Washington, Estados Unidos.
En octubre, los funcionarios del DHS viajaron a Honduras para discutir los detalles sobre la implementación del plan sin precedentes, llamado el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), de acuerdo con los materiales informativos elaborados para el secretario interino del DHS, Chad Wolf, y obtenidos por BuzzFeed News.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) iniciar en enero la deportación a Honduras de extranjeros solicitantes de refugio como parte del Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo (ACA).
Trump ordenó al DHS que implemente un acuerdo para enviar a los solicitantes de asilo a Honduras en enero próximo, sin embargo las autoridades hondureñas indicaron que estarán listos para recibir a esos inmigrantes hasta el primer trimestre de 2020.
La implementación del acuerdo se ha encontrado con una serie de problemas que parecen estar complicando la fecha límite de enero.
El acuerdo con Honduras se firmó inicialmente el pasado septiembre, en ese momento, los funcionarios de la agencia no proporcionaron muchos detalles específicos sobre su implementación, y es parte de la estrategia de la administración Trump para disuadir a los solicitantes de asilo de llegar a la frontera con Estados Unidos.
Los críticos dicen que la administración Trump está obligando a las personas que huyen de la violencia y la pobreza a regresar a países que tienen sistemas de asilo débiles y no pueden proteger a su propia gente, y mucho menos a los migrantes.
Guatemala ya implementó acuerdo
La semana pasada, los funcionarios del DHS implementaron un acuerdo similar para enviar a Guatemala a los solicitantes de asilo adultos recogidos en el área de El Paso que son de Honduras y El Salvador.En octubre, los funcionarios del DHS viajaron a Honduras para discutir los detalles sobre la implementación del plan sin precedentes, llamado el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), de acuerdo con los materiales informativos elaborados para el secretario interino del DHS, Chad Wolf, y obtenidos por BuzzFeed News.
Las discusiones en Honduras parecen haber topado con algunos obstáculos. Primero, los funcionarios hondureños han solicitado que nadie condenado o acusado de un delito grave sea enviado a su país, una propuesta que fue vista por los funcionarios del DHS como 'operacionalmente inviable dada la naturaleza acelerada de los traslados'.
También querían que los solicitantes de asilo 'manifestaran su conformidad' o expresaran su acuerdo de ser transferidos, algo que los funcionarios del DHS recomendaron rechazar o aclarar porque 'no era legal ni operacionalmente factible'.
Además, los funcionarios hondureños querían que las transferencias comenzaran solo una vez que ambos países 'notificaron que habían cumplido con las condiciones legales e institucionales necesarias para la implementación adecuada de este acuerdo'. Pero en privado, los funcionarios del DHS vieron esa solicitud como un intento de salir del país. tratar si quisieran.
'Esto se lee como la escotilla de escape [del gobierno de Honduras] para no implementar el ACA dada su falta de' condiciones institucionales 'o como el gancho para exigir más ayuda' de los Estados Unidos o de organizaciones no gubernamentales, escribieron los funcionarios.
Vea: 29,000 inmigrantes hondureños han solicitado asilo a EEUU en el último año
Los funcionarios del país centroamericano también querían una definición de lo que constituiría una exención de 'interés público' para deportar a alguien a Honduras. La exención vaga también se está utilizando en el plan para deportar a solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras a Guatemala.
Pero en su recomendación a Wolf, los funcionarios del DHS dijeron que la solicitud debería rechazarse ya que le da al gobierno de EEUU 'más flexibilidad operativa' para no definir lo que consideran 'la exención de interés público para cuando eligen 'no eliminar a un extranjero de conformidad con la ACA'.
Los funcionarios del DHS han dicho previamente que más del 71% de las personas detenidas en la frontera sur en el año fiscal 2019 eran de Guatemala, Honduras o El Salvador.
