En medio del resurgimiento de las tensiones con El Salvador y Nicaragua por la navegación en el Golfo de Fonseca, el Estado de Honduras sigue sin plasmar en su Constitución los espacios delimitados por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 1992 y 2007, en una muestra de “indolencia inexcusable” del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, según expertos y constitucionalistas.
El tema cobra vigencia en un momento que las tiranteces, los discursos altisonantes y los mensajes guerreristas se han reavivado por la reiterada posición de los Gobiernos de Nicaragua y El Salvador de desconocer la salida y los derechos soberanos de Honduras en las aguas del Golfo de Fonseca y en el océano Pacífico.
El presidente Porfirio Lobo denunció la semana pasada que se siguen desconociendo los límites y derechos de Honduras en el Golfo de Fonseca y cuestionó la presencia de naves artilladas de la Naval nicaragüense en esa bahía.
Los pescadores hondureños se quejan de la indefensión ante los abusos de la Naval nicaragüense y la salvadoreña.
Mientras en el Congreso se aprueban a la velocidad del rayo leyes con motivaciones políticas, en los archivos de la secretaría de ese Poder del Estado duerme “el sueño de los justos” una iniciativa presentada hace seis años con el fin de plasmar en la Carta Magna los nuevos límites ratificados por la CIJ al país en 1992 y luego en 2007.
El anteproyecto fue introducido en el Legislativo a mediados de 2007 por el diputado Rodolfo Irías Navas y se turnó a la comisión de relaciones exteriores; pero nunca se dictaminó para su aprobación. Esta propuesta recibió el visto bueno de Cancillería.
En esa oportunidad, el proyectista denunció que a pesar del fallo de 1992, Nicaragua y El Salvador seguían desconociendo los derechos de Honduras, ya que cuando las naves hondureñas superan el límite de la bocana del Golfo, justo donde comienza la zona económica exclusiva, los barcos artillados impedían el acceso de nuestros nacionales, situación que continúa hasta hoy.
“El Congreso Nacional ha esperado que las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de la comisión de Soberanía y Fronteras, informe sobre los límites nuevos de nuestro país con la República de El Salvador, a efecto de reformar el numeral 3 del artículo 9 del texto constitucional; sin embargo, el disimulo, la falta de interés y hasta la negligencia han determinado que hasta la fecha no se pueda elaborar el decreto de reforma por carecer de los datos que debió haber remitido la Cancillería”, señaló en sus consideraciones.
Vacío constitucional
La Constitución de la República, en la parte atinente al territorio, no consigna los espacios conferidos a Honduras en los fallos arbitrales emitidos el 11 de septiembre de 1992 y el 7 de octubre de 2007, que delimitaron la frontera terrestre y marítima en el Pacífico y en el Atlántico con El Salvador y Nicaragua, respectivamente.
Han pasado cinco Gobiernos y la Constitución sigue presentando ese vacío jurídico. Los fallos limítrofes de 1992 y de 2007 son firmes, inapelables y de estricto cumplimiento por los Estados partes; sin embargo, los expertos y juristas opinan que persiste un vacío en la Constitución en vista de que no están consignados los territorios delimitados en ambas sentencias. Los artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Constitución establecen los espacios terrestres y marítimos propiedad o bajo soberanía del Estado de Honduras, así como los límites con Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
El texto constitucional plasma únicamente los límites con estos dos últimos países, fijados con base en los acuerdos establecidos en la Comisión mixta de límites hondureño-nicaragüense de los años 1900 y 1901 y del Tratado General de Paz suscrito en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980.
Negligencia
Expertos consultados por LA PRENSA indicaron que en estos últimos 20 años ha existido negligencia del actual y de los últimos Gobiernos de consignar constitucionalmente sus espacios terrestres y marítimos emitidas por el alto órgano de justicia.
Una reforma de los artículos que se refieren al territorio debe precisar la nueva extensión territorial, los espacios delimitados y todo lo que tiene que ver con ese fallo para evitar que siga persistiendo ese vacío jurídico con respecto a los espacios en los cuales se ejerce soberanía.
Los constitucionalistas aclararon que el hecho de que los nuevos territorios no estén consignados en la Constitución no altera la aplicación de las sentencias en virtud de que estas tienen obligatorio cumplimiento para los Estados que se sometieron a su jurisdicción.
