Ciudad de Guatemala.
Los guatemaltecos regresan este domingo a las urnas para elegir a un nuevo presidente, intentando dejar atrás los escándalos de corrupción que han estremecido las administraciones anteriores, reducir los elevados índices de violencia y la masiva emigración hacia Estados Unidos.
Cuatro años después de que el comediante Jimmy Morales llegara al poder tras la renuncia del expresidente Otto Pérez, cuatro meses antes de culminar su mandato por cargos de corrupción y en medio de masivas protestas, Guatemala definirá hoy si apuesta por un nuevo futuro o la continuidad de lo mismo.
La balanza se inclina por la última opción, con candidatos señalados por corrupción o financiación electoral ilícita entre los principales aspirantes a dirigir los destinos del país entre 2020-2024 en sustitución de Morales, quien dejará el cargo el próximo 14 de enero.
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Morales es investigado por la Fiscalía por financiamiento ilegal en la campaña electoral de 2015 que lo llevó al poder, y un hijo y hermano suyos también enfrentan investigaciones.
En 2015, los guatemaltecos vieron una esperanza de atacar la corrupción tras el arresto del presidente Otto Pérez por casos impulsados por la exfiscal Thelma Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, que busca combatir la corrupción e impunidad desde 2007.
Pero esas esperanzas se ven menguadas pues la Cicig terminará sus funciones en setiembre debido a que Morales incumplió la promesa de ampliar su misión hasta 2021 luego de que el ente internacional y la Fiscalía solicitaran investigarlo por el financiamiento ilegal de su campaña.
Aunque algunos candidatos con pocas opciones impulsan la permanencia de la Cicig, los aspirantes con posibilidades han descartado su continuidad.
El atípico proceso electoral no promete terminar con un resultado definitivo y todo apunta a que los candidatos disputarán un balotaje en agosto próximo.
La favorita para ganar la primera vuelta es la socialdemócrata Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011 para poder postularse a la primera magistratura.
Le sigue el derechista Alejandro Giammattei, quien se postula por cuarta vez, aunque algunas proyecciones ubican a Roberto Arzú, hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), como un posible segundo lugar en su primera incursión para alcanzar la presidencia.
Corrupción.
El sucesor de Morales tendrá que tomar el timón de uno de los países más desiguales del mundo, sumido en una espiral de pobreza y violencia por las pandillas, la corrupción y el narcotráfico. En “este país de ricos lleno de pobres” la economía avanza a un ritmo más acelerado que el resto de la región latinoamericana -cerró 2018 con un crecimiento de 2.8% del PIB mientras Latinoamérica promedió un 1.2 %. Aún hay sectores abandonados, la pobreza se mantiene y la migración a EEUU sigue en un flujo que preocupa a la seguridad nacional de ese país.
Las remesas han aumentado en un 12.4 % los primeros cinco meses del año en curso en relación al mismo lapso de 2018, hasta alcanzar los 4,044,91 millones de dólares de enero a mayo.
| Crisis. Miles de guatemaltecos han emigrado a Estados Unidos en los últimos años, huyendo de la pobreza y la violencia.
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Han fallecido cinco menores migrantes en custodia de las autoridades norteamericanas, todos provenientes de una realidad surrealista que se vive en el interior de la República guatemalteca: escasez, violencia, pobreza, falta de oportunidades laborales y extrema desigualdad, como ha denunciado el ómbudsman Jordán Rodas.
Pese a que los homicidios por cada 100,000 habitantes se han reducido durante el primer trimestre de 2019, delitos como la extorsión han superado la capacidad del Gobierno para remediar un mal que acecha a sus habitantes.
En ese contexto, los principales candidatos de la contienda electoral se han propuesto cambiar la realidad del país. Desde el regreso de los programas sociales implementados hace 10 años, al desarrollo fronterizo, la pena de muerte como método disuasorio o un plan del “buen vivir” y la dignificación de los indígenas y campesinos.
| Crisis migratoria de extranjeros que cruzan por ese país para llegar a EEUU.
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Propuestas.
Torres, candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (agrupación que gobernó de 2008 a 2012), apuesta por “ordenar el Estado” y aplicar una política de “austeridad” que permita “reglas claras para atraer la inversión extranjera al país”.
Su primer compromiso es el regreso de programas sociales del Gobierno de su exesposo Álvaro Colom -que ella lideró- como la “bolsa solidaria” y la educación y salud gratuita, así como una política de empleo de primer ingreso y para mayores de 40 años.
Para contrarrestar la violencia, Torres confía en la “modernización” del Ejército para que vuelvan a patrullar en las calles y dar en concesión nuevas cárceles que estarían fuera de los centros urbanos.
El patrullaje de militares es un tema que también abordan sus dos más próximos contendientes, según las últimas encuestas, el exdirector de presidios Alejandro Giammattei (candidato de Vamos) y el expresidente del club de fútbol Comunicaciones Roberto Arzú (hijo del expresidente fallecido Álvaro Arzú Irigoyen y candidato de la coalición PAN-Podemos).
Giammatei, arriba de Arzú y segundo en la intención de voto, se basa en un “muro económico de prosperidad y trabajo” que contempla un “plan de innovación y desarrollo” a mediano plazo, desarrollo de la zona fronteriza y “retomar el control de las cárceles” con énfasis en su desahogo mediante medidas sustitutivas y brazaletes electrónicos.
Arzú también buscará retomar el control de cárceles, pero lo hará mediante la “militarización”, además de blandir la pena de muerte como punto esencial para “acabar con la violencia”.
Arzú hijo quiere que Estados Unidos e Israel administren “los puertos, aeropuertos, aduanas y migración” para “acabar con el crimen organizado”.
La Conferencia Episcopal de Guatemala alerta a la población para que esté atenta a la idoneidad moral de los candidatos para evitar que personas movidas por intereses personales sean electas, sobre todo aquellas que se sospecha han participado en actos de corrupción.
Según las estimaciones, un 30 % del presupuesto general del Estado es vulnerable a la corrupción y un estudio presentado en enero pasado por Transparencia Internacional (TI) aseguró que en 2018 Guatemala obtuvo la calificación más baja de los últimos 12 años en el índice de percepción de la corrupción.
