Son las formuladas por el jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, el 12 del corriente, con ocasión de la ceremonia de ascensos de la institución castrense. Pareciera que ha olvidado el articulado constitucional relativo al
cuerpo armado: “... esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República” (artículo 272).
Sus opiniones sobre temas no castrenses deben permanecer en el ámbito estrictamente privado, sin hacerlas públicas, ya que, supuestamente, no representan ni constituyen el sentir y pensar de la totalidad de las Fuerzas Armadas. Y aún si ese fuera del caso, no son ni deben ser política de Gobierno ni de Estado.
Lejos de unir a sus compatriotas para hacer frente, con posibilidades de éxito, a los acuciantes, complejos y severos problemas que afectan a la nación, lo externado públicamente ha causado una reacción adversa por parte de la dirigencia de los partidos políticos de oposición y de la sociedad civil, que inciden en la necesaria unidad que deberíamos conservar, a toda costa, para buscar soluciones y alternativas de corto plazo a la agobiante condición actual de pobreza, violencia, corrupción, impunidad, que afecta, en grados diversos, a las grandes mayorías de nuestro pueblo.
Adicionalmente provocan divisionismo al interior del “brazo armado del pueblo”, afectando su imagen y credibilidad. Se puede inferir que retornamos al cogobierno civil-militar que se creía haber sido superado y que afectó la gobernabilidad y estabilidad, al establecer en la práctica dualidad de funciones y atribuciones, de hecho subordinando a las autoridades popularmente electas a los designios de la alta oficialidad verde olivo, que en determinado momento poseía el control cupular tanto en asuntos internos como externos.
En otros países, en donde verdaderamente el poder de las armas está supeditado al control civil, sus declaraciones hubieran constituido causal de destitución inmediata y paso a retiro.
Queda la posibilidad, y ojalá así suceda, que el general Hernández ofrezca, de inmediato, disculpas públicas a la nación, aclarando que lo dicho constituye opinión estrictamente personal y, en momento alguno ni bajo ningún concepto, el criterio de la institución, de la cual es miembro y actualmente cabeza.
“Errar es de humanos, rectificar de sabios”.
