Washington, EUA.
Una jueza de Estados Unidos ordenó hoy al Gobierno del presidente, Donald Trump, que deje abortar a una inmigrante de 17 años que cruzó la frontera con México de manera irregular el mes pasado y está bajo custodia de las autoridades federales.
La decisión se produjo este miércoles durante una audiencia en la corte del Distrito de Columbia, en Washington, según recoge el diario The Washington Post.
Durante la vista, la jueza Tanya S. Chutkan dijo estar 'asombrada' ante las restricciones impuestas por el Gobierno, puesto que en EUA el aborto está permitido desde 1973, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que el Estado no puede interferir en la decisión de la mujer sobre la interrupción de su embarazo.
'El hecho de que esté aquí ilegalmente no significa que no tenga derechos constitucionales', añadió Chutkan.
Los abogados del Gobierno defendían que la inmigrante no tenía derecho a abortar mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades, a no ser que se tratara de una emergencia médica.
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De esa forma, a juicio de Chutkan, quien fue nombrada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), el Gobierno de EUA le estaba ofreciendo a la inmigrante solo dos opciones: volver a la nación de la que había huido para obtener un aborto o seguir adelante con un embarazo no deseado.
'Estoy asombrada con esa posición', dijo Chutkan durante la audiencia, que duró unos 40 minutos, según recoge el Post.
Así, la magistrada ordenó al Gobierno de Trump que transporte a la adolescente o que permita que un tutor la lleve 'con prontitud y sin demora' a un centro médico para abortar cercano al lugar en el que está detenida en Brownsville (Texas, EUA).
El lugar de origen de la mujer, que lleva 15 semanas de embarazo, no aparece en los documentos judiciales, por lo que se desconoce si el aborto es legal en su país de procedencia.
El veredicto dictado hoy está limitado al caso de 'Jane Doe' -nombre genérico para proteger la identidad de la adolescente- y caducará en 14 días, por lo que se prevé que el proceso de eliminación del feto se dé esta misma semana.
'Por fin, nuestra cliente podrá obtener la atención que necesita sin que los funcionarios federales se interpongan en el camino', apuntó hoy en un comunicado facilitado a Efe Brigitte Amiri, abogada del proyecto de libertad reproductiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La letrada dijo que, a pesar de que el coraje y la perseverancia de 'Jane Doe' fueron increíbles, 'nadie debería ir a la corte para obtener un aborto seguro y legal o ser tomado como rehén por un puñado de funcionarios del Gobierno'.
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Por su parte, Susan Hays, directora legal de Jane's Due Process, una fuente de referencia legal para adolescentes que enfrentan embarazos no deseados en Texas, se alegró en el mismo documento de que la corte federal 'haya reconocido y respetado' la dignidad y la humanidad de la joven indocumentada.
Debido a que la ley de Texas requiere el consentimiento de los padres o una autorización judicial antes de que un menor pueda obtener un aborto, 'Jane Doe' fue a la corte con ayuda de un abogado y un tutor designado y logró la licencia judicial necesaria.
Sin embargo, el Gobierno federal intervino para bloquear su traslado a la clínica y pidió a la joven que visitara un centro de 'atención y crisis', organizaciones manejadas por instituciones religiosas que buscan convencer a las mujeres embarazadas para tener el bebé.
En una declaración, la Administración para Niños y Familias de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas e inglés) defendió su cuidado del adolescente y su decisión.
'No existe un derecho constitucional para que una menor embarazada atraviese ilegalmente la frontera de Estados Unidos y obtenga un aborto electivo mientras se encuentra bajo custodia federal', dijo el comunicado.
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'La ley federal es muy clara al otorgarle al director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados la responsabilidad legal de cuidar la salud y el bienestar de un menor en el programa de niños extranjeros no acompañados y, en este caso, de su bebé por nacer', dijo el comunicado; continuado. 'No podemos ceder nuestra responsabilidad de cuidar a los menores y sus bebés al liberarlos a los grupos de defensa ideológica'.
El juez advirtió que si la administración no cumplía con la orden, se podría encontrar a los funcionarios en desacato al tribunal.
