Los niveles de corrupción e impunidad acumulados son de tal magnitud -con ramificaciones en los tres poderes estatales- que desde todo punto de vista resulta imperativo darle continuidad a las gestiones oficiales, hasta ahora infructuosas, tanto con la Organización de Naciones Unidas como con la Organización de Estados Americanos, para que de nueva cuenta regresen a nuestro país, colaborando, sin restricciones ni ataduras, en el saneamiento y adecentamiento de tantas instituciones públicas contaminadas y debilitadas en su interior mediante diversas modalidades de cohecho.
En esa lucha -y así lo anhela y exige la ciudadanía- se deben priorizar aquellos casos de mayor complejidad, tanto por la cuantía de los fondos sustraídos por distintos implicados, directa e indirectamente, bien como actores, cómplices, encubridores.
La promesa inicial del recién concluido gobierno por gestionar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras quedó en eso, pese a los viajes de la presidenta Castro a Nueva York para entrevistarse con el Secretario General de la ONU.
El excanciller, por su parte, justificó el no cumplimiento, atribuyéndolo a la falta de voluntad política de los y las legisladoras afiliadas al bipartidismo, por su temor a ser investigados(as).
Seguramente, la realidad oscila entre ambas posturas.
Lo urgente es que el gobierno entrante, a la brevedad, proceda a retomar gestiones conducentes a la implementación de este mecanismo, con plenas facultades, exenta de condicionalidades, para que, en colaboración con el Ministerio Público y cualesquier otro ente estatal, investigue a fondo al menos algunos de los sórdidos casos de corrupción perpetrados en los más altos niveles de gobiernos anteriores.
No pueden nuevamente esgrimirse excusas ni pretextos para sabotear su incorporación y colaboración con las dependencias investigativas nacionales.
Lo que queda como dolorosa evidencia es que la justicia hondureña ha sido incapaz por sí sola, sin ayudas externas, de aplicarla equitativamente, no de manera selectiva, discriminando a unos para beneficiar a otros, sin previamente tomar en cuenta la posición social, económica, filiación política de las y los involucrados.
Si no se es capaz de honrosas rectificaciones, continuaremos hundiéndonos, más y más, en la pobreza material y moral de la nación.
