Narcos y conspiradores, los más beneficiados al eliminar tratado de extradición con EEUU

San Pedro Sula, Honduras.

El tratado de extradición en vigor entre Honduras y Estados Unidos ha sido una pieza fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, con beneficios para la seguridad y justicia de ambos países.

Este acuerdo ha permitido la captura y envío a Estados Unidos de importantes figuras del narcotráfico, debilitando redes criminales locales; sin embargo, el reciente anuncio de la presidenta Xiomara Castro de denunciar este tratado ha encendido una alarma sobre las posibles consecuencias de una eventual derogación, que podría abrir la puerta a un aumento de la actividad narcótica, el lavado de activos y, en consecuencia, la corrupción en Honduras.

La presidenta de Honduras ordenó este miércoles denunciar el tratado en un duro pronunciamiento contra la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura F. Dogu.

“La injerencia y el intervencionismo de los EE.UU., así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable”, aseguró Castro en su cuenta de X.

En su mensaje sostuvo que los funcionarios estadounidenses “agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal”.

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El pronunciamiento de la presidenta surgió después de que la embajadora Dogu expresara su sorpresa por la reunión entre el secretario de Defensa hondureño, Manuel Zelaya Rosales, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino. Dogu había calificado a Padrino de “narcotraficante”, lo que aumentó las tensiones entre ambos países.

La reciente decisión de la mandataria desató un amplio debate público sobre las posibles repercusiones legales, constitucionales y sociales.

El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos valoró el impacto de frenar las extradiciones de hondureños acusados de narcoactividad a Estados Unidos.

“La gente asociada a delitos de narcotráfico y otros se han de estar muriendo de la risa”, ironizó Barrientos, al cuestionar que si esta denuncia llega a prosperar en el futuro ya no habrá extradiciones, pero mientras no sea derogado, aquellas órdenes que han llegado y están pendiente de ejecutar, o las próximas que arriben a la Cancillería, continuarán su curso normal.

También se concibe que la relación entre ambos países podría verse afectada negativamente, ya que esto podría ser interpretado como un debilitamiento del compromiso con la cooperación internacional en materia de justicia, lo que podría tensar las relaciones diplomáticas y afectar otros aspectos de la colaboración bilateral.

En el centro de esta discusión se encuentran las implicaciones para el sistema de justicia hondureño y la lucha contra el crimen organizado

“No quieren la extradición porque es lo único que perjudica a los narcotraficantes, les están haciendo un favor enorme. Sin la extradición, los narcos ya no serán enviados a enfrentar la justicia fuera del país, y esto es lo único que realmente temen”, manifestó el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Cálix.

“Si la presidenta Castro elimina la extradición, los estará blindando y otorgándoles una protección que ni siquiera Juan Orlando Hernández, después de que encarcelaron a su hermano Tony Hernández (en 2019 fue condenado a cadena perpetua más 30 años), se atrevió a darles. Están disfrazando esta decisión con argumentos de falsa soberanía”, declaró con molestia el actual congresista opositor.

En este contexto, la eliminación del tratado podría afectar la dinámica de la actividad ilícita y el sistema judicial en Honduras.

Desde la perspectiva del exfiscal y abogado penalista sampedrano Alejandro Sevilla, el impacto sería significativo, pues la eliminación del tratado de extradición bloquearía las pretensiones de Estados Unidos de enjuiciar estos delitos.

“El impacto en Honduras sería considerable, ya que permitiría a los grupos criminales operar con mayor libertad y amplitud. Sin la amenaza de extradición, estos grupos se sentirían más seguros, lo que podría intensificar el tráfico de drogas y aumentar los casos de corrupción, dada la estrecha vinculación entre el narcotráfico y altos funcionarios”, expresó Sevilla.

La falta de extradición, remarcó el analista, también podría facilitar la conspiración y otros delitos conexos, ya que no habría forma de que Estados Unidos mueva a los implicados, lo que dejaría estas acciones impunes.

“Una vez que se inicia la denuncia del tratado, este podría ser retirado al año siguiente, o sea que la denuncia solo aplicaría a los últimos días del mandato del gobierno actual y, en caso de reelección partidaria, podría ser una herramienta política. Si el tratado es denunciado y entra en vigencia, podría renegociarse o establecerse un acuerdo similar con el siguiente gobierno”, concluyó.

Las consecuencias desde la esfera política como desde la dimensión social proporciona un panorama complejo sobre cómo esta medida podría afectar la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones en la corrupción y la justicia en el país.

La abogada y diputada Maribel Espinoza comentó que derogar el tratado de extradición solo beneficiará a los narcotraficantes. “Los únicos sujetos preocupados son quienes han cometido delito de narcotráfico internacional, no el resto de la población, por esto, esta es una decisión gravísima la que acaba de adoptar la presidenta, lo lamento mucho por su investidura”, arguyó.

De su lado, Antonio Pacheco Valle, autor del libro “Cronología de las extradiciones en Honduras, avances y desafíos”, lamentó que en Honduras exista una “cierta voluntad” por parte del Gobierno de denunciar al tratado de extradición vigente.

Aunque las extradiciones seguirán ocurriendo dentro de Honduras, los acuerdos con Estados Unidos podrían verse afectados. “Mientras no se reforme el artículo constitucional que permite la extradición de hondureños por delitos organizados, terrorismo y narcotráfico, la denuncia de este tratado significaría que Honduras no podría extraditar más ciudadanos” al territorio estadounidense, pormenorizó.

Pacheco Valle ejemplificó que esto se debe a que, al no haber un tratado de extradición en vigor, no habría base legal para realizar tales extradiciones.

Desde hace un par de años han continuado llegando solicitudes de extradición y varias de las órdenes de captura emitidas no se han ejecutado por las autoridades policiales.

En junio pasado, la Secretaría de Seguridad dio a conocer públicamente 16 nombres de solicitados en extradición por cortes estadounidenses, de los cuales solo uno fue capturado y está en marcha su proceso de extradición, identificado como Mario José Cálix, alias “Cubeta”.

Ejemplos como la extradición de Carlos Arnaldo Lobo en 2014, de los hermanos Miguel Arnulfo, Luis Alonso y José Inocente Valle en el mismo año (siendo este último ya liberado), y de Héctor Emilio Hernández en 2014, evidencian el impacto directo que estas acciones han tenido en la desarticulación de organizaciones criminales.

Analistas coincidieron que sin la amenaza de la extradición, los narcotraficantes podrían operar con mayor libertad dentro del país, se fortalecerían los carteles locales, aumentando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros destinos.

Asimismo, la tensión en las relaciones bilaterales podría acarrear repercusiones económicas, puesto que los inversores y empresas podrían considerar la estabilidad política y legal al evaluar su posición de negocio en el país. Igualmente, se generaría una percepción negativa en torno a la cooperación internacional que podría influir en la toma de decisiones.

La decisión de denunciar el tratado podría igualmente afectar la percepción de Honduras en la comunidad internacional, especialmente con relación a su compromiso con el estado de derecho y la cooperación en la lucha contra el crimen global.

Por otro lado, la medida alimentaría la percepción de impunidad y corrupción dentro del sistema judicial hondureño, debilitando aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.

Este medio de comunicación se puso en contacto con miembros del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero solicitaron no hacer declaraciones sobre el tema en este momento, argumentando que el asunto podría eventualmente llegar al Poder Judicial y ser objeto de revisión formal en el futuro.