El Congreso Nacional se decidió por la posición de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), que propone reformas en Ley Orgánica del Ministerio Público.
Las reformas incluyen la creación de la Oficina Técnica de Investigación y el reacomodo de funciones y atribuciones del Fiscal General y del Fiscal Adjunto.
Esta reforma amplía la participación de la sociedad y de la academia en el proceso de nominación de candidatos y garantiza la transparencia en la elección de los titulares del Ministerio Público.
Los aspirantes pasarán por audiencias públicas, cuya calificación será del público conocimiento. Los que resulten con mayor porcentaje de evaluación serán los que integren la nómina de cinco candidatos que participarán en la elección en el pleno.
Se conoció que el dictamen será conocido por el pleno en las sesiones del 18 al 21 de julio en Copán Ruinas y en Gracias, Lempira.
Estas reformas, que incluyen unos 40 artículos de los 84 con que cuenta la Ley Orgánica del MP, deberán estar aprobadas antes del 31 de julio, según miembros de la Comisión de Dictamen.
Si hay un inconveniente en la aprobación de estas reformas y su publicación en el Diario La Gaceta, la titularidad del Ministerio Público será asumida el 1 de agosto por el director de fiscales, conforme lo establece la ley, en el sentido de que, cuando falten el Fiscal General y el Fiscal Adjunto, el coordinador de fiscales los suple mientras el Congreso elige a los sustitutos.
La ponencia en el Congreso Nacional es que, una vez aprobadas las reformas y publicadas en el diario La Gaceta, se dará vida a la junta proponente para escoger los candidatos a Fiscal.
Este proceso llevará unos 15 días, de manera que si la ruta trazada en el Congreso no tiene contratiempos, los fiscales serán electos a más tardar a finales de agosto.
Lo anterior trasluce según las declaraciones a los periodistas por miembros de la Comisión de Seguridad del Congreso, de la Comisión de Reforma y algunos voceros de las ONG.
El miembro de la CRSP, Matías Funes, declaró: “Estamos planteando que debe mejorarse el proceso de selección del Fiscal y Fiscal Adjunto con fuerte participación de la sociedad civil (no de un grupúsculo), con altos niveles de transparencia, participación de la academia y un sistema de evaluación permanente y, sobre todo, tomar en cuenta los méritos profesionales y éticos de las personas y no tanto su militancia política”.
Por cinco años
El asesor del Congreso, Ebal Díaz, afirmó que los tres grandes debates son si se aprueban las reformas, el procedimiento de selección de las nuevas autoridades, si se van a elegir por un nuevo período o por el período que les quedaba a los que vacaron.
Otros elementos que hay que discutir son los siguientes: La investigación ¿dónde debe estar? ¿Debe estar en la Policía, en el Ministerio Público, en el nuevo Instituto de Medicina Forense? Todos son elementos que hay que discutir, indicó el asesor.
De acuerdo con las consultas a los jefes de bancada, está claro que el Fiscal General y el Fiscal Adjunto serán electos por el Congreso Nacional por un período de cinco años, lo que es tomado como una decisión política.
