Narcotráfico, 46 años de muerte y dolor en Honduras

SAN PEDRO SULA

El crimen de los esposos Mario y Mary Ferrari en 1978 fue la luz roja que alertó de la existencia del narcotráfico en el país. De ese hecho a la actualidad han transcurrido 46 años de violencia y una marcada implantación de sus tentáculos en los tejidos políticos, sociales y empresariales.

La penetración de las estructuras del narcotráfico ha sido tal que un expresidente del país se encuentra preso en Estados Unidos por ese delito. En esa misma situación se hallan en el país del norte varios exdiputados y expolicías, la mayoría ya condenados por narcotráfico y lavado de activos.

Al menos 64 hondureños también han sido procesados, enjuiciados y condenados en Estados Unidos por sus nexos en el lavado de activos o delitos ligados a la narcoactividad.

El crimen de los Ferrari fue un hecho inusitado para la sociedad de aquel momento y uno de los mayores escándalos que afrontó el régimen del fallecido general Juan Alberto Melgar Castro, ya que en el caso se manejó la vinculación de jerarcas militares.

Según registros periodísticos, una de las muchas causas que supuestamente originaron posteriormente el golpe de Estado contra el general Juan Alberto Melgar Castro fue la determinación de este de desenmascarar a los militares narcos, en un afán por limpiar la imagen del gremio armado.

Los esposos Ferrari fueron encontrados asesinados en un pozo de malacate el 15 de junio de 1978 en la finca San Jorge, en lo que hoy es la populosa colonia Cerro Grande de Tegucigalpa.

En el asesinato se manejó la participación de jefes militares hondureños ligados al narcotráfico, pero solo se condenó a dos personas, al sargento Dimas Reyes y Raúl Matta, colaborador de la Policía, personajes de menor connotación.

El sargento Dimas Reyes estaba asignado al G-2 de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas. En las instalaciones de ese cuerpo militar se presume que fue planificado el asesinato del matrimonio.

En el caso también se vinculó a Juan Ramón Matta Ballesteros, jefe de un grupo dedicado al narcotráfico y sindicado como autor intelectual del asesinato de los esposos Ferrari. Se supo que el crimen fue por discordias entre ellos y Matta por el negocio del narcotráfico.

Matta salió huyendo a Colombia por ese crimen y los militares le permitieron huir, pues contaba con la complicidad de los uniformados, pero después regresó al país. De Colombia huyó de la cárcel por problemas relacionados con redes del narcotráfico.

Matta estableció en el país muchos vínculos sociales, políticos y económicos porque era un hombre muy relacionado y de mucha iniciativa que tenía nexos de narcotráfico en varios países del mundo. Este hondureño trastocó muchas circunstancias del entorno hondureño.

Ramón Matta Ballesteros fue capturado y extraditado de forma irregular a Estados Unidos 1988 tras ser capturado por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, siglas en inglés) y el Ejército hondureño. En ese entonces no había tratado de extradición con Estados Unidos.

Matta está preso en Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua por el delito de narcotráfico y su vinculación con el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, hecho ocurrido en México en 1984. El 7 de diciembre de 2018, EUA le retiró los cargos del asesinato de Camarena Salazar.

Saúl Bueso Mazariegos, criminalista y oficial de policía retirado, quien fue el primer subdirector de la Dirección de Investigación Criminal (DIC creada en 1994), ahora llamada DPI, refiere que en la época de los años 80 había otros factores que contribuyeron a que el narcotráfico creciera en el país. Uno de los factores fue que mientras los países vecinos se debatían en las disputas de poder y movimientos guerrilleros, Honduras gozaba de una relativa paz.

Esa situación originó que el país se convirtiera en un “oasis de paz”, por el cual circulaban miembros de frentes guerrilleros, y eso daba lugar al tráfico de armas, drogas y presencia de tropas extranjeras sin control.

Además, permitió ver a Honduras como el país del centro de América en el cual se podían manejar estratégicamente cosas que no permanecían ocultas a los grandes capos del narcotráfico, como el hecho de que era un territorio geográficamente conveniente para el paso de la droga.

Los reportes periodísticos refieren que con el crimen de los Ferrari y el caso de Matta Ballesteros se originó una serie de implicaciones de militares entre sí, lo que sumado a las indagaciones de la DEA, donde aparecían como sospechosos, causó que el cuerpo castrense empezara a desligarse de las acciones contra el narcotráfico.

