Hoy a las 12:00 am vence el plazo para presentar la declaración jurada de bienes a los funcionarios del Gobierno que devengan salarios superiores a los 30 mil lempiras mensuales.
La semana pasada, la aglomeración de empleados en el TSC (Tribunal Superior de Cuentas) era de casi 500 personas al día para poder actualizar o rendir su primera declaración de bienes.
Pese a que desde inicios de enero hasta el 30 de abril es el período para la presentación de su declaraciones, como siempre, los empleados públicos esperan a última hora a hacer ese trámite. Algunos a veces hasta las misma 11 pm del 30 de abril llegan a presentar sus documentos.
Multas inmediatas
Según Alva Rivera, secretaria del TSC, de acuerdo con la estadística, al menos 70 mil son los funcionarios que deberán informar al Estado todos sus bienes, para que en auditorías a posteriori
se detecte si se enriquecieron o no, o si lo hicieron de manera lícita o ilegal.
Cabe mencionar que en las actualizaciones de declaraciones los empleados deben reportar hasta el cambio de cónyuge, siempre y cuando esto haya incrementado su patrimonio económico, según Rivera.
Una de las novedades con esta declaración es que en primer lugar no habrá prórroga, y quien a partir del martes no haya presentado la declaración jurada será sancionado de inmediato con cinco mil lempiras de multa.
Usan testaferros
Según Rivera, con las declaraciones juradas existe una oficina especial que al azar toma varios expedientes y los investiga para determinar si realmente las declaraciones están ajustadas a la realidad o no.
Para ello, confirman la información en el sistema financiero nacional, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el Instituto de la Propiedad, entre otros, para establecer la veracidad o no las declaraciones. Señaló que es difícil detectar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios porque operan con figuras como testaferros, que no existe como figura legal en el país, por lo tanto no está sancionada.
El testaferro es el que usan los funcionarios en el poder para que les custodien bienes y fortunas, pero es difícil llegar a ellos por la falta de investigación y legislación, dijo Rivera.
