Honduras cerraría el 2023 con elevada tasa de homicidios de 37
Secretaría de Seguridad proyecta terminar diciembre con una tasa menor al 29,14 por cada 100,000 habitantes, la que mantiene a la fecha.
Foto: LA PRENSA
La violencia causada por el crimen organizado, que incluye a las pandillas y el narcotráfico, es uno de los principales problemas de Honduras.
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San Pedro Sula, Honduras.
En Honduras, la lucha contra la violencia homicida, alimentada por el la delincuencia común, el narcotráfico, maras y pandillas, sigue siendo un desafío crítico para las autoridades.
Durante los primeros 11 meses de 2023 se documentaron 2,735 homicidios en todo el país, según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad, esto se traduce en una tasa al corte de mes de más de 29%. Esta cifra representa una disminución significativa de 666 casos en comparación con el mismo período del año anterior, donde se registraron 3,401 homicidios. Aunque esta reducción es alentadora, la inseguridad persiste como una preocupación constante para las fuerzas policiales.
Los análisis demuestran que el 87.15% (2,384) de los homicidios afectaron predominantemente a hombres durante los 11 meses, seguidos por un 12.72% (348) de mujeres y un 0.11% (3) para los cuales no se dispone de información precisa sobre el sexo.
En el 12.40% (339) de los casos, clasificados como desconocidos, no se proporcionó la proporción de las edades de las víctimas; sin embargo, se destaca que los jóvenes de 25 a 28 años representan el segundo grupo con mayor número de muertes violentas, con un total de 80 a 99 fallecimientos.
Las armas de fuego persisten como el principal instrumento utilizado, alcanzando un preocupante 72.2%, seguido de arma blanca con 15.7%. Los espacios públicos continúan siendo escenarios críticos en el territorio nacional, por los índices de violencia existentes.
Ronald Posada, vocero de la Policía Nacional en el valle de Sula, anunció las metas ambiciosas de la Secretaría de Seguridad para cerrar el año con una reducción de 10% o 6% en los homicidios a nivel nacional en comparación con el año anterio, al tiempo que destacó los logros hasta la fecha, indicando que, en San Pedro Sula, por ejemplo, donde se registraba un promedio de 169 muertes, actualmente están cerrando con 122, aspirando a mantener esta tendencia en diciembre.
“El PCM establecido en el marco del estado de excepción ha demostrado resultados positivos para nosotros”, subrayó el agente, resaltando los avances logrados mediante la Operación Candado, que ha llevado al cierre efectivo de municipios clave como Villanueva, La Lima y Choloma. Además, señaló que las saturaciones y capturas son parte esencial de la estrategia en curso para contener la criminalidad.
Posada, en entrevista con este rotativo, instó a la población a colaborar estrechamente a través de denuncias, enfatizando su importancia crucial en la prevención de homicidios. “Recibimos la información, la canalizamos correctamente, establecemos líneas de investigación y llevamos a cabo acciones concretas”, puntualizó el oficial de policía.
Con 467 homicidios, el departamento de Cortés ocupa el primer lugar en términos de incidencia de violencia homicida. Francisco Morazán, que incluye la capital Tegucigalpa, y Cortés, con la ciudad de San Pedro Sula, dos de las áreas metropolitanas más grandes del país, ocupan los dos primeros lugares. A estas urbes le siguen Choloma, Tocoa, Comayagua y Catacamas.
Mientras que algunos departamentos como Gracias a Dios presentan un bajo número de homicidios (cinco), otros como Colón, Olancho y Comayagua experimentan una influencia directa de factores externos como el narcotráfico.
La titular del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Migdonia Ayestas, afirmó que Honduras ostenta el título de ser el país con mayor violencia criminal en Centroamérica. Aunque reconoció una disminución en los índices de homicidios, señaló que al comparar con el estándar mundial establecido por las Naciones Unidas, de 8.8 por cada 100,000 habitantes, se evidencia un aumento en Latinoamérica, situando a Honduras en el segundo lugar.
En el contexto latinoamericano, Venezuela lidera en violencia, pero en Centroamérica, Honduras se posiciona en el primer lugar, según Ayestas. Además, explicó que El Salvador, que anteriormente ocupaba los primeros puestos entre los países más violentos en la región, ahora se encuentra en el cuarto lugar.
Guatemala se sitúa como el segundo país más violento en Centroamérica, seguido por Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Las causas fundamentales de esta violencia están vinculadas principalmente con la narcoactividad, destacando el sicariato como el principal motivo, seguido de conflictos interpersonales y la violencia común.
Desde la perspectiva del Observatorio de la Violencia y de la sociedad civil, representada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se proyecta que al cierre de este año, basándose en los resultados actuales de homicidios, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes rondará entre los 33.80 o 37.
Una tasa de homicidios de este calibre tendría repercusiones significativas en diversos aspectos de la sociedad hondureña, abarcando desde la seguridad ciudadana hasta la economía y la salud mental. Esta elevada tasa de homicidios provocaría un nivel considerable de inseguridad ciudadana, desplazamiento interno, con potenciales impactos adversos en la inversión extranjera, el turismo y el desarrollo económico, dado que la violencia actúa como un disuasivo para estas actividades.
En este escenario, las autoridades policiales se encontrarían bajo una presión significativa para hacer frente a la creciente violencia en los próximos años, lo que podría requerir asignación de recursos adicionales y la implementación de estrategias más efectivas.
