Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que no basta que los diputados reformen la Constitución de la República para autorizar la extradición de hondureños vinculados al crimen organizado.
El año anterior, el Congreso Nacional, mediante decreto No 269-2011, reformó el artículo 102 de la Constitución de la República, autorizando de forma excepcional la extradición de hondureños en los casos relacionados con el tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, siempre y cuando exista tratado o convenio de extradición con el país solicitante.
Para aplicar dicho decreto, el Poder Judicial consideró imperativo regular, mediante una norma secundaria, un procedimiento que señale los deberes, obligaciones, derechos y garantías a que están sujetos los que intervienen en el proceso de extradición. Ante ello, la Corte elaboró el proyecto de Ley de Extradición que remitió al Congreso desde el 6 de julio, sin que el mismo esté programado en el hemiciclo para su discusión y aprobación.
“Una vez que recibimos solicitudes de extradición nos dimos cuenta de que, básicamente, para los hondureños no era suficiente la reforma constitucional; en consecuencia, el Poder Judicial impulsó un reglamento para que, a través de un decreto ley, se establezca el procedimiento completo y claro a seguirse en los casos de extradición”, expresó Rivera Avilés. Mientras no se apruebe una ley secundaria, el proceso para resolver solicitudes de extradición de hondureños permanecerán en suspenso.
Una de las solicitudes es la de Carlos Lobo, quien es pedido por el Gobierno de Estados Unidos; este expediente está en suspenso en el pleno.
Los magistrados de la Corteentienden que el proyecto que remitieron está en estudio en el Legislativo. “Una vez que esté aprobado estaremos dando el curso que corresponde a las solicitudes de extradición de conformidad con la ley; pero sobre todo con respeto al debido proceso y derechos humanos”, dijo.