A finales de los ochenta empezó a darse un proceso de desmilitarización en el país y se creó bajo la égida de la Fuerza de Seguridad Pública la Dirección Nacional Antidrogas (DNA), lo que se suponía eran los primeros pasos de la depuración en el país en la lucha contra el narcotráfico. Esas dos entidades policiales siempre eran parte de las Fuerzas Armadas.

En 1994, los militares fueron desligados por completo de la seguridad pública y de sus funciones contra el narcotráfico con la creación del Ministerio de Seguridad en la administración del presidente Carlos Roberto Reina y se crea la Policía Nacional Preventiva. Además, la Dirección de Investigación Criminal (DIC), que desde su inicio pasó a ser parte del Ministerio Público (MP).

En el año 1994 también entra en funciones el MP con tres direcciones; entra ellas, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). Posteriormente, la DIC pasó a ser parte del Ministerio de Seguridad, y esa secretaría de Estado creó su dirección antidrogas, que con la DLCN asumieron el combate al narcotráfico, que ya para ese tiempo había crecido en forma acelerada.

A inicios de los años noventa, el control del tráfico de drogas es asumido por varios minicarteles que operaban en las zonas del atlántico y Olancho.

De esas estructuras criminales las que lograron crecer y tomar el control del narco fueron los carteles de los Monte Bobadilla y Los Cachiros en Colón. En el occidente del país, el control del trasiego de la droga lo asumió el cartel de los Valle Valle.

El cartel de Los Cachiros, liderados por los hermanos Javier y Devis Leonel Rivera Maradiaga, y el cartel de los Valle Valle, jefeados por los hermanos Luis y Arnulfo Valle, lograron una verdadera organización criminal interna copiada de los carteles de Colombia.

En la era de esos dos carteles es cuando se ensancha más el narcotráfico hasta 2014, ya que se expandió en una forma sobredimensional y sus tentáculos se implantan de manera profunda en los tejidos políticos, policiales, sociales y empresariales, lo que les permitió que operaran prácticamente a sus anchas unos 24 años, que amasaran grandes fortunas y que se generara en Honduras una ola de crímenes.

En enero de 2012, el Congreso Nacional aprobó un acuerdo para permitir la extradición de hondureños a Estados Unidos acusados de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

Eso permitió que la justicia norteamericana se llevara a varios hondureños que reclamaba porque tenían cargos por la comisión de delitos de narcotráfico y crimen organizado.

Ante la inminente extradición, los hermanos Javier y Devis Leonel Rivera Maradiaga, líderes del cartel Los Cachiros, negociaron con la DEA y entregaron a varios hondureños a cambio de beneficios. Se entregaron a la justicia de EUA y actualmente Devis Leonel es testigo colaborador de la Fiscalía de Nueva York.

El primer extraditado fue Carlos Arnoldo Lobo, conocido como el Negro Lobo, quien empezó como lanchero con el clan de los Montes Bobadilla y después se independizó transportando cargamentos de cocaína por la vía marítima para los carteles mexicanos. El Negro Lobo fue capturado el 26 de marzo de 2014.

Después del Negro Lobo extraditaron a varios capos que empezaron trabajando con los carteles de los Montes Bobadilla, los Cachiros y los Valle Valle, y después operaban en forma independiente; entre ellos, Héctor Emilio Fernández “Don H”, Wilter Blanco, Víctor Hugo Díaz Morales el “Rojo” y Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Copán.

También extraditaron a los jefes del cartel de los Valle Valle, los hermanos Luis y Arnulfo Valle.

Devis Leonel Rivera Maradiaga, Víctor Hugo Díaz Morales el “Rojo” y Alexander Ardón en sus declaraciones en Estados Unidos implicaron en la actividad del narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, ambos presos en Estados Unidos. El primero enfrenta un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y el segundo ya condenado a cadena perpetua.

También fue implicado en el delito de narcotráfico el exdiputado Fredy Nájera, condenado a 30 años de prisión. A pesar de la extradición de grandes capos de la droga, como los Valle Valle y Wilter Blanco, hace varios años, la droga sigue pasando por Honduras. Solo en 2023 decomisaron 470 kilos de cocaína.