Policía pide intervenir todo el valle de Sula y Distrito Central por extorsión

El 6 de enero vence estado de excepción en una parte del valle de Sula y Tegucigalpa. Analizan ampliar medida a algunas ciudades de Santa Bárbara, Yoro, Choluteca, Ocotepeque, El Paraíso y Olancho por la incidencia delictiva.

Foto: Archivo

Instituciones armadas mantienen despliegue policial día y noche en los sectores intervenidos.

jue 29 de diciembre de 2022

San Pedro Sula, Honduras.

A las 6:00 pm del 6 de enero de 2023 terminará la vigencia del decreto legislativo que habilitó un estado de excepción parcial desde el 6 de diciembre en 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y en 73 puntos del valle de Sula, ante el repunte del delito de extorsión.

¿Se ampliará? ¿Se modificará? ¿Terminará? Todo depende de la decisión de diputados del Congreso Nacional (CN), quienes deberán valorar la incidencia delictiva a partir del estado de excepción, y si no se pronuncian al término de la fecha, automáticamente vence la medida en todos los sectores intervenidos.

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Los parlamentarios tienen tiempo para reunirse días antes del 6 de enero o al cierre del decreto para determinar si se ampliará a 15, 30 o 45 días o si, en su defecto, concluye.

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“Se analizan los efectos y el alcance del estado de excepción. Se podrían incluir más zonas”: Miguel Martínez Madrid, comisionado de la Policía Nacional

Miguel Martínez Madrid, comisionado que forma parte del directorio estratégico de la Policía Nacional, confió a LA PRENSA Premium que desde finales de diciembre solicitaron ampliar el estado de excepción para todos los sectores del valle de Sula y el Distrito Central.

Adelantó que el tratamiento de aplicación será el mismo como hasta ahora, sin afectar a comerciantes ni a quienes trabajan o salen a divertirse en las noches.

“Estos dos circuitos (valle de Sula y Distrito Central) han sido históricamente los que más reportan muertes violentas, algo que va claramente relacionado con la extorsión, pero si no aprueban la ampliación la violencia incrementará, pues durante los últimos 20 años, este es el primer diciembre con la cifra más baja de homicidios y se debe al PCM”, afirmó el oficial.

Según reporte oficial, al cierre el año 2022 se registraron 253 homicidios, 102 menos que a la misma fecha en 2021. Las muertes violentas y extorsión son los fenómenos sociales que más preocupan a las autoridades por lo difícil que resulta contenerlos pese a las acciones emprendidas.

Regiones en alerta

Aún hay varias zonas del valle que no se han tocado, lo mismo en Francisco Morazán, donde las operaciones se han aglutinado en Tegucigalpa.

En el actual decreto solo incluyeron barrios y colonias donde se identificó presencia de estructuras criminales, pero dejaron por fuera lugares de mediana y alta plusvalía, donde se han refugiado jefes de maras y pandillas en mansiones, mientras que los de menor rango buscaron cuarterías con pagos de hasta un mes de renta, esto ha sido el ejemplo de muchos pandilleros que viven en lugares como Lomas del Carmen y Rivera Hernández en la zona norte. Otros optaron por irse a entornos montañosos como El Merendón y Ticamaya, en el caso de San Pedro Sula, mientras que en Tegucigalpa buscaron rincones como El Durazno, Villa Nueva y Amarateca.

Si bien no se ha confirmado, tampoco se descarta que el estado de excepción se expanda a otros departamentos del país. La solicitud ya fue enviada al Poder Ejecutivo y es este el que debe mandarla al Hemiciclo.

Diputados notificaron a este medio de comunicación, al 29 de diciembre de 2022, que aún no habían recibido como Congreso Nacional la solicitud de ampliación de la medida.

$!En departamentos del interior del país podría aplicarse el estado de excepción en caso de ampliarse a partir del 6 de enero de 2023.

Pese a que las máximas autoridades de la Secretaría de Seguridad aún no informan sobre una posible intervención más allá del valle de Sula y el Distrito Central, otras fuentes de la Policía Nacional y Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), que hablaron sobre los resultados de incidencias delictivas registradas durante la aplicación de la medida en el país, subrayaron extraoficialmente que el estado de excepción se aplicaría también en algunas ciudades de los departamentos de Yoro, Santa Bárbara, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso y Olancho.

Los análisis apuntan que ha existido una migración masiva de pandilleros en estas regiones. Algunos son fronterizos con otros países, ha crecido la extorsión, el tráfico de drogas y el delito común.

