San Pedro Sula, Honduras
El juicio en contra del exdirector de Invest-H y algunos de sus cercanos colaboradores puede convertirse en una oportunidad para que el sistema judicial hondureño recupere su credibilidad y, por ende, la confianza de la ciudadanía. En este caso no debe suceder lo mismo que ha pasado con el escándalo del Seguro Social, cuyo proceso ha tomado mucho más tiempo del que se esperaba y sus actuales resultados no terminan de convencer a muchos.
Esta oportunidad, evidentemente, no debe interpretarse como una condena por anticipado. Ningún sistema judicial serio, o que se precie de serlo, puede actuar con el afán de satisfacer a la opinión pública y, para ello, terminar condenando inocentes. En este, como en todos los casos, se tiene que respetar la presunción de inocencia, llevar un proceso transparente y libre de presiones externas y, al final, emitir un veredicto apegado a ley, como se debería hacer con cualquier ciudadano. Porque se trata de hacer justicia y no de montar un show mediático que más bien genera más pérdida de credibilidad y mayor desconfianza.
En Honduras urge que las instituciones, en general, infundan respeto. Y el respeto solo es posible cuando existe una autoridad moral auténtica. Poco tiene que ver la verdadera autoridad con el puro ejercicio del poder o con arreglos con el fin de beneficiar o dañar a personas o instituciones. En esta situación concreta, otro asunto que hay que entender es que el juicio es en contra del exdirector de Invest-H y no en contra de la entidad que él dirigía.
Porque cualquier opinión suficientemente informada reconocerá que desde ese organismo se han desarrollado proyectos y llevado a cabo iniciativas en áreas como la gestión ambiental o vialidad, que, antes de la bochornosa adquisición de los famosos hospitales móviles, habían sido muy bien valorados tanto a nivel local como internacional.
Además, la credibilidad y la confianza solo se pueden recuperar si hay diligencia, si fiscales y jueces actúan en el tiempo que la ley exige.
Aquella antigua sentencia que señala que justicia tardía no es justicia continúa siendo verdadera. No hay que perder de vista que la aplicación de la justicia también tiene un elemento de ejemplaridad que urge en este país. Tampoco hay que perder de vista que hay una percepción generalizada de que la impunidad ha sido un padecimiento perenne en nuestra sociedad y que esta, junto con la corrupción, ha sido un terrible flagelo que nos ha mantenido postrados por décadas, así que el reto está a la vista y hay que enfrentarlo y superarlo.