Resultados a medias
A pesar del estado de excepción implementado por el Gobierno desde el 6 de diciembre de 2022, la inseguridad persiste, y las fuerzas de seguridad concentran esfuerzos en operaciones focalizadas en los municipios más afectados. La extorsión fue el delito detonante de la medida por la exponencial presencia en el territorio nacional, dejando a cientos de micro, pequeños y medianos empresarios en ruina.
Gonzalo Sánchez, criminalista y catedrático universitario, respaldó la tendencia a la baja en los homicidios en el país, pero expresó su preocupación por el alarmante aumento de las muertes de mujeres, un tema que considera de vital importancia. Lamentó que los femicidios se sitúen fuera del alcance público de la Policía, al ocurrir en el ámbito doméstico, mientras, señaló que la extorsión, aunque abordable cara a cara, es una amenaza continua.
El experto en seguridad destacó que, a pesar de las herramientas proporcionadas por el estado de excepción para fortalecer la seguridad, aún no se ha logrado una revolución significativa en la reducción de los homicidios. Reconoció que enfrentarse al crimen organizado es una tarea formidable y compleja.
“Sin duda, la mayoría de las masacres este año son atribuibles al crimen organizado, con algunas lamentables entre familias. Estos grupos son un monstruo de mil cabezas, la Policía puede cortar una, pero quedan 999 más”, advirtió Sánchez.
En su análisis, describió que la mayoría de las muertes relacionadas con el crimen organizado están vinculadas a la venta de drogas, disputas territoriales o extorsiones. Expuso que las estructuras criminales ingresan a barrios controlados por otras, y las confrontaciones por dinero a menudo desencadenan fatalidades.
Para Sánchez, el resto de los homicidios está relacionado en gran medida con el consumo de alcohol, ajustes de cuentas y la delincuencia común, estrechamente vinculada a delitos como el robo.
“Son pocos los casos que han sido judicializados, la mayoría está en proceso de investigación, ya que una indagación criminal demanda tiempo”, comentó, subrayando la complejidad y la duración de los procesos investigativos en este ámbito.
A través de datos procesados por este medio se comunicación se conoció que más de 1,000 expedientes aún están en fase de investigación con relación a su motivación, seguidos por conflictos personales que suman 943 casos. Además, se registraron 189 incidentes vinculados a disputas bajo la influencia de alcohol o drogas, y 164 casos atribuidos a rivalidades entre maras, pandillas y actividades del crimen organizado.
El sociólogo Jorge Alberto Larios no vaciló en calificar la situación de violencia en el país como “terrible”. Cuestionó la efectividad de las medidas actuales al señalar que persisten las masacres y la violencia generalizada, sin evidencias claras de que se esté combatiendo el delito de manera significativa.
En su análisis, Larios consideró que el estado de excepción es, en gran medida, preventivo, destinado a ejercer presión; sin embargo, sostuvo que la violencia tiene raíces profundas y múltiples, destacando la urgencia de una revisión social integral. Honduras, según Larios, enfrenta desafíos como corredor de drogas, un universo de extorsión, un odio globalizado, una depreciación de la vida y altos niveles de confrontación entre la población.
“En el pasado, los homicidios estaban asociados a vendettas o venganza entre familias, pero ahora la situación es diferente, con una gran influencia de la droga y la extorsión”, detalló el académico.
Larios manifestó su preocupación por la herencia de un país violento a las generaciones futuras y aseguró que los padres motivan a sus hijos a abandonar Honduras, enfrentando enormes sacrificios para enviarlos principalmente a Estados Unidos o España.
El sociólogo criticó la efectividad del estado de excepción, argumentando que detiene a personas, pero no las mantiene en la cárcel debido a la “incapacidad” de la Fiscalía para presentar pruebas contundentes.
Los datos recopilados por LA PRENSA Premium señalan que, antes de diciembre de 2022, período que marcó el inicio del estado de excepción, se registraban mensualmente entre 233 y 364 homicidios; no obstante, a partir de diciembre de 2022 hasta noviembre de este año se evidenció una notable disminución, llegando incluso a alcanzar los 197 homicidios (último mes).
Larios propuso alternativas realistas centradas en la integración familiar y la protección de la infancia, destacando la necesidad de trabajar con niños en situación de calle. Además, visualizó un proceso a largo plazo de 10, 15 o 20 años, donde la inversión en la educación y el desarrollo de habilidades de estos menores se traduzca en adultos productivos, capaces de generar cambios sustanciales a través de carreras técnicas o universitarias.
Incremento de criminalidad
Honduras es considerada una de las naciones más violentas del mundo por las altas tasas de homicidios, a pesar de que el país no vive en guerra. Un factor que contribuye a la violencia en Honduras es la alta impunidad que roza el 90%, a lo que se suman la evolución de las bandas criminales, según las autoridades y organismos de derechos humanos.
Aunque Honduras ha experimentado una disminución desde el año más sangriento en 2013, con 6,431 homicidios, la cifra ha fluctuado, llegando a 3,661 muertes violentas en 2022. La impunidad del 90%, la evolución de bandas criminales y la persistencia de masacres indican que la violencia homicida sigue desafiando las medidas gubernamentales.
Desde el año 2000 hasta la actualidad, Honduras ha enfrentado una escalada de violencia, con 39,346 muertes violentas entre 2000 y 2010, y 52,393 entre 2011 y 2020. Al cierre del año 2023, la suma de muertes violentas resalta la urgencia de abordar de manera integral este fenómeno que afecta la vida diaria de los hondureños.