01/12/2022
12:13 AM

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Esperanza

    Cuerpos frágiles, envueltos en sábanas, desmembrados y con evidencia de tortura. Son escenas aterradoras, el indignante final de mujeres que son víctimas de la violencia en Honduras, todas ellas acosadas por el crimen organizado, por la pandilla del barrio que se adueña y les arrebata sus vidas. Aunque ellas no son las únicas que sufren de un ambiente de agresión constante en un país donde la impunidad arropa las altas cifras de abuso.

    En el caso de Honduras, las cifras se estiman en 6,600 mujeres que han muerto de manera violenta, entre 2005 y 2020. El 62% de esas muertes son consideradas feminicidio, es decir el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer. El 52% de estos feminicidios han sido a manos del crimen organizado, señala un último reporte que advierte del sicariato, del rapto, de los problemas entre maras, diferencias entre familias y narcotráfico.

    La autora de este reciente estudio — “Muertes bajo la sombra de la impunidad: feminicidio en el contexto del crimen organizado en Honduras”— concluye que las cifras solo confirman que en Honduras “las mujeres son asesinadas porque están vinculadas a redes del crimen organizado o porque de alguna manera están en la línea de fuego del accionar de estos grupos”. En este país, reflexiona la investigadora Adelay Carías Reyes, campea la impunidad, los narcotraficantes, miembros de maras y otros grupos criminales que actúan con completa libertad y pueden asesinar a cualquiera cuando ya no es necesario, es un impedimento para el control del territorio o cuando necesitan expandir sus actividades criminales. El estudio indica que, en años anteriores, las mujeres ingresaban a las maras por vínculos sentimentales, de amistad o de pareja con algún miembro, pero ahora “muchas entran por su propia voluntad, porque quieren mejorar su situación económica o estatus en su familia o su comunidad”. Y esas cifras de muerte las avala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que señala a Honduras con las tasas más elevadas de feminicidio en América Latina: 4.7 muertes por cada 100,000 mujeres.

    Sea cual sea el origen, es urgente poner fin a las agresiones y abusos contra las mujeres y niñas que se han visto incrementadas durante la pandemia, considerar todas sus implicaciones en temas económicos, de salud, oportunidades educativas, sociales y culturales.

    Iniciar el año renovando las esperanzas de poder revertir este drama cuando es una mujer, Xiomara Castro, quien asumirá el Gobierno, la primera presidenta que ha ofrecido impulsar los cambios necesarios para salir de estas cifras atroces.