierno y solicitar formalmente la suspensión del proceso de licitación de la represa El Tablón. El gobernador de Santa Bárbara, Arnold Avelar se comprometió a gestionar dicha mesa con participación de actores locales, estatales y la Enee.
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Hasta el 2 de julio, la Enee no había comprado ni cuenta con autorización de los dueños de las tierras donde se construiría el embalse, violando el artículo 15 del Decreto 70-2007, que exige esta condición para avanzar en proyectos hidroeléctricos.
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El proyecto El Tablón no ha sido aprobado por el Congreso mediante ley especial, como se requiere para obras de gran magnitud. Tampoco tiene una contrata de agua según la Ley General de Aguas de 2009, a pesar de depender del recurso hídrico.
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El proyecto no está incluido en el listado de proyectos autorizados por la Ley Especial de Energía Renovable (Decreto 279-2010), por lo que carece de respaldo en el marco legal específico del sector.
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La represa podría afectar gravemente el casco urbano de Quimistán por inundaciones mal gestionadas. El muro de contención que proponen provocaría inundaciones de aguas lluvias dentro del pueblo, ya que no hay por dónde drenar. El agua llegaría incluso cerca de la alcaldía.
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Reclaman que no los escuchan. Ni la presidenta de la República ha respondido a su solicitud de diálogo. Denuncian que las decisiones se están tomando sin incluir a las comunidades más afectadas con el embalse.
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Consideran que el verdadero interés detrás de la represa es político y electoral. Incluso acusan al ministro de “politizar” el proyecto y usarlo como promesa de campaña. Aseguran que les urge captar el dinero del proyecto, ya que no se ejecutaría.
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Líderes del Comité de Bienes Comunes de Quimistán señalan que el Gobierno está intentando enfrentar al valle de Sula con el valle de Quimistán, como si uno valiera más que el otro. Reclaman que “no hay ciudadanos de segunda categoría”.
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Aseguran que el Gobierno sí tiene alternativas viables para ayudar al valle de Sula sin necesidad de afectar Quimistán. Insisten en que no están en contra del desarrollo, sino de hacerlo mal y sin respeto.
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Entre esas alternativas citan que el Congreso aprobó cinco medidas para enfrentar inundaciones en el valle de Sula sin destruir el valle de Quimistán; el Comité exige su ejecución inmediata con un presupuesto ya autorizado de $20 millones.
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Se oponen al financiamiento del BCIE; porque el banco -aseguran- inicialmente se negó a recibir la objeción en persona y no respondió por dos meses a la comunicación electrónica previa de líderes de Quimistán, lo que alimenta desconfianza procedimental.
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El Comité rechaza las declaraciones del ministro Erick Tejada, a quien acusan de desacreditar y estigmatizar a las personas defensoras del territorio con acusaciones falsas.
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El proyecto entró en licitación sin haber cumplido con los pasos básicos: primero quieren construir y luego preguntar, aseguran. La primera fecha límite de recepción de ofertas fue el 27 de junio de 2025, sin embargo, la fecha se extendió por segunda vez para el 29 de julio.
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Recurso de amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia para proteger derechos del pueblo frente al avance del proyecto sin las debidas garantías. También se formalizó una queja ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
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Aseguran que la represa, si se construye en la zona conocida como Los Limones destruiría más de 3,500 manzanas de tierra fértil. Además, inundaría cinco comunidades completas: Baluarte y Tejeras (Quimistán), y Mirasol, Brisas del Río y Tejeras (San Marcos)
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Todo el valle de Quimistán sería afectado, pese a que genera más de L1,700 millones anuales al PIB nacional por su actividad agrícola. La presa cubriría 24.4 km², es decir, 3,475 manzanas de tierra cultivable, destruyendo medios de vida, seguridad alimentaria y empleo.
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Aseguran que la Enee y el gobierno han ocultado información clave. Lo que dicen al BID y en medios no coincide con los informes técnicos del mismo proyecto. Les han pedido claridad por vía legal y no responden. En la foto, el ministro Erick Tejada y representantes de la Mavaqui.
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Estudios de Copeco desde 2017 señalan que el pueblo es zona crítica a inundaciones. Con la represa, los ríos Cañas y Mazapa que bajan de El Merendón, inundarían por reflujo si existiera el embalse.
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