Antes del fallo de la Corte emitido el 11 de septiembre de 1992, Honduras tenía una extensión territorial de 112,088 y después alcanzó 112,492 kilómetros cuadrados. La inclusión de ambas sentencias requiere una reforma constitucional de los artículos 9 incisos 1, 2 y 3; 10 y 11, que hacen referencias a las fronteras terrestres y marítimas con Nicaragua y El Salvador. La enmienda debe ser aprobada por la mayoría calificada del Congreso y ratificada en la siguiente legislatura.
Con motivo de los últimos roces por la soberanía en el Golfo de Fonseca, el exdiputado y abogado constitucionalista Raúl Pineda Alvarado dijo que el Gobierno está obligado a exigir a sus vecinos la plena ejecución de la sentencia de 1992; sin embargo, lamentó que carece de fuerza moral y legal en vista de que no ha mostrado interés de hacer las reformas constitucionales.
“El discurso del Presidente debe estar legitimado por las acciones; pero el Gobierno ni siquiera se ha preocupado por efectuar las reformas constitucionales que plasmen la sentencia de 1992. Por su lado, el Congreso Nacional debió recoger hace mucho tiempo en la Constitución las decisiones del alto tribunal de La Haya”, afirmó.
Pineda Alvarado explicó que el Congreso debió modificar los artículos 9, 10 y 11 constitucionales para dejar plasmados los espacios ganados en la sentencia de 1992, ya que hubo una modificación de los límites en el Golfo de Fonseca.
Recordó que a pesar de que se presentó el proyecto de decreto desde el gobierno de Zelaya Rosales no se ha tomado ninguna decisión en la actual administración de plasmar en la reforma constitucional lo que establece el fallo de La Haya y por eso “seguimos con los límites anteriores a ese laudo arbitral”.
“Hemos caído en una negligencia inexcusable por parte del Poder Ejecutivo que dirige las relaciones internacionales y por el Congreso Nacional”, deploró.
El jurista criticó el discurso guerrerista del Presidente y dijo que cometió un grave error al entrar en un lenguaje que no es el más adecuado en este momento y solo puede interpretarse como una acción distractora para que el pueblo se olvide de los problemas de inseguridad, desempleo y la grave crisis económica.
“Un lenguaje bélico no es el más adecuado para esta ocasión, especialmente cuando este es un debate que ya fue resuelto por el tribunal de La Haya. Honduras debe procurar el acceso a los organismos internacionales para asegurar la efectiva ejecución del fallo, y como primer paso el Gobierno debe efectuar un reconocimiento dentro de esa sentencia a través de la reforma constitucional”, apuntó.
Retomarán proyecto
Irías Navas dijo que la iniciativa se presentó ante el pleno del Congreso, pero la comisión dictaminadora nunca se pronunció.
“La iniciativa pasó a comisión de dictamen y ahí se quedó durmiendo el sueño de los justos. Nos parece que es prudente que la Carta Magna establezca los límites de nuestro país con sus vecinos y los estipule claramente para evitar problemas como los que estamos viviendo”, afirmó. “Vamos a pedir la próxima semana que se retome este proyecto, porque hoy más que nunca nos obliga a buscar la manera de agilizarlo”, agregó.
La Constitución debería incluir la referencia del tratado o la sentencia que establece los nuevos límites fronterizos; pero formalmente no se necesita porque el fallo del alto tribunal tiene un peso por sí mismo, dijo Carlos López Contreras, excanciller y agente de Honduras ante la CIJ. A su juicio, no es necesario porque la sentencia obliga independientemente de si lo recoge o no la carta fundamental.
Explicó que el fallo en lo concerniente al Golfo no establece límites, lo que hace es reconocer que las aguas pertenecen a los tres Estados en régimen de cosoberanía. Nicaragua y El Salvador están obligados a reconocer el derecho de cosoberanía de Honduras en las aguas no delimitadas y el derecho de proyectar sus espacios marítimos en el océano Pacífico a la par de los de ellos, agregó.
El canciller Arturo Corrales dijo ayer que no tiene sentido programar una reunión de Presidentes entre Honduras, Nicaragua y El Salvador sin que se incluya en la agenda la sentencia de La Haya de 1992.
Reiteró que Honduras continuará la vía del Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar el cumplimiento de la sentencia y poner fin al clima de tensión en el Golfo de Fonseca.
