La juez de ejecución, que llevó el caso de Chimirri, resolvió lo peticionado por la defensa privada, con base a lo establecido en el decreto legislativo 04-2022, capítulo 11, Artículo 4, que concede la amnistía general, amplia e incondicional y de conformidad a los delitos establecidos en el código penal mediante decreto 144-83, por considerarse que se trataron de acusaciones políticamente motivadas.
