Ciudad de Guatemala.
El diputado al Congreso de Guatemala César Fajardo fue detenido hoy por supuestamente estar implicado en un caso de 'plazas fantasmas' (vacantes ficticias) en el Organismo Legislativo.
El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (Feci) del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval, explicó a la radio Emisoras Unidas local que la detención de Fajardo se realizó en el marco de nueve allanamientos que se ejecutan en varios puntos de Guatemala.
En estas diligencias judiciales, dijo, participa la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Los otros dos detenidos son los exdiputados Alexander Castillo y Selvin García.
Sandoval agregó que 'hay más personas detenidas', pero aclaró que no podía dar más detalles porque los operativos aún están en marcha.
Anunció que en las próximas horas las altas autoridades del MP y de la CICIG darán los detalles de las capturas y de los casos en los que están implicados los detenidos.
El caso de plazas fantasmas en el Congreso fue detectado por el MP y la CICIG en 2015 con la captura de tres exdiputados acusados de los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Los detenidos aquella vez fueron José Luis Mijangos, exdirector general del Congreso, y los exlegisladores Edgar Romero Cristiani y Alfredo Augusto Rabbé, así como el expresidente del Parlamento, Pedro Muadi.
Otro expresidente del Organismo Legislativo, Luis Armando Rabbé, se encuentra prófugo de la justicia.
La investigación desarrolladas por el MP y la CICIG establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegalidades.
Esta forma de contratación ficticia de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, dijo en su oportunidad la CICIG.
De acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, las personas contratadas con salarios de hasta 20.000 quetzales (2.730 dólares) no se presentaban a trabajar al Congreso, sino que prestaban sus servicios en otras dependencias del Estado y en empresas privadas.
