La democracia exige reglas del juego claras. En el momento histórico que nos está tocando vivir se conjugan tantas cosas que no podemos darnos el lujo de desperdiciar la oportunidad de darnos unas normas electorales acordes con las nuevas realidades y que verdaderamente satisfagan las aspiraciones de las grandes mayorías.
De aquí que debe quedar descartado de cualquier propuesta y de cualquier aprobación en el Congreso de la república todo intento por evitar que el pueblo pueda, verdaderamente, manifestar su voluntad en las urnas, para construir un país auténticamente plural, en el que se respeten y valoren las posturas de todos.
Es innegable que en cuanto a leyes electorales ha habido progreso. Todavía durante los primeros procesos, luego del fin de los regímenes autoritarios, las diputaciones iban ligadas a un candidato y no había posibilidad alguna de votar de manera individual e independiente; se votaba, encima, por un nombre, porque no había fotografías en las papeletas. La participación femenina era mínima; las diputadas de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución actual eran apenas tres, contra 62 hombres.
Y, durante las últimas tres décadas solo existían dos partidos políticos con posibilidades reales de acceder al poder de la nación.
Sobre todo a partir de los 90 se da una apertura que facilita la expresión de la voluntad popular: se elimina la votación “en plancha” en las papeletas para diputados, las fotografías por lo menos nos dan la posibilidad de conocer la cara de aquellos que aspiran a que los favorezcamos con el voto; se inscriben, aunque con poco éxito, nuevas instituciones políticas y se promueve mayor participación femenina.
Quedan, sin embargo, asuntos importantes que podrían consolidar la vocación democrática de Honduras y que aún no han sido definidos en la nueva Ley Electoral. Por un lado, el tema de la reelección todavía no ha sido sometido a consulta popular, y mientras no lo sea y la Constitución siga como está, independientemente de lo que sucedió en 2017, será tema de debate y generará división entre los hondureños.
Y, por otro lado, el asunto de la segunda vuelta, común a las normativas electorales de casi toda la región, continúa en el limbo legal y parece no haber voluntad de parte de algunos diputados para dar ese paso adelante en la consolidación democrática del país. Lo que los legisladores deben tener claro, y esa debería ser la brújula que oriente su proceder, es que la nueva Ley Electoral debe responder a los deseos de las mayorías y no de grupos ni de personas en particular. Solo así puede contribuirse con la tan anhelada paz social.
