Reos han pagado hasta L2 millones para meter armas en las “narices” de policías y militares

SAN PEDRO SULA

Las viejas prácticas del uso normalizado de armas cortas y largas como si estuvieran en sus casas y que pasaban sin pena ni gloria entre los reos dentro del expresidio sampedrano es algo que no ha desaparecido con el pasar de los años y ha proliferado en las distintas prisiones de Honduras.

Las organizaciones criminales han “perfeccionado” el comercio de armas prohibidas en los centros carcelarios, incluyendo los catalogados como de máxima seguridad.

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Una fuente a lo interno de la Penitenciaría Nacional de Támara reveló a LA PRENSA Premium que se pagan hasta 50,000 lempiras por meter una pistola Beretta o CZ, pero la cantidad en dinero aumenta cuando se trata de ingresar fusiles.

Teóricamente estas son armas que las pueden usar tanto miembros de la Policía como civiles para su protección, pero son ampliamente utilizadas por el crimen organizado.

No es nuevo que las maras y pandillas usan al mismo personal de las cárceles para operar, y en el caso de Támara, según agregó la fuente, hay un clase de policía encargado de coordinar el ingreso de armas a los módulos de la Mara Salvatrucha, que permanece aislada a un costado del espacio de sentenciados conocido como Casa Blanca.

El pasado 4 de enero, a raíz de denuncias recibidas acerca de lo que ocurría dentro del recinto de Támara, las autoridades decomisaron dos fusiles AR-15 y una ametralladora, además de 21 pistolas de diferente calibre, droga y proyectiles.

Según los precios del mercado actual de la armería, las pistolas Beretta, dependiendo el calibre y fabricante, andan entre 24,000 y 38,000 lempiras, mientras que un fusil puede alcanzar los 90,000 lempiras.

LA PRENSA Premium realizó un estimado de lo que mueven pandillas partiendo de estos datos y se concluyó que solo en la última requisa, entre las 21 pistolas y los dos fusiles confiscaron armamento valorado en 994,458.75 lempiras, sin contar la ametralladora (que no es de uso comercial), proyectiles y droga.

A la anterior cifra se le suma el pago por la introducción de los dispositivos de fuego. Un cálculo rápido indica que para introducir todo ese armamento se tuvo que pagar en total entre 800,000 y un millón. Lo anterior deja un total de 1.8 millones a dos millones de lempiras.

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Otros registros describen que en febrero de 2022 decomisaron 15 armas blancas de fabricación casera y múltiples proyectiles de fusiles y pistolas; en 2021 hallaron marihuana, chips y 26 armas cortopunzantes en distintas cárceles del país; en julio de 2020 hubo comiso de seis fusiles AK-47, cinco pistolas automáticas, dos granadas, un lanzagranadas casero y droga en Támara. En tanto, el 25 de diciembre de 2019 descubrieron en la prisión de El Porvenir, entre otros objetos, tres armas de fuego de diferente calibre.

La comercialización de armamento ha contribuido para cometer múltiples crímenes en prisiones. El sistema penitenciario de Honduras está compuesto por 25 cárceles, de las que tres son consideradas de “máxima seguridad”, aunque también han registrado muertes violentas en los últimos años. Los otros centros penales, además del hacinamiento de reclusos, también son inseguros.

Al menos 70 presos fueron asesinados desde 2019, según un informe publicado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).Yumila Díaz, delegada adjunta de la institución, lamentó que aún persista la inseguridad en las prisiones.

“Hay una gran facilidad para el ingreso y esto ha provocado muchos enfrentamientos entre internos. Como institución llegamos casi semanalmente a las cárceles para monitorear la condición de reclusos y frecuentemente exponen que les vulneran su vida y la salud”, recordó.

La profesional del Derecho demandó al Estado garantizar la vida de los presos, fortalecer los protocolos de ingreso e implementar verdaderas políticas públicas en materia penitenciaria.Solo entre El Pozo y La Tolva, entre los años 2017 y 2022, se produjeron 39 asesinatos de reos.

El último suceso fue el 20 de febrero, cuando un miembro de la Pandilla 18 identificado como Darwin Humberto Fúnez Reyes (de 34), condenado a 15 años por extorsión, fue ultimado por un compañero en celdas de El Pozo.

En diciembre pasado circuló en redes sociales un video donde aparecen pandilleros celebrando el fin de año supuestamente en la cárcel de El Pozo.

En las imágenes salían antisociales mostrando gestos personalizados de las maras y uno de ellos salía cargando tranquilamente un arma de grueso calibre. Se presume que este material fue grabado y difundido por el extinto Humberto Fúnez, sin embargo, la causa aún se investiga.

Esta misma cárcel fue escenario del hecho sangriento el 2 de febrero cuando perdió la vida Plutarco Ruiz (de 36), atacado a balazos por dos presos. Ruiz cumplía condena de 45 años por la muerte en 2014 de las hermanas María José y Sofía Alvarado, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en Santa Bárbara.

El Conadeh detalló que al menos 1,074 quejas de violaciones a derechos humanos y precariedad en los penales fueron presentadas entre 2019 y mayo de 2022. Entre las vulneraciones más denunciadas están los enfrentamientos violentos.

En el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la muerte de 107 presos en San Pedro Sula, en un incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004.

El 5 de abril de 2003 se suscitó una matanza en la cárcel de El Porvenir, Atlántida, que dejó 69 muertes. En diciembre del 2019, la cárcel de Tela, Atlántida, fue escenario de un amotinamiento que dejó 19 muertos y 16 reos heridos.

Entre 2011 y 2014 hubo más de un centenar de heridos y la muerte de unos 470 reos. La cárcel de Tela reportó un amotinamiento con saldo de 19 muertos y 16 heridos.

Datos oficiales indican que unas 70 personas privadas de libertad perdieron la vida violentamente desde 2019 a febrero de 2023.

Pese a que la administración de las cárceles ha cambiado de manos en los últimos tiempos entre militares y policías, poco o nada se ha hecho.

En diciembre del año 2019, el Ejército intervino los penales tras una emergencia por hechos violentos; sin embargo, el cogobierno entre la autoridad y reos continuó porque ellos (presos) decidían qué tenía que hacerse adentro.

Incluso, en el mismo año que asumieron control los militares por orden del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), asesinaron con saña el narcotraficante Magdaleno Meza, supuesto socio del excongresista Tony Hernández.

En marzo de 2022, la presidente Xiomara Castro, poco después de asumir el poder de la nación, ordenó la desmilitarización de los centros penales y trasladó el mando a la Policía Nacional.El criminólogo Nery Ordóñez considera que el concepto de custodiar a presos requiere un desarrollo y formación amplia.

“Desde que tomó las riendas la Policía Nacional ha habido menos eventos violentos en comparación a los militares, pero es por el poco tiempo que tienen de haber asumido funciones. Es prematuro juzgar que en esta administración es cuando más han entrado armas, pues las inspecciones hechas demuestran que han metido muchos artefactos”, apuntó el analista.

Ordóñez recordó que es fácil ocultar armas en un espacio de más 40,000 metros como en el caso de la cárcel de Támara, además de la colusión evidente que existe con los custodios.

El sistema penitenciario de Honduras alberga a más de 22,000 reclusos y se considera que menos de la mitad de los presos han sido condenados.