Una maraña de situaciones que van desde amenazas, facturas sobrevaloradas y hasta muertes, revelaron ayer las autoridades municipales en el caso del embargo a las cuentas municipales.
En una conferencia de prensa, el alcalde Roberto Contreras dio a conocer los primeros resultados de la auditoría forense a los procesos de compra realizados a la empresa Electro Andina. También anunció el nombramiento de una comisión jurídica. La compañía presentó un reclamo administrativo por una deuda de L14,854,735.75, misma que la municipalidad no pagó con el argumento que no tenían respaldo.
Ante ese panorama, la sociedad procedió judicialmente y un juzgado ordenó embargar las cuentas municipales por L27,685,367. De ese total, las facturas suman L14,854,735, L10,313,780 de intereses y L2,516,851.54 de honorarios.
El alcalde Roberto Contreras ha argumentado que el embargo no procede. Ayer aseguró que no están contra la justicia ni pretenden desobedecer, “pero vamos a dejar claro que en todos aquellos procesos donde exista suficientes indicios de actos ilegales y de corrupción llegaremos hasta las últimas instancias utilizando los recursos que la ley nos otorga”.
El alcalde informó que entre las inconsistencias encontradas en el caso de este proveedor están los procesos de compra que se realizaron sin cumplir con los requisitos que manda la Ley de Contratación del Estado.
“La mayor parte de los procesos de contratación y adquisición se llevaron a cabo entre 2019 y 2021, y en esos años se declararon varios decretos de emergencia por la pandemia del covid-19 y los fenómenos naturales que se registraron en la ciudad”.
Para saber
- 27 Millones de lempiras es el embargo ordenado a las cuentas municipales por un juzgado sampedrano, mismo que no se ha ejecutado a la fecha.
-14 Millones de lempiras era la deuda con la empresa Electro Andina, pero según la municipalidad no hay respaldo para poder honrarla.
- El representante legal de Electro Andina querelló ante los tribunales sampedranos al alcalde Roberto Contreras por calumnias con publicidad en perjuicio del empresario Imad Gabrie Jaar. También la empresa denunció al alcalde ante el MP por no cumplir la orden de embargo del juez.
Reveló que en un solo día, después de decretar la situación de emergencia, se adjudicaron más de L12 millones en compras directas, en su mayoría de alimentación y mantenimiento de vehículos, procesos que no cumplieron con los requisitos legales.
El alcalde dijo que se está documentando si existe parentesco entre el proveedor y funcionarios públicos de la administración anterior. Contreras indicó que había personas que podían haber hablado de lo ocurrido, pero lamentablemente están muertas (de manera violenta) y que ya hay funcionarios amenazados en su administración.
Pesquisas
El gerente del Departamento Legal, Mario Urquía, indicó que el informe presentado en la conferencia refleja una serie de irregularidades, específicamente en el caso de Electro Andina.
“Este asunto ha tenido su origen en una serie de situaciones con inconsistencias y que derivaron inicialmente en la presentación de dos expedientes administrativos en septiembre y octubre del año 2022”, detalló. Aseguró que se procederá con todos los recursos disponibles para defender a la ciudad.
Informe
El auditor municipal Óscar Valle fue el encargado de presentar a detalle el resumen de facturas con diferentes inconsistencias.
Presentó un cuadro donde mostró las facturas sin pagar que están dentro del proceso de pago y por el cual existe proceso judicial. Según el informe hay un total de L1,310,533 en facturas con sobreprecios, según valores del mercado. “Están con sobrevaloraciones de costos unitarios facturados por servicios de mantenimiento prestados en comparación al costo de mercado actual, que se determinó en base a consulta de técnicos y precios en páginas web”, dice el informe.
Hay 53 facturas que ascienden a L5,368,127 no válidas, según el validador de documentos fiscales del régimen de facturación del Sistema de Administración de Rentas (SAR), lo anterior debido a que la fecha de estos documentos no corresponden al rango de fechas autorizadas.
Además, presentan el código de autorización de imprenta incorrecto, según se determina en la solicitud de autorización de impresión presentada por el proveedor.
Aseguran que hay L2,410,138 en facturas emitidas por servicio sin detallar precio unitario, además de L1,851,223 en facturas sin constancia de recepción del servicio prestado para un total de L10,940,023.
En el informe presentaron hallazgos de un análisis de compras a proveedores comerciales en el período de 2018-2022 y resumen que durante los últimos cinco años las compras comerciales directas suman L870,514, 777 y solo a tres proveedores se les compró L212,492,285 que representa un 24%, de los cuales se han pagado L212,492, 285. Mencionan a las empresas Electro Andina, Codisa y Facencoh.
El informe detalla que se ha pagado prácticamente el 100% a todos a excepción de Electro Andina porque se encuentran en rechazo L12,729,655 más el impuesto sobre ventas, que hacen un total de L14,639,115 por falta de soporte razonable.
Las autoridades municipales explicaron que tienen lista la información para entregarla al Ministerio Público.
