El problema de falta de control legislativo presupuestario es agravado por desconocerse el cumplimiento real de lo aprobado vía liquidaciones.
Las que se presentan son de tipo muy general y reflejan cambios entre partidas sin ningún tipo de apego a un sistema de control. Por tanto, la aprobación es de algo que no se conoce en la teoría, y la práctica puede ser algo distinto. La aprobación de endeudamiento público general, la aplicación de tributos y los nuevos préstamos o erogaciones que se aprueban en el año se hacen sin referencia al presupuesto.
Este problema es más grave en el caso de las instituciones descentralizadas.
Este presupuesto tiene aproximadamente la misma cuantía que el del gobierno central y no viene con ningún tipo de detalle.
Es aquí donde se dan los problemas más serios de abuso, y no existe una posibilidad real de siquiera conocer algo sobre su manejo financiero o administrativo.
Para poder atacar estos problemas es necesario que el Congreso Nacional cuente con una oficina de análisis o manejo presupuestario, y que esta sea la que tenga la responsabilidad de procesar la propuesta del ejecutivo, hacer sus propias proyecciones de ingresos y egresos y validar lo ejecutado.
Esta debe de ser técnica, permanente e independiente, y sus informes deben ser de conocimiento general. En ausencia de esto, se debe exigir las liquidaciones trimestrales y proyecciones de cierre de año al 30 de septiembre para que sirvan de base de análisis. Adicionalmente, la función contralora debe fortalecerse presentando informes públicos.
Un sistema de auditoria presupuestaria externo continuo, por una firma internacional, también puede servir para llevar a cabo un mejor control. Esta debe aplicar también para las instituciones descentralizadas.
