30/04/2024
08:34 AM

Inspectoría investiga a tres magistrados

Fiscalía conoce también la denuncia

Tegucigalpa. Por liberar a una exjueza y dos abogados, la Inspectoría de Tribunales, de la Corte Suprema de Justicia, investiga a tres magistrados de Cortes de Apelaciones.

Se refiere a una denuncia que por el delito de prevaricato se puso contra los magistrados Martha Merino, Nerys Castro y María Deras. Estos funcionarios judiciales habrían incurrido en el delito de prevaricato por una resolución que dictaron el pasado 2 de septiembre, cuando revocaron un auto de prisión que un juzgado de primera instancia decretó en contra de la exjueza Catalina Sevilla y de los abogados Jorge Rodríguez y Plutarco Rivera. Este último es hijo del asesor de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, Rodil Rivera Rodil.

La Fiscalía los acusó por supuestamente incurrir en actos de corrupción, por resolver Sevilla pagar a Mendoza y Rivera 33 millones de lempiras, cuando correspondían 1,500 lempiras.

El fallo de la Corte de Apelaciones contradice la sentencia de la Sala Constitucional, que ordena a Rivera y Rodríguez devolver los 33 millones de lempiras por ser otorgados de manera indebida.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, manifestó que las denuncias por prevaricato las conoce la Inspectoría de Tribunales, que hará un análisis del procedimiento, no de fondo del fallo.

Para proceder contra magistrados de Cortes de Apelaciones por prevaricato es necesario emprender el antejuicio ante la Sala Penal del Poder Judicial, explicó.

En esta instancia se determina si se ha actuado fuera de derecho o se resolvió conforme a la ley, agregó.

La magistrada de la Sala Constitucional, Lidia Cardona, afirmó que el caso de los magistrados está en el nivel de Inspectoría, que ya investiga. Levantará un informe y se les garantizará el derecho a defensa, dijo.

El prevaricato es un delito consistente en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.

El pasado 23 de septiembre, el abogado Roger Ordóñez interpuso la denuncia en el Ministerio Público en contra de los tres magistrados.