Las presiones en el Registro Nacional de las Personas son tan evidentes a veces que las filas llegan hasta la calle, pero hay también otros fenómenos que no se ven, pero que se transforman en fuerza brutal a medida que se va acercando la fecha de las elecciones. Nada nuevo, sino algo semejante o casi igual que hace cuatro años, pues las dirigencias partidistas y los activistas desarrollan una labor politiquera en la institución que, según la ley, debiera ser un organismo técnico para proteger la identidad de las personas y su estado civil. Y solo como una contribución necesaria elaborar el censo electoral, nada de utilizar la documentación que es personal y que solo “personalmente en persona”, como dice El Chavo, se debe manejar. Conforme a las estimaciones de la registradora civil, hay miles de tarjetas de identidad que desde hace seis meses llegaron a la oficina regional de RNP y, pese a los llamados, las personas no acuden a reclamarlas. La explicación solo cabe en el área de lo absurdo de la cultura hondureña que los políticos siguen alimentando. Las cédulas que llegaron en febrero y marzo corresponden a las solicitudes presentadas por los partidos políticos, cuyos activistas recorrieron barrios y colonias con el compromiso de conseguir a correligionarios y simpatizantes el documento personal, no porque lo necesitasen, sino, dados los tiempos, tener dos, tres o más por si se pierde o la roban. Hasta ahí el favor, por la supuesta influencia, puede parecer habitual, pero el deseo de la ciudadanía es que regresen los mismos activistas u otros y en nombre del partido, en la casa, sentado en la sala o recostado en la hamaca, sea entregada la cédula, lo cual se habrá hecho; pero no es lo correcto, ni legal, e incluso hay un grave riesgo de que las mismas identidades se “hagan perdedizas” o sean utilizadas en los comicios. La registradora Elizabeth Ávila, que enfrentará presiones al más alto nivel de su partido, de dirigentes y candidatos locales, muestra su firmeza y aclara que la Ley del Registro Nacional de las Personas señala que la tarjeta de identidad se debe entregar a su propietario y con contraseña, aunque habrá casos especiales en los que con una carta poder se podrá retirar el documento personal, que se habilite alguna ventanilla o que los activistas ayuden y faciliten a las personas para que llegue a la oficina es estrategia de cada cada uno de ellos, pero quien debe recibir el documento es su titular, nadie más. La ley es la ley, y aunque más de uno, nos abstenemos de decir muchos, se la salten a la torera, hay funcionarios que la cumplen y la hacen cumplir. Bien por ellos; resistan aunque los “anti” no perdonarán, pero más importante que la función pública es la honestidad, la ética y el deber cumplido.
