En el sur de la Ciudad de México, unos mototaxistas recogen rápidamente a unos pasajeros, mientras otros alertan que la Policía está próxima; en los últimos días estos trabajadores han pasado a actuar de forma casi clandestina, en medio de acusaciones de que son cómplices de una red delictiva.
Al margen de la ley, aunque tolerados por las autoridades, los mototaxistas ejercían su trabajo con normalidad hasta la muerte de Felipe de Jesús Pérez, alias el Ojos y presunto líder del llamado cártel de Tláhuac, en referencia a la zona donde opera, en un choque con marinos.
El enfrentamiento puso en el punto de mira tanto al jefe de la demarcación de Tláhuac, Rigoberto Salgado, por su posible complicidad con el Ojos, como a los mototaxistas, acusados de ejercer como 'halcones' (vigilantes) del grupo y ayudar en la distribución de la droga.
Una semana después de la muerte del Ojos, el Gobierno capitalino llevó a cabo un operativo en el que retuvo 70 unidades de mototaxis; una cifra simbólica de los más de 10.000 que trabajan en el sur de la ciudad, agrupadas en 34 organizaciones.
Los operativos continúan en Tláhuac, donde el aumento de los controles de seguridad es perceptible y se puede ver a grupos de policías deteniendo a microbuses y registrando a los pasajeros de forma aleatoria.
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El problema de los mototaxis 'comienza desde la ilegalidad de su existencia', argumenta a Efe el periodista y analista Héctor de Mauleón, haciendo referencia a que, en primer lugar, las asociaciones de estos vehículos deben pagar una cuota a la demarcación -'no fiscalizada'- para que les dejen operar de forma no regulada.
A esto se le suma el papel que tuvo el Ojos, quien les cobraba 'otra cuota, y utilizó a algunos para que les avisaran de la presencia de patrullas, operativos, etc. y para la distribución de droga' al menudeo. EFE
