Pandilla 18 y MS también fueron inmanejables para las FFAA en cárceles

San Pedro Sula, Honduras.

El sistema carcelario de Honduras ha estado sucumbido durante años en múltiples episodios de violencia que no han podido frenar ni el Ejército cuando estuvo a cargo (hasta inicios de 2022) ni la Policía (a la fecha).

Ambas instituciones han manejado entre sí las cárceles, pasándose el “balón” entre las manos una y otra vez sin que se resuelva la crisis y sin que hasta ahora hallen una fórmula “mágica” para acabar con la difícil situación presidiaria.

Resultado de las deficientes administraciones del sistema penitenciario del país, por ejemplo, han sido las fiestas a su antojo que realizan las pandillas en prisiones como El Pozo, tal y como quedó constatado a través de un vídeo grabado durante una celebración de fin de año, así como la libertad que tienen para extorsionar sin que nadie los pare desde centros penales como Támara. A esto se suma el incontrolable ingreso de armas, droga y dinero que representa un negocio rentable entre las rejas y muros.

Las cuotas de poder han sido detonante de amotinamientos y balaceras, donde los últimos enfrentamientos registrados se derivan del 9 de abril pasado en cuatro establecimientos, dejando como saldo un muerto y siete heridos.

Si bien es cierto, la Secretaría de Seguridad no ha podido parar el comercio ilegal de armas en las cárceles, que desde el año 2022 a la fecha supera las 50 confiscaciones de este tipo, entidades como Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA) también fracasó en su intento de recuperar el control.

De acuerdo con un informe analizado por LA PRENSA Premium, entre los año 2017 y 2021, mientras las administraban los militares, hubo 63 requisas contra las organizaciones de criminalidad más fuerte: Pandilla 18 y Mara Salvatrucha, donde a la primera le hicieron 27 decomisos y 36 a la segunda.

Relacionada: Reos han pagado hasta 2 millones de lempiras para meter armas en las “narices” de policías y militares

La mayoría de acciones se dieron en las cárceles de La Tolva (Morocelí, El Paraíso), Támara (Distrito Central, Francisco Morazán) y El Pozo (Ilama, Santa Bárbara), irónicamente las de máxima seguridad y las cuales siguen convulsionando

Entre los decomisos figuraron 907 armas cortopunzantes, 47 armas cortas, nueve chimbas y seis fusiles. De igual manera se les encontró más de 1,00 envoltorios de marihuana, 703 puntas de cocaína, 239 piedras de crack, entre otras presentaciones y tipos de droga y dinero.

Mientras las autoridades insisten en emplear medidas eficaces contra conflictos en las cárceles, estas continúan llenándose de miembros de maras y pandillas, lo que agrava la estabilidad de las prisiones.

Del total de la población en las cárceles de Honduras, según datos proporcionados por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) a diciembre del año 2022, 2,451 reos pertenecían a la Pandilla 18 y 1,313 a la Mara Salvatrucha, número que variable a mediados de abril de este año por los que entran y salen. De bandas como Los Chirizos había 34 integrantes y 107 de otros grupos delictivos.

Las edades de los presos que pertenecen a estas estructuras eran en su mayoría entre los 18-45 años y la mayor parte de delitos por los cuales están recluidos son extorsión, asociación ilícita, tráfico de drogas, secuestro, portación ilegal de armas y homicidio.

El pasado 9 de abril, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció una intervención “dura” de los centros penales tras enfrentamientos simultáneos entre pandilleros. Aseguró que la “intervención será respetuosa de la humanidad de los encausados, sus familiares y defensores.

“El crimen se combate desde la prevención no solo con el castigo”, dijo la mandataria en redes sociales. El 10 de abril nombró a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, para liderar el plan de intervención y desmontar el control de las estructuras criminales. La subsecretaria de Seguridad dará a conocer las acciones que aplicarán mediante una conferencia de prensa el próximo martes a las 12:00 del mediodía; sin embargo, ayer se reunió con autoridades del INP, incluyendo el comisionado Otoniel Castillo Lemus, quien continúa en su cargo, para realizar un proceso de análisis y diagnóstico situacional del sistema carcelario, previo a la realización de auditoria de transparencia.

Diversos analistas no vislumbran con tanta esperanza el plan que pueda poner en marcha el Gobierno a nivel penitenciario, pues creen que su patrón de reacción suele ser fugaz mientras las problemáticas permanecen en el consciente activo de la población y organismos internacionales.

El especialista en seguridad, Herman Vogelsang, prevé que si el plan a presentar se asemeja al de la Policía contra la extorsión en noviembre pasado, este resultará un “fiasco”, pues señala que el meollo no es un plan en si, sino el tiempo en que será aplicado.

“Dónde está el ministro Ramón Sabillón, él es quien debe dar la cara y no una patóloga, ella no sabe de seguridad. Las medidas que se tienen que tomar deben ser severas”, cuestionó Vogelsang, al tiempo que mencionó que “en las cárceles de Honduras solo faltan que pongan piscina, ya que estas prisiones son lugares turísticos; estoy seguro que el plan que implementen solo durará tres meses, lo hacen para tapar la vergüenza internacional”.

El sociólogo Jorge Alberto Larios considera que ni la Policía como tampoco las FF.AA. han tenido la capacidad de manejar el sistema carcelario, pues lo hecho hasta ahora es la continuación de lo que realizaron en los últimos años. Para el analista, la actual crisis no se debe a condiciones físicas de los penales, sino de administración.

“Difícilmente vamos a resolver la problemática si no se toman medidas radicales. Tanto la Policía como el Ejército tienen su imagen dañada y su perfil no encaja con la administración de las cárceles, de hecho, en los países de desarrollo medio o desarrollados las prisiones son manejadas por instituciones privadas u organizaciones con personal especializado”, apuntó el académico en el norte del país.

Desde el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes (Conaprev) se recuerda que la vulnerabilidad en cárceles es el resultado del hacinamiento, lo que provoca autogobiernos en medio de condiciones de encierro absoluto.

“Se ha visto el sistema penitenciario como un negocio, donde planifican, permiten y ejecutan el ingreso de armas de fuego como cualquier cosa. Recomendamos fortalecer la cerrera penitenciaria a fin que la intervención sea de manera gradual, además de asignar más recurso humano capacitado y aprobar la Política Nacional de Rehabilitación y Reinserción Social de Personas Privadas de Libertad con Enfoque de Género y Diversidad”, subrayó Sandra Rodríguez, comisionada de la institución.

Los expertos recalcaron que la crisis del país en materia carcelaria evidencia parte del problema que lleva a incontrolables expresiones de violencia, y es algo que viene siendo inmanejable desde hace mucho tiempo, por lo que en el pasado ya se ha declarado estado de emergencia.

De acuerdo con datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), entre el 2019 y lo que va del 2023 han muerto bajo custodia de los centros penales alrededor de 230 presos de manera natural y violenta. Solo en el 2022 y lo que va del 2023 han muerto de manera natural y violenta 86 personas.