Una de las banderas de la Revolución Francesa fue la igualdad fiscal. Previo a 1789 había un sinfín de regímenes fiscales, exoneraciones y barreras arancelarias internas que limitaban el desarrollo económico y la competitividad externa, causaban injusticias y dañaban la salud fiscal del Estado.
Uno de los primeros logros en la Asamblea Nacional fue que los sectores con beneficios fiscales (la nobleza terrateniente o de servicio, los gremios urbanos y el clero) los depusieran en beneficio de la nación.
Japón, antes de 1868, era un estado feudal. Los grandes terratenientes (Daimyos) y la nobleza guerrera (Samurái) tenían beneficios fiscales considerables, y el comercio era limitado por varias restricciones que cuidaban las prebendas de los grupos con acceso a la corte del Shogun (líder efectivo del Estado).
Para hacer efectiva la restauración del Estado a través del gobierno imperial, esos sectores depusieron sus privilegios, en un sistema con igualdad civil y tributaria.
Francia y Japón tuvieron un crecimiento robusto e inclusivo a partir de sus reformas. ¿Lección? Las desigualdades fiscales limitan el desarrollo de las sociedades.
Si la base tributaria del Estado no contribuye con condiciones equitativas, el déficit se paga. En los dos casos se pagaba cargando excesivamente de impuestos a los sectores más desaventajados (campesinado y artesanos).
El problema se puede enmascarar. En tiempos del comunismo en Europa oriental se decía: “Nosotros fingimos trabajar, y ellos fingen pagarnos”. Los sectores que reciben beneficios especiales tienen un incentivo por enfocar su acción pública en la defensa de estos.
Al ser grupos de considerable capacidad de movilización, la sociedad pierde su labor de exigir una mejor acción pública. El resultado: impuestos altos, malos servicios públicos y deuda estatal, con la indiferencia de sectores que, por su inteligencia colectiva, podrían liderar el cambio.
