Las y los compatriotas que han ejercido el derecho al voto para escoger a las autoridades a nivel presidencial, municipal y del Congreso Nacional cada cuatro años, crecientemente llegan a la conclusión que son sujetos pasivos, no protagonistas en el rumbo y destino de su patria. Son manipulados por los partidos políticos y sus dirigencias, que ven con recelo y hostilidad a la ciudadanía organizada, o lo que es lo mismo, la sociedad civil, la que lejos de atacar debe ser fortalecida. Los políticos no se percatan que el Estado ya no es su feudo exclusivo, en una concepción patrimonialista del mismo en que la riqueza pública y el servicio civil son percibidos como un botín a repartir entre ellos y sus seguidores, en una visión clientelar y caudillista.
De acuerdo con la más reciente encuesta de Latinobarómetro 2024, apenas el 32% de los y las hondureñas apoya la democracia tal como esta es aplicada; para el 41% les es indiferente el tipo de régimen existente en su país; el 73% considera que los partidos políticos no están funcionando correctamente y apenas un 22% opinan que sí funcionan. El 40% de los y las encuestadas concluyen que el sistema democrático puede funcionar sin la existencia de los partidos políticos y que los mismos pueden ser reemplazados por liderazgos populistas y personalistas, tal como ha ocurrido en El Salvador.
La crisis de credibilidad es manifiesta y evidente provocada por el deterioro de los partidos políticos y sus cúpulas, ante el incumplimiento de promesas formuladas a granel durante las campañas previas a las elecciones, carentes de ideologías actualizadas y vinculadas con nuestra compleja realidad social, económica, ética. En síntesis: no encarnan los intereses de la sociedad, si es que alguna vez los representaron.
Deben democratizase los mecanismos de acceso y participación en la política, ampliando la representatividad y proporcionalidad al sexo femenino, las minorías étnicas, organizaciones obreras, campesinas, comunales, juveniles. Tal demanda empieza con la democratización y modernización interna de los partidos políticos, sus programas y estructuras, tanto los históricos como los recientes, descartando desde ahora el nepotismo, los arreglos bajo la mesa, el autoritarismo, la corrupción, el secuestro de instituciones y políticas públicas por intereses privados, que impiden que las políticas públicas puedan procesar, agregar, responder y solucionar las demandas colectivas, lo que provoca la exclusión de sectores mayoritarios de la población, y deben actuar en forma permanente, más allá de los procesos electorales, la no rendición de cuentas, la secretividad.
Tanto políticos como partidos políticos deben entender que el ciudadano es mucho más que un elector y que el requerimiento de la representatividad trasciende el día en que hombres y mujeres depositan el voto.
