El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este jueves un informe en el que cuestiona una iniciativa de modificación constitucional que, según la entidad, sería un “obstáculo” para la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih).
La iniciativa de reforma por adición al artículo 232 de la Constitución de la República, planteada por Xiomara Hortencia Zelaya, diputada de Libre e hija de la presidenta Xiomara Castro, pretende “combatir frontalmente la corrupción y la impunidad... facultando para el ejercicio de las funciones investigativas de forma independiente a la Cicih”.
En julio de este año, Naciones Unidas envió al Gobierno el primer memorándum de entendimiento para la instalación de la Cicih, donde recomendaba al Estado facultar a la Comisión como un acusador privado.
El CNA señala que la reforma pretende incluir a que la Cicih realice investigaciones de forma independiente en acompañamiento a la Fiscalía, y no como un querellante adhesivo, como lo han pedido ciertos sectores de sociedad civil.
El CNA expone que la reforma emplea un “criterio de excepcionalidad”, lo que genera un “enfoque contradictorio” a la redacción del contenido en el capítulo IV del decreto 04-2022, donde se detalla que los poderes de investigación e independencia serían “plenos” para la Cicih.
El CNA concluye en su informe si el listado de delitos planteados en la propuesta engloban en su totalidad los delitos que se constituyen a partir de actos relacionados a la corrupción o limita en algunos casos las investigaciones de la Cicih.
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La entidad anticorrupción también hace mención de casos investigados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que, de 14 casos presentados, hay delitos que no están en el listado de la reforma que se pretende hacer en la actualidad. Entre ellos están: falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno; abuso de autoridad y soborno doméstico.
En la reforma presentada por la diputada Zelaya sí aparecen los delitos de prevaricato y cohecho, pero solo atañe causas contra jueces y fiscales, lo que exime a otros actores de las indagaciones de la Cicih.
Es por ello que el CNA recomienda en su informe, de considerar la reforma, que “debe orientarse a coincidir con la creación de la figura del querellante adhesivo en los términos que permita a terceros iniciar o adherirse a la acción penal”.
Instalación de la Cicih
El mismo Gobierno en la respuesta que le dio a Naciones Unidas en agosto recomendó que la Cicih investigara; pero al lado del Ministerio Público y no por sí sola.
“La iniciativa es para que la Cicih tenga capacidad de investigar, esta será una herramienta que espero y tenga el aprobamiento”, apuntó la congresista Zelaya. En caso de que la Cicih sea instalada en el país será cobijada por la reforma, aunque para que la enmienda constitucional cobre vigor debe ser aprobada por 86 diputados del Congreso; es decir, una mayoría calificada, por lo que desde la presentación, el martes en la noche, recibió el rechazo de la oposición.
En el proyecto de reforma constitucional no se le faculta a la Cicih para que presente requerimientos fiscales y acuse a los corruptos ante los tribunales de la república, sino que más bien sus investigaciones deberán presentarlas al MP, para que ejerza la acción penal y público, como lo indica la Carta Magna.
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El abogado penalista Dagoberto Aspra apuntó que la Cicih no tendrá dientes porque no podrá acusar. “Reforma al artículo 232 de la Constitución de la República presentado solo le ‘otorga’ a la Cicih las facultades de investigar, porque no se le quiere dar la facultad de ejercer la acción penal. Sí se está reformando el mismo artículo que le da el monopolio de la acción al MP”, aseveró.
El abogado Félix Ávila dijo: “No veo que una reforma a la Constitución sea necesaria para establecer que la Cicih sea un organismo que acompañe al Ministerio Público, no se requiere reformar la Constitución, porque lo que se debe hacer son mecanismos de reformas de leyes ordinarias”. Se le consultó al canciller Enrique Reina si corre riesgo la instalación de la Comisión en caso de que no se reforme el artículo 232, por lo que dijo que “no, es más bien un paso nuestro para avanzar y que la firma se acelere, o sea, que le dará un gran impulso”.
Por ahora, el Gobierno está analizando un memorándum de entendimiento enviado por la ONU, en el que se sugieren la derogación de leyes que obstaculizan la investigación de corrupción. De lo contrario, la Comisión Internacional no podrá ser instalada.
