Tegucigalpa, Honduras.
Realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial sobre el crimen de Berta Cáceres Flores es la pretensión de un grupo de juristas internacionales que llegaron al país.
Cáceres fue asesinada en la madrugada del pasado 3 de marzo en su residencia en La Esperanza, Intibucá.
Los profesionales se han organizado en el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe), entre ellas Miguel Urbina de Guatemala, Jorge Molano de Colombia, Roxanna Altholz de Estados Unidos, Liliana Uribe de Colombia y Daniel Caxon de Holanda, quienes se reunieron con Ricardo Castro, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), y personal del Conadeh.
Liliana Uribe, vocera del grupo de juristas, explicó que al concluir la primera visita de un período de diez días, “valoramos como un paso significativo el reconocimiento de los derechos de las víctimas, al igual que la instalación de la Mesa de Trabajo entre el Ministerio Público y los familiares de las víctimas, con acompañamiento de la comunidad internacional. Sin embargo, “llamamos al MP a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, eliminando la secretividad y facilitando el impulso probatorio tendiente al esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de las responsabilidades penales”.
Realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial sobre el crimen de Berta Cáceres Flores es la pretensión de un grupo de juristas internacionales que llegaron al país.
Cáceres fue asesinada en la madrugada del pasado 3 de marzo en su residencia en La Esperanza, Intibucá.
Los profesionales se han organizado en el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe), entre ellas Miguel Urbina de Guatemala, Jorge Molano de Colombia, Roxanna Altholz de Estados Unidos, Liliana Uribe de Colombia y Daniel Caxon de Holanda, quienes se reunieron con Ricardo Castro, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), y personal del Conadeh.
Liliana Uribe, vocera del grupo de juristas, explicó que al concluir la primera visita de un período de diez días, “valoramos como un paso significativo el reconocimiento de los derechos de las víctimas, al igual que la instalación de la Mesa de Trabajo entre el Ministerio Público y los familiares de las víctimas, con acompañamiento de la comunidad internacional. Sin embargo, “llamamos al MP a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, eliminando la secretividad y facilitando el impulso probatorio tendiente al esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de las responsabilidades penales”.
