Tegucigalpa, Honduras.
La reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal que permite la discrecionalidad a los jueces para dictar medidas sustitutivas a la prisión debe regresar al Congreso Nacional y ahora requiere de mayoría calificada o de la opinión de la Corte Suprema de Justicia.
Este cambio se aprobó hace un par de semanas en el Legislativo; 68 diputados votaron a favor, pero fue vetada por el presidente de la república, Juan Orlando Hernández.
Antonio Rivera Callejas, miembro de la junta directiva del Congreso, explicó que una vez que llegue el veto a este poder del Estado se deben conocer las razones del mismo.
“Una vez que el veto regrese al Congreso se debe ir a los argumentos por los cuales lo están vetando. Pueden ser puntos legales o constitucionales”, manifestó.
Dijo que si es por inconstitucionalidad de la ley debe escucharse la opinión de la Corte Suprema de Justicia.
Si es por otras razones legales, solo se somete al pleno en donde hay dos escenarios para el voto. Uno será para quienes están a favor del veto y el otro para quienes siguen de acuerdo con la reforma a este artículo.
“Para que la reforma quede permanente aun cuando el Presidente la haya vetado se necesitan de 86 votos, es decir, mayoría calificada; si no los hay, el veto del Presidente prevalece y no se publica”, recalcó Rivera.
Cuando el Legislativo aprobó la enmienda, muchos sectores se opusieron porque favorece a quienes estén siendo acusados en ciertos delitos.
Entre ellos están: asesinato, crimen organizado, lavado de activos, extorsión, robo, entre otros.
José María Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), consideró que el Congreso continuará con este debate.
“Aunque el Presidente la vetó, eso no imposibilita que el Congreso apruebe esta reforma”, apuntó el togado.
Refirió a que hay varios parlamentarios de acuerdo en ampliar la lista de delitos que gozan de medidas sustitutivas. Por lo que instó a estar pendientes de las decisiones de los diputados.
Mario Díaz, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, exteriorizó que la reforma solo devuelve al juez la independencia y la facultad para dar medidas sustitutivas. “Esto se le arrebató a una reforma que se hizo en el año 2013”, recordó.
Díaz reconoció que hay varios aspectos que un juez debe valorar para determinar estas medidas.
La reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal que permite la discrecionalidad a los jueces para dictar medidas sustitutivas a la prisión debe regresar al Congreso Nacional y ahora requiere de mayoría calificada o de la opinión de la Corte Suprema de Justicia.
Este cambio se aprobó hace un par de semanas en el Legislativo; 68 diputados votaron a favor, pero fue vetada por el presidente de la república, Juan Orlando Hernández.
Antonio Rivera Callejas, miembro de la junta directiva del Congreso, explicó que una vez que llegue el veto a este poder del Estado se deben conocer las razones del mismo.
“Una vez que el veto regrese al Congreso se debe ir a los argumentos por los cuales lo están vetando. Pueden ser puntos legales o constitucionales”, manifestó.
Dijo que si es por inconstitucionalidad de la ley debe escucharse la opinión de la Corte Suprema de Justicia.
Si es por otras razones legales, solo se somete al pleno en donde hay dos escenarios para el voto. Uno será para quienes están a favor del veto y el otro para quienes siguen de acuerdo con la reforma a este artículo.
“Para que la reforma quede permanente aun cuando el Presidente la haya vetado se necesitan de 86 votos, es decir, mayoría calificada; si no los hay, el veto del Presidente prevalece y no se publica”, recalcó Rivera.
Cuando el Legislativo aprobó la enmienda, muchos sectores se opusieron porque favorece a quienes estén siendo acusados en ciertos delitos.
Entre ellos están: asesinato, crimen organizado, lavado de activos, extorsión, robo, entre otros.
José María Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), consideró que el Congreso continuará con este debate.
“Aunque el Presidente la vetó, eso no imposibilita que el Congreso apruebe esta reforma”, apuntó el togado.
Refirió a que hay varios parlamentarios de acuerdo en ampliar la lista de delitos que gozan de medidas sustitutivas. Por lo que instó a estar pendientes de las decisiones de los diputados.
Mario Díaz, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, exteriorizó que la reforma solo devuelve al juez la independencia y la facultad para dar medidas sustitutivas. “Esto se le arrebató a una reforma que se hizo en el año 2013”, recordó.
Díaz reconoció que hay varios aspectos que un juez debe valorar para determinar estas medidas.
