La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este jueves su preocupación por los efectos negativos que puede tener para el 'ejercicio libre del periodismo' en Honduras el nuevo Código Penal e instó a los legisladores de ese país a revisarlo para despenalizar todos los delitos contra el honor.
'Al mantener la criminalización de los delitos contra el honor, el nuevo Código Penal no diluye el efecto intimidatorio que puede afectar el ejercicio libre del periodismo', señaló la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Cali (Colombia).
El nuevo código entrará en vigor el próximo noviembre y la SIP confía en que antes de eso el Congreso de Honduras 'tenga voluntad para revisar, modificar o derogar algunos de los artículos que han generado polémica', como dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, director del portal La Silla Rota, de Ciudad de México.
Las críticas de la SIP están dirigidas a los artículos del código que mantiene la penalización de los delitos contra el honor e imponen penas de cárcel por la divulgación de información oficial reservada.
Según el texto aprobado en mayo, el código que sustituirá al de 1983 reduce, pero no suprime, las penas de cárcel por los delitos de calumnia, que pasan de un máximo de tres años a un año.
El delito de injuria sí fue despenalizado, pues pasa a depender del fuero judicial civil.
Rock mencionó también el delito 'relativo a la divulgación y obtención de información secreta que se castiga con prisión y desalentaría al periodismo de investigación y denuncia'.
Domínguez y Rock esperan que en la nueva ronda de conversaciones en el Congreso, de la que participará la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras y fue solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), se ajuste el código a 'los estándares y compromisos internacionales en materia de derechos humanos'.
La despenalización de los delitos contra el honor ha sido adoptada por Argentina, Bermudas, El Salvador, Granada, Jamaica, México, Panamá, Uruguay y Chile en forma parcial.