Realidades

La máster en psicóloga forense y criminóloga Seyda González opinó que las bandas de extorsión no solo operan con poder en San Pedro Sula y Tegucigalpa, sino que en otras ciudades de la geografía hondureña.

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“Veremos cómo reaccionarán los criminales, pero es necesario extender el estado de excepción”: Criminóloga y analista Seyda González

“Es cierto que se redujo la violencia, pero es porque estos individuos se trasladaron a otros lugares, pues manejan propiedades y administran grandes cantidades de dinero. Lo de resguardarse en las montañas no está alejado de la verdad, pero tampoco todo es cierto, ellos buscan sitios donde tienen comodidad porque poseen bastante dinero”, pormenorizó.

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González aplaudió las estrategias implementadas para disuadir la extorsión; sin embargo, consideró oportuno que el estado de excepción se amplíe a otras regiones. “Hay que ver cómo reaccionarán estas organizaciones, aunque confío que habrá un inicio del año 2023 tranquilo al igual que el cierre de 2022”, previó la experta.

$!Miembros del alto mando de la Secretaría de Seguridad dan seguimiento a las estrategias implementadas en el plan nacional antiextorsión desde el pasado 6 de diciembre. Entre el 1 y 2 de enero darán los resultados actualizados.

De su lado, Cristian Nolasco, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), expuso que “el alto mando de la institución miró una reducción de los diferentes delitos, pero observamos que en lugares no intervenidos la incidencia se disparó, por lo que consideramos necesario extender el estado de excepción. Sabemos que los delincuentes huyeron a otros departamentos y confían que esto terminará el 6 de enero, pero no bajaremos la guardia”.

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“Bajó la incidencia delictiva, pero no estamos contentos. Deme ampliarse le estado de excepción en el país”: Cristian Nolasco, vocero de la Dirección Policial de Investigaciones

Nolasco precisó que “esto no ocupa mucha petición, los diputados deben valorar si la situación de perturbación de la paz desapareció o no, y eso lo dirá un informe estadístico”.

DATOS

El 96% de los detenidos recibieron auto de formal procesamiento con la medida de detención judicial y prisión preventiva.

Un total de 572 personas fueron detenidas durante 23 días del estado de excepción al vincularlas con la extorsión.

Extorsionadores han pagado rentas de un mes en sectores sin estado de excepción.

Pandilleros y de bandas independientes han emigrado a montañas mientras permanecen activas las saturaciones.

Mario Fú, vocero de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), declaró que la intención es redoblar la operatividad tras el cierre de año en el territorio nacional.

“Tener masiva presencia de policías en barrios y colonias del valle de Sula y Tegucigalpa por el estado de excepción nos ha permitido resultados concretos. Capturaremos a más delincuentes que cometen distintos delitos, pero la inteligencia e investigación seguirá focalizada contra la extorsión y sicariato”, apuntó.

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“La población debe estar alerta para denunciar, toda información sirve para realizar acciones concretas”: Mario Fú, portavoz de la Dirección Nacional Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado

Destacó, además, que apenas se atraviesa por la primera fase del plan antiextorsión de las ocho en total, por lo que próximamente se analizarán las determinaciones sobre el estado de excepción y el reajuste de operatividad, cuya información se maneja entre el nivel estratégico nacional a partir de los resultados obtenidos.

La segunda fase del plan antiextorsión organizado por el Gobierno hondureño consistirá en el bloqueo de tarjetas SIM o números telefónicos que son usados por extorsionadores para cometer el delito de extorsión. Para esto las telefónicas privadas deberán cumplir con lo que establece la ley.

La Secretaría de Seguridad anunció que solicitaría al Gobierno central un presupuesto adicional cercano a los 1,100 millones de lempiras y varias reformas a una serie de leyes, por lo que se deberá buscar después el apoyo y aprobación del Congreso Nacional.

La extorsión en Honduras se ha incrementado en los últimos 20 años, dejando centenares de muertos y en la ruina a miles de micros, pequeños y medianos empresarios que tuvieron que cerrar sus negocios, mientras que otros se fueron del país o murieron en el peor de los casos.

Muchas de las víctimas mortales eran conductores del transporte urbano, interurbano y de taxis. Según sus denuncias, algunos micros, pequeños y medianos empresarios son víctimas de extorsión hasta por tres bandas criminales.