Desde el 31 de enero, que a través de su red social X aseguró que respetaría las rotaciones en las coordinaciones de las Salas del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, presidenta de este poder del Estado, desapareció de la palestra pública.
Con los rumores de que se consumaría un zarpazo a la Sala Constitucional, la titular del Poder Judicial se ausentó de participaciones públicas, a deducir, para evitar el escrutinio y cuestionamiento de la prensa nacional, sobre el intrincado tema de las rotaciones.
Su cautela fue más evidente cuando el 14 de febrero dejó de asistir a la eucaristía de inicio de la Cuaresma en la Corte Suprema de Justicia, a la que ha sido costumbre la presencia de sus máximas autoridades.
El 16 de febrero fue la última ocasión que se supo de la presidenta Rebeca Ráquel cuando publicó en su cuenta de X el oficio en el que ordenaba el nombramiento de Vallecillo.
Similar situación atraviesa el magistrado Wagner Vallecillo, quien desde que se hicieron públicas las intenciones de nombrarlo presidente de la Sala Constitucional se ha llamado al silencio y a evitado a toda costa dar su opinión sobre las polémicas rotaciones.
Los conocedores de la materia son del criterio que se alteró ilegal y abruptamente el orden de precedencia al nombrarlo presidente, ya que le correspondía tomar ese cargo al magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos.
Yani Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), aseguró que Vallecillo, de corte liberal, será respetuoso de la ley y no aceptará la titularidad de la estratégica Sala Constitucional.
Este rotativo intentó de nueva cuenta tener su reacción en torno a su nombramiento y sí había valorado no aceptar la designación, pero no hubo respuesta de parte de Vallecillo.
En las instalaciones del Poder Judicial todo sigue gris. No se dio la esperada convocatoria al pleno y en los pasillos solo se perciben más dudas que respuestas a la crisis.
Interponer recursos
Las decisiones adoptadas unilateralmente por Ráquel son rechazadas rotundamente por diversos sectores sociales, políticos, organismos contra la corrupción y hasta la comunidad internacional.
La oposición política fue la primera en señalar la acción de ilegal y arbitraria, al grado de buscar impugnarla vía recursos de inconstitucionalidad.
El profesional del derecho Jaime Rodríguez explica que estas acciones legales no surtirán ningún efecto y serían desestimados porque no los están incoando las personas adecuadas del caso.
“Lo que procede es presentar una nulidad, y la nulidad la debe de presentar alguien que esté legitimado; en este caso debería de ser el magistrado Luis Padilla o cualquiera de los magistrados de la Sala Constitucional u otros magistrados”, apuntó Rodríguez.
