En tanto, en Ecuador, “siguen siendo graves preocupaciones las pobres condiciones carcelarias y la violencia, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad, las restricciones al acceso a la salud reproductiva de mujeres y niñas, y la limitada protección de los derechos de niños y refugiados”.
Destacó que en enero de 2020 el Gobierno cerró la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras , que dependía de la OEA y se había establecido en el país en 2016.
“Todos los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, deberían ampliar el uso de la gestión de casos en lugar de la detención, y ofrecer apoyo a las personas que a menudo se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad mientras navegan por burocracias y sistemas legales complejos”, concluye.
La región vive una ola migratoria sin precedentes en años y como prueba de ello, Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212,672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.
Un informe de Human Rights Watch revela que el 75 por ciento de los extranjeros que fueron deportados de EUA durante la última década después de cumplir una condena penal habían sido procesados por delitos no violentos.
En sus esfuerzos por contener a la oposición política y consolidar su poder, el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos en Venezuela, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
