San Pedro Sula, Honduras.
La construcción de la vivienda social en San Pedro Sula está paralizada por la burocracia. Los trámites cada vez son más engorrosos, denunció Leonardo Villegas, presidente de la Asociación de Urbanizaciones y Promotoras de Viviendas de Honduras (Asuprovih).
El urbanizador dijo que varios factores generan problemas y ahuyentan la inversión.
“Convivienda no ha venido a ser la solución que se esperaba porque no están apoyando al desarrollador que tiene los proyectos. Ellos andan con anuncios y vendiendo esperanzas, pero algo real no hay”, dijo.
Indicó que los tres meses de la licencia ya se vencieron y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) no da solución a las licencias ambientales, entonces es una zozobra.
A juicio del urbanizador, las inversiones se han paralizado por la inseguridad jurídica y económica.
Según Villegas, hasta la fecha no se ha construido ninguna vivienda social en San Pedro Sula. En el caso de la alcaldía no acepta constancias emitidas por Convivienda y “cuando uno va a Convivienda allá le piden una constancia municipal, así que no se ponen de acuerdo”.
Criticó la burocracia porque impide la construcción masiva de viviendas. Las que se levantan se hacen una por una.
“No hay inversión. El problema es que cada quien trabaja por su lado y por ello no se hacen las viviendas sociales”.
Según el empresario, para obtener permisos intervienen las municipalidades y en el caso de San Pedro Sula no hay ni siquiera un mapa de donde pueden haber vestigios arqueológicos. Entonces, para empezar un proyecto nuevo hay que perder hasta tres meses para que el Instituto de Antropología e Historia le dé un permiso, luego la licencia ambiental que es otro problema. “Todos los inversionistas estamos de rodillas”, asegura.
Oposición
Villegas dice que también se ven seriamente afectados por el aumento a los bienes inmuebles hecho por la Municipalidad, por lo que lo consideran un duro golpe, principalmente para quienes van a adquirir una vivienda.
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés elevó el mes pasado su voz de protesta porque consideró el incremento “injusto y excesivo”.
Pedro Barquero, director ejecutivo de la CCIC, denunció que muchos socios se han quejado porque con el cambio han tenido cobros cinco veces mayor que el que tenían hasta en el 2014; sin embargo, Claudio Rojas, superintendente de Finanzas, dijo en su momento que el ajuste se hizo con base en las últimas compraventas de tierras que registró el Instituto de la Propiedad (IP).
La construcción de la vivienda social en San Pedro Sula está paralizada por la burocracia. Los trámites cada vez son más engorrosos, denunció Leonardo Villegas, presidente de la Asociación de Urbanizaciones y Promotoras de Viviendas de Honduras (Asuprovih).
El urbanizador dijo que varios factores generan problemas y ahuyentan la inversión.
“Convivienda no ha venido a ser la solución que se esperaba porque no están apoyando al desarrollador que tiene los proyectos. Ellos andan con anuncios y vendiendo esperanzas, pero algo real no hay”, dijo.
Indicó que los tres meses de la licencia ya se vencieron y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) no da solución a las licencias ambientales, entonces es una zozobra.
A juicio del urbanizador, las inversiones se han paralizado por la inseguridad jurídica y económica.
Según Villegas, hasta la fecha no se ha construido ninguna vivienda social en San Pedro Sula. En el caso de la alcaldía no acepta constancias emitidas por Convivienda y “cuando uno va a Convivienda allá le piden una constancia municipal, así que no se ponen de acuerdo”.
Criticó la burocracia porque impide la construcción masiva de viviendas. Las que se levantan se hacen una por una.
“No hay inversión. El problema es que cada quien trabaja por su lado y por ello no se hacen las viviendas sociales”.
Según el empresario, para obtener permisos intervienen las municipalidades y en el caso de San Pedro Sula no hay ni siquiera un mapa de donde pueden haber vestigios arqueológicos. Entonces, para empezar un proyecto nuevo hay que perder hasta tres meses para que el Instituto de Antropología e Historia le dé un permiso, luego la licencia ambiental que es otro problema. “Todos los inversionistas estamos de rodillas”, asegura.
Oposición
Villegas dice que también se ven seriamente afectados por el aumento a los bienes inmuebles hecho por la Municipalidad, por lo que lo consideran un duro golpe, principalmente para quienes van a adquirir una vivienda.
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés elevó el mes pasado su voz de protesta porque consideró el incremento “injusto y excesivo”.
Pedro Barquero, director ejecutivo de la CCIC, denunció que muchos socios se han quejado porque con el cambio han tenido cobros cinco veces mayor que el que tenían hasta en el 2014; sin embargo, Claudio Rojas, superintendente de Finanzas, dijo en su momento que el ajuste se hizo con base en las últimas compraventas de tierras que registró el Instituto de la Propiedad (IP).
