Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, afirman que la amnistía en los delitos cometidos por los ex funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya no cabe.
El ente contralor conduce investigaciones contra el ex mandatario y algunos de sus ex funcionarios por acciones ligadas al despilfarro de recursos públicos.
Las responsabilidades civiles y administrativas pudiesen derivarse de las investigaciones que hace el TSC a ex funcionarios de la administración Zelaya Rosales, no estarían sujetas a un olvido tal y como lo propone el presidente de Costa Rica, óscar Arias, mediador en el conflicto que vive Honduras.
“Desde mi punto de vista personal no cabe realmente la amnistía en materia de responsabilidades civiles o responsabilidades administrativas”, manifestó Renán Sagastume, presidente del TSC.
A su juicio, lo que procede es que los ex funcionarios a quienes se les detecte indicios de mal manejo de los recursos públicos se sometan al ente contralor para desvanecer los cargos. “Lo que cabe realmente sobre esta situación es únicamente que las personas presenten los argumentos correspondientes y que se hagan los desvanecimientos o confirmaciones del caso”, expresó.
La amnistía consiste en olvidar la comisión de delitos políticos y comunes conexos. Esta facultad es privativa del Congreso Nacional. El TSC encaminó auditorías e indagaciones que llevan a concluir que existe la presunción de responsabilidades civiles y administrativas contra ex funcionarios. Algunas ya fueron notificadas y en otros casos están por deducirse.
“En estos casos, en el Tribunal Superior de Cuentas no podemos hablar de una amnistía ni de un indulto, sino que única y exclusivamente mantener las responsabilidades o aceptarlas y pagarse”, concluyó Sagastume.
Congreso deliberará hoy
El Congreso Nacional se reunirá hoy para deliberar las condiciones jurídicas y políticas de un eventual decreto de amnistía que signifique un paso para buscarle una solución a la crisis política.
Los 128 diputados están convocados para las dos de tarde, pero antes habrá reuniones separadas de las bancadas de los cinco partidos políticos que fijarán una posición de partido que será expuesta al momento de la discusión en el pleno.
El subjefe de la bancada del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, dijo desconocer cuál será la posición de su partido que encabeza Ricardo Álvarez, pero si hay una posición a favor o en contra de la amnistía, seguramente se contará con la opinión del candidato presidencial Porfirio Lobo Sosa.
La concesión de una amnistía general para perdonar los delitos políticos cometidos antes y después del 28 de junio está contemplada en el numeral dos del Acuerdo de San José que propuso el mediador y presidente costarricense Óscar Arias a las partes en conflicto.
El presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, dijo que hoy en la sesión de ese poder del Estado “habrá un debate abierto” sobre el tema de la amnistía. La idea es “poder investigar, analizar la doctrina, la jurisprudencia y poder tomar una decisión que más convenga a los intereses del pueblo, respetando la mediación del presidente Arias”.
“Éste será un debate abierto, hay que ser transparentes en esto. Hay que mandar un mensaje de buena fe. Hay que abrir una discusión que le permita a cada quien exponer su posición”, expresó Saavedra.
La última amnistía política en Honduras fue aprobada en 1990 durante la administración del ex presidente Rafael Leonardo Callejas, que dio pie para que decenas de exiliados políticos, que abandonaron el país por la represión militar de la década de los ochenta retornaran al país. Debido al fin de la “guerra fría”, Callejas le dio un “rostro de apertura” al sistema político y de esta forma surgió, en 1994, el partido Unificación Democrática, UD, de tendencia izquierdista.
La propuesta
El Acuerdo de San José plantea el tema de la amnistía como parte de la solución a la crisis política.
“Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia”, dice, “solicitamos al Congreso Nacional la declaratoria de una amnistía general, exclusivamente para los delitos políticos cometidos con ocasión de este conflicto, antes y después del 28 de junio de 2009, y hasta la firma de este acuerdo, según los términos del artículo 205, inciso 16, de la Constitución de la República de Honduras y la legislación especial vigente que regula la materia.
La amnistía deberá, además, garantizar con claridad las condiciones de seguridad y de libertad de las personas que queden bajo su amparo”.
Agrega: “De la misma manera, nos comprometemos a no iniciar ni continuar acciones legales por los actos anteriores al 1 de julio de 2009 que se deriven del presente conflicto, por un período de seis meses”.
“El incumplimiento de cualquiera de los compromisos contenidos en este acuerdo, comprobado y declarado por la Comisión de Verificación a la que se refiere el punto siete, anulará los efectos de esta moratoria para el transgresor o los transgresores”.
Reconoció institucionalidad
El Ministerio Público, MP, y la Corte Suprema de Justicia, CSJ, analizan los alcances de los puntos en materia legal insertados en el Acuerdo de San José para emitir una opinión jurídica al Gobierno.
El MP analiza la propuesta del Pacto de San José, la comisión que viajó a Costa Rica la trajo para ser objeto de análisis por varias instituciones, manifestó el fiscal Adjunto, Roy Urtecho.
El MP está medianamente de acuerdo con lo establecido en el pacto. En lo que respecta al MP y la CSJ se analiza la legalidad, el respeto a la Constitución y las leyes.
“Eso es lo que debemos de velar, no se deben negociar puntos contrarios a la Constitución de la República y las leyes, se responderá a esta consulta”, dijo.
“Nos place decirlo que el Premio Nobel de La Paz -Óscar Arias- ha reconocido la institucionalidad del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Ministerio Público en el Pacto de San José, ha establecido contundentemente los tres poderes del Estado legítimamente constituidos: el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, como el Tribunal Supremo Electoral”, manifestó Urtecho.
TSE fijará una posición de país
El Tribunal Supremo Electoral, TSE, tratará de emitir una posición consensuada sobre la petición de adelantar las elecciones y la campaña política como lo pide el Acuerdo de San José.
Al igual que la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y la Fiscalía del Ministerio Público, el TSE hará lo propio con el planteamiento del mediador Óscar Arias y se estará pronunciando esta semana.
El TSE ha estado debatiendo sobre el adelanto de las elecciones y la campaña, incluso antes del Acuerdo de San José.
“Son temas que han estado en la mesa de análisis, pero no hay ninguna decisión. Las dos opciones (elecciones y campaña) han estado en el análisis”, dijo el presidente del organismo electoral, Saúl Escobar Andrade. “Ya tenemos gente trabajando sobre eso, pero pensamos que no sería correcto, a pesar de que cada uno es independiente, que tuviéramos ideas que no fueran compatibles”, expresó el magistrado David Matamoros.
Matamoros dio a entender que el TSE fijará una “posición de país” en relación a la crisis política.
El Acuerdo de San José fue entregado el miércoles por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, a las delegaciones del ex presidente Manuel Zelaya y del mandatario Roberto Micheletti Baín.
