El país vive en una crisis de más de cien años. Al extremo que generaciones han nacido y vivido dentro de ella; sufrido sus efectos nocivos. Y no se han dado cuenta siquiera. No solo por la incapacidad para operar un modelo económico eficiente, que nos permita alimentar a nuestro pueblo, sino que, además, tener excedentes para ingresar y competir a los mercados regionales e internacionales.
En agricultura somos deficitarios, principalmente en maíz, arroz, aguacates, frijoles, maicillo y flores. En industria es muy poco lo que hacemos. Ni siquiera hemos podido industrializar la madera que, por mezquindad y falta de talento, la destruyen los incendios y la dañan enfermedades como el gorgojo.
Fuera de la tilapia y las verduras orientales – obra de la tecnología de Taiwán – y el camarón, no somos grandes exportadores de productos del mar, pese a que tenemos dos océanos que rodean nuestro territorio. Incluso en el cultivo del banano hemos sido desplazados por otros países por la incapacidad de producir una burguesía industriosa, que haga de esta planta tropical una fuente de empleo, de divisas y base de productos industriales a los cuales llevar a los mercados.
Lo único que tenemos es una mano de obra barata, con la cual competimos, pese a las trabas que crea el Gobierno y cuyo mejor ejemplo son los costos de Puerto Cortés, que confirman la falta de imaginación y habilidad competitiva nacional. Nos falta una burguesía de formación y compromiso capitalista, que haga esfuerzos para mantenerse distante del Gobierno, lo que tenemos es un “capitalismo de compadres” en que los empresarios –incluidos los narcotraficantes– financian campañas a cambio de contratos de energía, carreteras, telefonía y construcción de edificios públicos.
O protección para permitir por sus predios el paso de la droga por el territorio nacional con destino a Estados Unidos. Esta asociación delictiva le ha hecho mucho daño al sistema democrático, que no ha pasado de unas elecciones que han ido de la brusquedad en el robo de los votos, hasta los sofisticados sistemas de manipular resultados. Por ello es que tenemos una débil institucionalidad, con partidos políticos poco adictos a las prácticas democráticas, gobiernos que no respetan la división de los poderes y diputados en el Congreso que no representan al pueblo.
La crisis de la democracia empieza en la pérdida de confianza entre los electores y los elegidos. Y se hacen visibles en Congresos –como es el caso nuestro– que abdican de su condición de primer poder del Estado, para transformarse en un simple operario, servil y acomodado, de las órdenes del Ejecutivo.
En las primeras Constituciones que ha tenido el país, durante el siglo XIX, el Congreso nombraba a los ministros, juzgaba las acciones del Ejecutivo, aprobaba leyes y ejercía de contralor de la función de los líderes elegidos o no, al frente de sus responsabilidades. Ahora, la única función que tiene el Congreso, realmente suya, es la de aprobar el Presupuesto que, incluso no puede vetar el Ejecutivo. Pero que este le envía preparado y corregido, sin que los diputados realmente lo discutan con la profundidad debida.
Suena bien que el país está cambiando. Y no lo dudo que esté ocurriendo; pero es necesario un modelo económico en que el Gobierno se consagre a sus tareas originales dejando en libertad a los empresarios operando como facilitador y creador de condiciones para que estos hagan lo que saben, producir riqueza y crear empleo. Y para ello hay que someter a una fuerte intervención al Congreso Nacional para que vuelva a ser el representante del pueblo y no una sucursal del Ejecutivo.
Y para lograrlo, obligar a los partidos a que operen al servicio del pueblo dentro de un régimen de participación, de forma que el poder venga de las bases y las élites se coloquen al servicio de los deseos populares. Lo podemos lograr. Lo que ocurre es que la crisis –como la carroña alimenta a los zopilotes– permite vivir y engordar a los políticos y enriquecerse a los malos empresarios.
En agricultura somos deficitarios, principalmente en maíz, arroz, aguacates, frijoles, maicillo y flores. En industria es muy poco lo que hacemos. Ni siquiera hemos podido industrializar la madera que, por mezquindad y falta de talento, la destruyen los incendios y la dañan enfermedades como el gorgojo.
Fuera de la tilapia y las verduras orientales – obra de la tecnología de Taiwán – y el camarón, no somos grandes exportadores de productos del mar, pese a que tenemos dos océanos que rodean nuestro territorio. Incluso en el cultivo del banano hemos sido desplazados por otros países por la incapacidad de producir una burguesía industriosa, que haga de esta planta tropical una fuente de empleo, de divisas y base de productos industriales a los cuales llevar a los mercados.
Lo único que tenemos es una mano de obra barata, con la cual competimos, pese a las trabas que crea el Gobierno y cuyo mejor ejemplo son los costos de Puerto Cortés, que confirman la falta de imaginación y habilidad competitiva nacional. Nos falta una burguesía de formación y compromiso capitalista, que haga esfuerzos para mantenerse distante del Gobierno, lo que tenemos es un “capitalismo de compadres” en que los empresarios –incluidos los narcotraficantes– financian campañas a cambio de contratos de energía, carreteras, telefonía y construcción de edificios públicos.
O protección para permitir por sus predios el paso de la droga por el territorio nacional con destino a Estados Unidos. Esta asociación delictiva le ha hecho mucho daño al sistema democrático, que no ha pasado de unas elecciones que han ido de la brusquedad en el robo de los votos, hasta los sofisticados sistemas de manipular resultados. Por ello es que tenemos una débil institucionalidad, con partidos políticos poco adictos a las prácticas democráticas, gobiernos que no respetan la división de los poderes y diputados en el Congreso que no representan al pueblo.
La crisis de la democracia empieza en la pérdida de confianza entre los electores y los elegidos. Y se hacen visibles en Congresos –como es el caso nuestro– que abdican de su condición de primer poder del Estado, para transformarse en un simple operario, servil y acomodado, de las órdenes del Ejecutivo.
En las primeras Constituciones que ha tenido el país, durante el siglo XIX, el Congreso nombraba a los ministros, juzgaba las acciones del Ejecutivo, aprobaba leyes y ejercía de contralor de la función de los líderes elegidos o no, al frente de sus responsabilidades. Ahora, la única función que tiene el Congreso, realmente suya, es la de aprobar el Presupuesto que, incluso no puede vetar el Ejecutivo. Pero que este le envía preparado y corregido, sin que los diputados realmente lo discutan con la profundidad debida.
Suena bien que el país está cambiando. Y no lo dudo que esté ocurriendo; pero es necesario un modelo económico en que el Gobierno se consagre a sus tareas originales dejando en libertad a los empresarios operando como facilitador y creador de condiciones para que estos hagan lo que saben, producir riqueza y crear empleo. Y para ello hay que someter a una fuerte intervención al Congreso Nacional para que vuelva a ser el representante del pueblo y no una sucursal del Ejecutivo.
Y para lograrlo, obligar a los partidos a que operen al servicio del pueblo dentro de un régimen de participación, de forma que el poder venga de las bases y las élites se coloquen al servicio de los deseos populares. Lo podemos lograr. Lo que ocurre es que la crisis –como la carroña alimenta a los zopilotes– permite vivir y engordar a los políticos y enriquecerse a los malos empresarios.
