Diversas organizaciones sociales, activistas y opositores al Gobierno de Guatemala pidieron la dimisión de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Consuelo Porras, tras la sanción en su contra por corrupción del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Una de estas voces fue la del director ejecutivo del Instituto 25A, una entidad emanada de las protestas en Guatemala contra la corrupción de 2015, Gabriel Wer, quien dijo a Efe que la petición de renuncia a Consuelo Porras “no ha perdido vigencia”, desde que esta removió de su cargo al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, en julio pasado.
“La exigencia de la renuncia a la fiscal general sigue ahí, no ha cesado”, indicó uno de los protagonistas de la oposición al Gobierno que preside Alejandro Giammattei y a sus aliados, mediante el activismo, la investigación y la defensa de la democracia.
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Las declaraciones de Wer se registran después de que este mismo lunes Estados Unidos impuso sanciones contra cinco funcionarios salvadoreños y dos guatemaltecos, incluida Porras y su mano derecha, Ángel Pineda Ávila, secretario general del Ministerio Público. De acuerdo al Departamento de Estado de la nación norteamericana, Porras y Pineda Ávila “obstruyeron investigaciones sobre actos de corrupción”, por lo que, con la sanción, quedaron imposibilitados de ingresar a Estados Unidos.
La sensación que tiene Wer es que “más que afectar a Consuelo Porras, la sanción afecta” al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y “a quienes lo sostienen, como las cámaras empresariales, la Fundación Contra el Terrorismo y sus aliados magistrados y diputados”.
La fiscal, ejemplificó el activista, “se convierte en una especie de ‘kriptonita’. Quienes tienen que reconsiderar su postura son quienes la apoyan o sostienen en el cargo”. La decisión de Estados Unidos responde al trabajo que ha hecho la fiscal general en “votar todos los casos de corrupción, impulsar acusaciones espurias contra operadores de justicia, periodistas” y “defensores de derechos humanos”, agregó Wer.
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Porras removió el 23 de julio pasado al fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, quien durante los últimos seis años imputó a más de 250 personas por corrupción entre presidentes, expresidentes, diputados, ministros, funcionarios y miembros de la élite empresarial. Sandoval aseguró ese mismo 23 de julio, antes de salir exiliado a Estados Unidos, que la fiscal general detuvo una investigación por un posible soborno a Giammattei por parte de empresarios rusos, quienes buscaban pagar menos en una concesión portuaria.
