Exfuncionarios, familiares de diputados del Congreso Nacional y ministros del gobierno de Xiomara Castro figuran entre los favorecidos por el denominado pacto de impunidad o amnistía política al recibir sobreseimiento definitivo en sus respectivos procesos judiciales.
La ley fue aprobada el 4 de febrero por los diputados del Congreso Nacional con la finalidad de liberar a las personas que hayan sido objeto de persecución política desde la crisis política de 2009. Sin embargo, sectores aseguran que es un instrumento para perdonar delitos de corrupción.
Alcance
A más de dos años de su aprobación, la ley de amnistía política ha sido desnaturalizada en su finalidad, ya que solamente ha beneficiado a personajes afines o allegados al oficialismo acusados por delitos de corrupción, malversación de caudales públicos, entre otras denuncias.
“Muchos jueces no han querido o no han podido o han sido incapaces de controlar la legalidad de ese decreto para que este no se aplique a casos vinculados con delitos relacionados con malversación de fondos públicos”, lamentó el jurista Joaquín Mejía.
A criterio del profesional del derecho, la ley ha perdido el espíritu bajo el argumento en el cual fue aprobada.
Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), cuestionó que a pesar que la derogación de la ley es una de las peticiones para la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, duda que exista voluntad eso.
“Con tanta tarea legislativa pendiente y falta de transparencia, no creo que se logre antes del 15 de junio tener la Cicih”, señaló.
Entre favorecidos por el polémico decreto se encuentra Enrique Flores Lanza, exministro de la presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009); Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel); Germán Enrique Ayala, hermano de la diputada de Libre (Libertad y Refundación) Silvia Ayala, y Rafael Barahona, actual comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).
