Se registran 4,500 denuncias sobre abuso de poder
Varias organizaciones creen que el régimen de excepción podría institucionalizarse y lamentan los excesos que comete el Gobierno de Bukele.
Foto: Fotos: Yoseph Amaya
En El Salvador, familias buscan a parientes desaparecidos víctimas de pandillas y otros que vivieron lo mismo durante el régimen.
Por:
10 min. de lectura
EL SALVADOR
Carlos Ernesto Santos Abarca es un joven universitario que desapareció desde hace más de un año de una colonia dominada por las pandillas en El Salvador.
Durante 15 meses, su madre Eneyda Abarca ha salido a las calles en busca de alguna pista que la lleve a dar con su paradero.Abarca se ha unido a marchas para alzar la voz por su hijo y llamar la atención de las autoridades, pues reciente que no la han ayudado.
Puede leer: Regístrese aquí para acceder a LA PRENSA Premium
Estando en las afueras de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, la madre dijo a LA PRENSA Premiun que su hijo salió a correr el 1 de enero de 2022 y no regresó a su casa, ubicada en la colonia Monserrat de San Salvador.
Relató que Carlos Ernesto era estudiante universitario, sacaba unos cursos de idiomas en la Academia Americana y no tenía amenazas de nadie ni otro tipo de problemas.
Aunque ni la Policía ni la Fiscalía se han interesado en el caso, sospechan que el joven pudo haber sido víctima de las pandillas, tal vez por haber cruzado alguna calle de la colonia Luz y otra en el sector Dina, dominadas por mareros.
“Hemos visto que han sido muy eficientes en hacer captura de líderes de clicas, revisión de cámaras y está demostrado que bien lo pueden hacer, pero con mi hijo no han revisado cámaras y ya estamos en el quinceavo mes de angustia”, lamentó la madre.
Aunque la desaparición de Carlos Ernesto sucedió tres meses antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción, su familia se ha unido a las marchas de otras madres que buscan a sus hijos, algunos desaparecidos durante las jornadas de capturas por parte de la Policía, mientras que otras piden justicia porque han muerto en centro penales.
Gabriela Colocho, coordinadora del área de investigación de derechos humanos del Servicio Social Pasionista, indicó que el régimen de excepción en El Salvador ya lleva doce meses de prórroga, lo cual califican como grave, pues se está sosteniendo en el tiempo como una respuesta al fenómeno de la violencia.
- > Los organismos de derechos humanos afirman que hasta noviembre de 2022 unas 90 personas fallecieron en custodia durante el régimen de excepción, en algunos casos eran presos que ocupaban medicamentos.
“Pareciera que el régimen se quiere institucionalizar, y eso es preocupante pensando en los costos que ha tenido respecto a derechos humanos, como malos tratos, posibles torturas y hacinamiento carcelario”, apuntó.
Además, existe el impacto que ha generado el régimen de excepción para la niñez, las familias y, en especial, las madres, que al final de cuentas son las que cargan con la búsqueda de justicia para sus hijos.
Informó que se ha trabajado con diferentes organizaciones como Cristosal, Azul Originario y Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, con las cuales han monitoreado desde que inició el régimen de excepción para realizar análisis, pero se han visto afectados porque no hay acceso a la información y las instituciones niegan el acceso.
En un informe publicado recientemente afirman haber recibido 4,564 denuncias sobre abuso de poder, en su mayoría por detenciones arbitrarias.
Cristosal, en el informe “Podemos detener a quien queramos”, concluye que las violaciones a los derechos humanos no fueron casos aislados o excesos de agentes insubordinados de las fuerzas de seguridad, según información recopilada desde el inicio del régimen de excepción hasta noviembre de 2022.
Por el contrario, tanto soldados como policías cometieron abusos en formas similares de manera reiterada en diferentes partes del país.En el informe agregan que la campaña de detención masiva e indiscriminada por parte de las autoridades ha llevado a la aprehensión de cientos de personas sin conexión con las operaciones abusivas de las pandillas.
La población carcelaria ha aumentado de 39,000 a un estimado de 95,000 privados de libertad. En 2023 hubo otro aumento.