Los primeros repartos de tierra se hicieron durante la fundación de las ciudades hondureñas por parte de los españoles y fue Antonio Ramón Vallejo, quien, comisionado por el presidente Marco Aurelio Soto para que organizara y fundara el Archivo Nacional, recopiló las leyes agrarias promulgadas hasta finales del siglo 19. El rey de España otorgó innumerables títulos de propiedad a personas que constituyeron haciendas o encomiendas y también a poblaciones indígenas, títulos que dieron origen a los grandes latifundios, incrementados por los presidentes que otorgaban a sus selectos seguidores la posibilidad de titular las tierras que pudieran cercar o inscribir en un documento de propiedad. Por esa razón se dieron muchos casos de pequeñas aldeas que, a pesar de ser dueñas de los predios en que vivían, resultaron como colonos de los nuevos dueños.
Durante el régimen de Ramón Villeda Morales se proclamó la primera Ley Agraria con sentido social. Era el resultado de la “Alianza para el Progreso” impulsada por los Estados Unidos presidido por John Kennedy. Durante el régimen liberal de la II República se hicieron importantes repartos de tierras para aliviar la presión campesina, pero los terratenientes opusieron férrea resistencia y calificaron el proyecto de estar inspirado en la ideología comunista, a pesar de que era una idea de Kennedy.
El golpe de Estado militar al régimen de Villeda Morales tiró por la borda el proyecto de la Reforma Agraria. Pero la ebullición social en el campo fue en aumento y los campesinos se organizaron e hicieron presión para que el proceso agrario se reanudara y profundizara, con el objetivo de sacar de la miseria a la gente del campo que subsistía, una parte mediante el cultivo de minifundios y otro sector cultivando tierras arrendadas o como peones mal pagados. No fueron escasas las invasiones de tierras y los enfrentamientos entre campesinos y terratenientes y el Estado que llevaron a muchas víctimas, sobre todo del lado de los hombres sin tierras.
Debido a la agudización de los problemas del campo y de la solidez de las organizaciones campesinas, López Arellano da otro golpe de Estado, con el apoyo de obreros y campesinos. Uno de los compromisos era impulsar la reforma agraria. Durante esa gestión de López Arellano, dirigiendo un gobierno reformista asesorado por Omar Torrijos, el proceso agrario se profundizó con el respaldo militar y de técnicos de gran conocimiento como Clodomiro Santos de Morais. El reparto estuvo acompañado de la organización de empresas cooperativas y asociativas que tuvieron gran éxito. El gobierno de López Arellano fue derribado, en parte por la presión ejercida por la oligarquía que miraba en las acciones reformistas de López Arellano un peligro a su subsistencia, resultado –realmente- de una mala percepción. La presión campesina no cedió y fueron muchos los enfrentamientos que se produjeron entre campesinos y terratenientes respaldados estos por la fuerza militar.
El éxito de las empresas asociativas fue torpedeado por las élites gobernantes que al mismo tiempo fueron retirando el respaldo pecuniario y de asesoría tecnológica a los grupos campesinos. Callejas aprobó la ley que permitió a los campesinos vender las tierras de la reforma agraria. Unos pocos empresarios agrícolas volvieran a convertirse en latifundistas con el consiguiente fracaso de la reforma agraria.
La situación en el campo ha ido de mal en peor y esa es la razón de la enorme migración del campo a la ciudad para crear cinturones de miseria y cambiar la distribución demográfica que hasta hace unas décadas era principalmente rural. Este fracaso es también la causa de la migración hacia los Estados Unidos y hacia Europa.
El actual gobierno debe subsanar esta crisis en el campo mediante la aplicación de nuevas normas que conduzcan al reparto de tierras ociosas privadas y del Estado, en primer lugar, luego de tierras que sobrepasen el techo designado por la ley y por último las que sean adquiridas mediante compra por el Estado; la obligatoriedad de organizar empresas cooperativas o asociativas; el apoyo financiero, tecnológico y de mercado y, sobre todo, la prohibición de que las tierras de la reforma agraria sean objeto de venta. Así se terminará también el profesionalismo de muchos invasores que han hecho del asunto un modus vivendi.
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